María Carolina Uzcátegui
“La democracia no es solo una forma de gobierno, es un estilo de vida.” Aung San Suu Kyi
Las elecciones primarias de la oposición venezolana, previstas para el 22 de octubre de 2023, han generado una serie de controversias y conflictos que ponen en riesgo su realización y su legitimidad. Por un lado, la exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), María Carolina Uzcátegui, ha propuesto suspender, replantear y revisar el proceso, o pensar en un consenso que tenga mayor participación y solidez. Por otro lado, el régimen ha iniciado una investigación contra el presidente de la CNP, Jesús María Casal, y otros directivos y miembros de las juntas regionales, por presunto financiamiento ilegal.
Estos eventos tendrían un impacto negativo en la intención de voto de los venezolanos, que verían con desconfianza y desilusión el proceso de primarias. Por un lado, la propuesta de Uzcátegui evidencia las divisiones internas y los intereses particulares que existen dentro de la oposición, que dificultan la unidad y la coherencia necesarias para propiciar una transición democrática como se plantea en el sector opositor. Dicho de otro modo, la exigencia de suspender el proceso de las elecciones primarias por parte de María Carolina Uzcátegui refleja las tensiones internas dentro de los partidos políticos y las diferencias de opinión en cuanto a la forma en que deben llevarse a cabo estas elecciones. Obviamente, esta demanda ha provocado un cuestionamiento sobre la transparencia y la legitimidad del proceso, así como sobre la capacidad de los partidos políticos opositores para garantizar una competencia justa y equitativa.
Por otro lado, la investigación del régimen buscaría deslegitimar a la CNP y a los candidatos opositores, más de lo que estaría, utilizando el argumento del financiamiento externo como una forma de injerencia e intervención. O sea, la investigación sobre el supuesto financiamiento ilegal de la CNP ha generado un gran revuelo en el ámbito político venezolano, al plantear interrogantes sobre la integridad y la legalidad de los recursos utilizados para financiar las elecciones primarias. Además, puede tener implicaciones legales y políticas significativas para los partidos involucrados, ya que podrían enfrentar sanciones o perder su legitimidad ante la opinión pública.
La percepción de la sociedad venezolana sobre estas circunstancias podría ser de frustración y decepción, ya que se sentiría defraudada por una oposición que no ofrece una alternativa clara y viable para el cambio político, en momentos cuando la sociedad venezolana demanda una oposición que sea capaz de superar sus diferencias internas, que tenga una propuesta coherente y consistente, que cuente con el apoyo popular y el reconocimiento internacional, y que pueda garantizar unas elecciones libres, transparentes y democráticas. Sin embargo, lo que observaría es una oposición fragmentada, debilitada y cuestionada.
Como puede inferirse, el impacto de estos eventos en el proceso de las elecciones primarias sería considerable. Por un lado, se habría generado una mayor desconfianza y escepticismo hacia la CNP y hacia la capacidad de los partidos políticos de oposición para llevar a cabo elecciones internas justas y transparentes. Esto puede llevar a una disminución de la participación ciudadana y afectar la legitimidad de los resultados electorales. Adicionalmente, podrían tener consecuencias políticas a largo plazo, puesto que la supuesta falta de transparencia y la aparente aparición de irregularidades en el proceso de las elecciones primarias podrían debilitar la confianza en los líderes políticos y en el sistema democrático en general, algo que indudablemente podría tener un impacto en la estabilidad política del país y en su capacidad para promover un diálogo constructivo y una solución pacífica a los desafíos que enfrenta, en otras palabras, se estaría debilitando la confianza en el sistema democrático y afectando la estabilidad política de Venezuela.
Como ven, el proceso de elecciones primarias en Venezuela, al igual que cualquier proceso electoral, está en una etapa crucial para la democracia y la participación ciudadana. Si el proceso de elecciones primarias sigue el cronograma electoral establecido, se espera que concluya de acuerdo a las fechas y procedimientos establecidos por la CNP. Esto implicaría que los partidos políticos del sector opositor o no oficialista llevarían a cabo esas elecciones, permitiendo a los ciudadanos elegir a un candidato opositor o no oficialista para las elecciones presidenciales. En este escenario, se espera que el proceso finalice de manera democrática y transparente, brindando a los ciudadanos la oportunidad de participar activamente.
Sin embargo, existen posibilidades de que el proceso de elecciones primarias en Venezuela no concluya de manera pacífica y en línea con el cronograma electoral establecido. La exigencia de suspender el proceso por parte de María Carolina Uzcátegui y la investigación por supuesto financiamiento ilegal de la CNP plantean desafíos y obstáculos adicionales. Si las demandas de suspender el proceso se materializan o si se descubren irregularidades significativas en el financiamiento de las primarias, esto podría generar un quiebre en el proceso electoral y afectar su legitimidad. Podría haber consecuencias legales y políticas, y la confianza en el sistema electoral podría verse socavada.
En cualquier escenario, es fundamental que el proceso de elecciones primarias en Venezuela se lleve a cabo de manera justa, transparente y de acuerdo con los principios democráticos. Esto garantizará la participación ciudadana y la confianza en el sistema político. Es importante que la CNP y los actores políticos de oposición trabajen juntos para resolver las diferencias y garantizar un proceso electoral legítimo y representativo, porque solo a través de un proceso electoral legítimo y representativo se podrá fortalecer la democracia en Venezuela.
@robertveraz