Foto: CNP
En horas matutinas de la última semana del mes de abril del presente año 2021, escucho, no sin un dejo de estupor, que la sede del Colegio Nacional de Periodistas de la seccional de Cumaná, estado Sucre, fue arteramente incendiada y una vez realizadas las investigaciones de rigor conducentes a averiguar las causas del incendio de marras, las mismas arrojaron conclusiones previsibles en una nación literalmente tomada por la “luchas de clases”, “el antagonismo irreconciliable político clasista” que aguijonea al país desde hace un poco más de dos décadas.
La quema del CNP de Cumaná –es vox populi– de dominio público, notorio y comunicacional, fue intencional y obviamente planificada. Este lamentable siniestro se inscribe en un contexto histórico caracterizado por el sucesivo y sistemático escalamiento de saña represiva por parte del sistema socio-político hegemónico revolucionario de claro y meridiano corte fascista y totalitario de la izquierda bolivariana.
La conseja cristiana reza que “no solo de pan vive el hombre”, es menester que una sociedad más o menos normal que se ufane de poseer un clima cultural democrático trate de trascender el régimen de necesidades materiales de la indispensable alimentación nutricional cotidiana que garantice su natural reproductibilidad socio-cultural.
El espíritu del pueblo -volkgeist le dicen los alemanes- requiere algo más que la ingesta diaria de carbohidratos y una que otra eventual pequeña cantidad de proteínas. Ningún país en su sano juicio puede vivir sin prensa, carente de noticias, sin medios ni redes masivas de interacción comunicativa en una época signada por la proliferación democrática de información noticiosa en la era de las TIC’s (tecnologías de la información y comunicación social).
Es imperativo insoslayable que la sociedad demande con un mayor y creciente énfasis el consumo de bienes inmateriales del espíritu; los grupos sociales en incesante dinamismo cultural exigen cada día más información, objetiva, veraz e imparcial que les permitan a dichos grupos sociales el manejo de elementos de juicio para tomar decisiones tanto de índole personal como colectivas; de naturaleza individual como jurídicas. La ecuación de Perogrullo es esta: a mayor dominio y manejo de la disponibilidad de información; obviamente, mayor grado de autonomía del sujeto democrático. Ello lo sabe asaz bien el Estado revolucionario de suyo totalitario y fascista.
Tratar, inútilmente, de cortar o interrumpir los flujos de información noticiosa que le den “poder al pueblo” es esencial para el atornillamiento de todo régimen tiránico, pues la monopolización estatalista y el control férreo de toda información que concierna al normal desenvolvimiento del tejido social-cultural de la sociedad es rasgo distintivo de las sociedad obsidionales, cerradas, de espaldas al devenir histórico-político propio de todo país más o menos inserto en la dinámica de las relaciones geopolíticas que demanda toda interacción de buena vecindad; bien sea local, nacional, regional o continental.
Venezuela, obviamente, no escapa a este axioma. Es una verdad apodíctica, cuanto el Estado trata de opacar la información por medio de sus mecanismos institucionales de represión (coacción ideológica y propagandística) y de coerción física y violenta por medio de la detención y hostigamiento a través del terrorismo psicológico de Estado, o por medio de la criminalización y judicialización del disenso y de la heterodoxia normal de las voces disidentes; entonces la sociedad se ve en la imperativa necesidad de apelar a los recursos tecno-comunicativos para hacerse oír por el resto de sus miembros.
Es una contradictio in abyecto que la dictadura revolucionaria del proletariado pretenda acallar y silenciar a quienes ejercen el sagrado deber de informar practicando el periodismo libre amparado en las leyes constitucionales que aún tienen “vigencia”; informar en la Venezuela del tardochavismo protocomunista se ha convertido en un riesgoso oficio que pone en peligro la integridad física de comunicadores sociales, reporteros gráficos que ejercen sus profesiones de acuerdo con los preceptos del estricto y riguroso marco legal constitucional venezolano.
El caso más reciente del activista de derechos humanos del Foro Penal venezolano Orlando Moreno arbitrariamente detenido en Delta Amacuro por informar detalles sobre el trágico naufragio de un peñero que transportaba a 30 migrantes que zarparon del puerto de La Horqueta (Tucupita) con destino a la isla vecina de Trinidad y Tobago.
Huyendo del holocausto nacional aproximadamente 23 compatriotas connacionales se encuentran “desaparecidos”. Bajo ningún concepto informar verazmente al país acerca de tan lamentable suceso trágico puede constituir un “delito de opinión” porque no transgrede ninguna norma jurídica legal. El busilis o punto en que estriba la dificultad para el ejercicio pleno y respetuoso de la prensa libre y democrática estriba en cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que instituye el ordenamiento jurídico-político-legal que mandata la carta magna vigente hasta nuevo aviso en Venezuela. Lo demás son pamplinas para consumo de idiotas y leguleyos que se quedan viendo el dedo del sabio cuando señala la luna.
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