La última semana, tras el fallo del Tribunal Constitucional que ratificó el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, la aclamada Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a pronunciarse sobre el Perú. La Corte IDH ordenó al Estado peruano atentar contra su propia Constitución y ordenó que no se liberara a Fujimori.
Y hasta hace solo unos días, la CIDH pidió al Estado peruano que demostrara que acató la orden de no liberar a Fujimori. Solicitando, con aires de mandato, un informe al Estado peruano para el día de hoy, miércoles 6 de diciembre. Heroicamente, nuestro particular Tribunal Constitucional ha hecho caso omiso al organismo internacional y ha ordenado la liberación de Alberto Fujimori.
Un duro golpe a las burdas exigencias de una institución internacional que se cree no solo con la legitimidad sino también con el empoderamiento fáctico y legal para forzar a un país a violar su propia normativa vigente e ignorar un fallo de su Tribunal Constitucional.
La CIDH, para variar, ataca la soberanía del Estado. Ante ello, ha vuelto a resurgir en redes la pregunta que es clamor popular en el país: ¿Por qué no nos salimos de la CIDH? Ciertamente no es una decisión fácil, aun cuando muchos, como yo, somos partidarios de la iniciativa. Pero tal vez ahora, después de que el Tribunal Constitucional decidiera primar nuestra legislación por encima de lo dispuesto por aquel organismo internacional, deberíamos abrir el debate.
No excluyo además que dicha decisión sea tomada mediante un sufragio nacional, a diferencia de como se hizo en República Dominicana, que fue por decisión de su Tribunal Constitucional. Lo positivo de esta decisión tomada por el TC es que servirá como jurisprudencia frente a cualquier otra injerencia que quiera exigir la Corte IDH. Los mandatos de esta no pueden ir por encima de lo que diga nuestra ley ni nuestra Constitución. Por más que este organismo se quiera atribuir un poder dictatorial sobre la soberanía de cada país miembro del pacto.
Si vivimos en democracia, como tantos quieren, no podemos someternos de forma ineludible a lo dispuesto por jueces que no fueron elegidos por el pueblo peruano ni por ningún otro país. La CIDH ha interferido en nuestro país para liberar terroristas, para reducirles las penas, para acusar al gobierno de asesino mientras protegía a su propio pueblo de manifestantes subversivos, y ahora quiere quitarle legitimidad a nuestro Tribunal Constitucional. Dado que, mientras se escribe esta columna, el presidente de la Corte IDH ha requerido al Perú que se abstenga de ejecutar la liberación de Fujimori.
Es momento de decir basta. La Corte está sesgada. Cuenta con demasiado poder, el cual se le ha concedido por gobiernos que no se atreven a demostrar su valentía y hacer respetar su soberanía. Esta dejó de hacer justicia para dedicarse a hacer política (y de la mala). Solo respeta los derechos de los pobrecitos delincuentes, como diría Nayib Bukele, uno de los pocos mandatarios, sino el único que se ha atrevido a ponerle un pare a dicha institución; mientras socava las normativas de los países, como es una sentencia del Tribunal Constitucional.
Es momento de aprovechar la situación y tomar una decisión. Vivir en la ambivalencia de la CIDH no es un futuro idóneo para el país. Ahora, que incluso se nos acusaría de actuar en desacato a lo dispuesto por la Corte IDH, debe ser el momento de poner al Perú (y su legislación) primero y la CIDH después. Y si eso culmina en nuestra salida de esta, pues que así sea.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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