Foto: EFE
El jueves 22 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que Nicolás Maduro ganó las elecciones del 28 de julio. Aunque el anuncio no toma por sorpresa a nadie medianamente informado, la decisión es un punto de inflexión en las horas más bajas en la política venezolana al imponerse, por medio de una sentencia judicial de un poder apéndice de Miraflores, una decisión que correspondía a los ciudadanos quienes votaron, como lo demuestran las actas del escrutinio, mayoritariamente por el candidato de la Unidad, Edmundo González Urrutia.
A pesar de los esfuerzos del régimen de imponer una supuesta normalidad social y política y tratar de “pasar la página” de lo ocurrido el 28J, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia carga con el asfixiante peso de no poder presentar las Actas electorales, guardadas bajo llave en los depósitos del TSJ, como señalaron las juezas de aquella infamia legal del 22 de agosto. Este miedo de mostrar las actas confirma lo que los venezolanos y países democráticos sabemos, que la voluntad del pueblo ha sido irrespetada y que por la vía de la violencia de Estado, una camarilla pretende perpetuarse en el poder. Ante el reclamo popular de mostrar las actas y contar los votos, el régimen opta por un vacío protocolo judicial, mientras es escoltado por los cuerpos de seguridad del Estado y el ejército.
La mayoría de los venezolanos que trabajamos por el cambio pacífico y democrático en Venezuela tenemos que reconocer que estamos en un escenario nuevo, un terreno peligroso que pondrá en juego nuestras convicciones y capacidad política. Vivimos un momento delicado que nos obliga a preservar la unidad de todos los demócratas y el trabajo con los liderazgos populares siempre de forma pacífica y en la búsqueda que se restablezca lo establecido en la Constitución. Hay que recordar siempre que gracias a este trabajo coordinado pudimos demostrar, actas en mano, que la mayoría de los venezolanos queremos un cambio político en nuestro país, un esfuerzo que no podrá ser contenido con sentencias judiciales absurdas y violencia de Estado.
La soberanía popular reside en el pueblo quien tiene la legitimidad de trabajar por el retorno a la democracia en el país. Es una meta que alcanzaremos si seguimos trabajando juntos, apoyando el esfuerzo de nuestros líderes, ocupando cada espacio para reclamar nuestras libertades, registrando y denunciando la violación de nuestros derechos políticos y humanos, manteniendo el trabajo de base en las comunidades, luchando pacíficamente por el regreso de la democracia, sin exponernos a riesgos innecesarios pero sin abandonar los espacios de la lucha política.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
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