La opinión pública se ha hecho, durante todos estos años, una serie de preguntas y mantenido ciertas dudas, producto de informaciones erradas o apreciaciones subjetivas, en algunos casos, y en otros, por absurdas rivalidades profesionales que, intencionalmente, pretenden descalificar mi conducta durante el desarrollo de los acontecimientos ocurridos el 4 de febrero de 1992. Ante esta circunstancia y en ocasión de aproximarse el trigésimo aniversario de ese atentado perpetrado contra la democracia, considero mi deber, en defensa de mi honor y ética profesional, así como en beneficio de la verdad histórica, responder las preguntas y despejar las dudas que aún puedan existir, relacionadas con mi proceder en tan trágica fecha para la República. Pero antes de iniciar este trabajo, creo imprescindible plantear dos preguntas, cuyas respuestas permitirán entender la razón por la cual pudo ocurrir el desencadenamiento de los dolorosos hechos acaecidos ese día:
¿Por qué estalló una insurrección militar, sobre la cual existían tantos indicios, sin que los organismos de inteligencia, civiles y militares, hubiesen podido detectarla y desactivarla?
En mi criterio, ello ocurrió por dos causas:
a.- El deterioro de la Dirección de Inteligencia Militar.
Desde el inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue designado el general Herminio Fuenmayor, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, cargo que ejerció hasta junio de 1991 cuando fue destituido, al mismo tiempo que fue relevado de su cargo el general Carlos Julio Peñaloza, comandante general del Ejército, como consecuencia del enfrentamiento entre ambos debido a una investigación que la DIM estaba realizando, sin autorización del presidente de la República, sobre el uso de los fondos sobrantes de personal en el Ejército. El enfrentamiento llegó a tal nivel que el general Peñaloza le solicitó al presidente Pérez abrir un juicio militar por insubordinación al general Fuenmayor. Lo cierto es que la Dirección de Inteligencia Militar fue desvirtuada durante dicha gestión, al ser utilizada, fundamentalmente, para dirimir rivalidades y apoyar aspiraciones de amigos militares, en detrimento de su misión institucional. Esta realidad se agravó durante el año de 1991, cuando trató de influir en la toma de decisión del presidente de la República, para la designación del ministro de la Defensa y del nuevo Alto Mando Militar.
Tan reprochable orientación en el empleo de ese organismo de Inteligencia debilitó gravemente su capacidad para detectar y recabar información sobre posibles desviaciones en los cuadros militares, relacionadas con tendencias conspirativas. Por ese motivo, al ser designado ministro de la Defensa, planteé al presidente Pérez el nombramiento del general José de la Cruz Pineda, un oficial con una excelente hoja de servicio, pero además, muy cercano al general Manuel Heinz Azpúrua, director de la Disip, para ocupar el cargo de director de Inteligencia Militar. El asesinato, el 3 de julio de 1991, del señor Winston Vivas Useche, ocurrido en las instalaciones de la DIM, me obligó a apresurar su reorganización. No obstante, hay que entender que en un organismo de inteligencia es muy difícil lograr su máxima eficiencia, inmediatamente después de una reorganización. Se debilitan los vasos comunicantes con los informantes. Lamentablemente, la DIM y la Disip no lograron demostrar, con suficientes pruebas, la existencia de la conspiración en marcha y la insurrección ocurrió el 4 de febrero de 1992.
b.- La inexplicable actuación del general Pedro Rangel Rojas, comandante del Ejército, ante la inminente insurrección.
El capitán René Gimón Álvarez, oficial de planta de la Academia Militar, juramentado para formar parte de la conspiración por los capitanes Ronald Blanco La Cruz y Antonio Rojas Suárez, tenía como misión insurreccionar el batallón de cadetes con el respaldo de un pequeño grupo de oficiales subalternos y detener al general Manuel Delgado Gainza, director de dicho instituto. A las 10:30 horas del 3 de febrero el mencionado capitán tomó la decisión de comunicarle tan grave novedad al general Delgado: “Mi general, esta noche, a las 22:00 horas, un grupo de oficiales subalternos, comandados por oficiales superiores, intentarán tomar el aeropuerto de Maiquetía para impedir la entrada al país del señor presidente de la República y tratarán de insurreccionar varias unidades en Fuerte Tiuna.” (1) El general Delgado, sorprendido por la información, llamó al comandante del Ejército, con la finalidad de solicitarle que lo recibiera de inmediato, para tratar un asunto de suma gravedad. El general Rangel lo recibió a las 12:30 horas.
El general Delgado le informó la novedad del posible atentado en contra del presidente de la República que se realizaría esa noche. “General, antes de tomar cualquier medida deseo hablar personalmente con el capitán Gimón Álvarez. Le agradezco informarle que se presente en mi Comando” (2). En ese momento llegó el general Moisés Orozco Graterol, director de Finanzas, a dar cuenta. El general Delgado pidió permiso para retirarse en espera de la llegada del capitán Gimón. Aprovechó ese tiempo para dirigirse a la oficina del general Reinaldo Valero Rivas, director de Inteligencia del Ejército, con la intención de transmitirle dicha novedad. Eran aproximadamente las 13:00 horas. Los generales Valero y Delgado se dirigieron a la oficina del general Rangel. Allí se encontraba el capitán Gimón. Se anunciaron. El mayor Alfredo Puyana Arroyo, ayudante personal, les informó que serían recibidos al terminar la cuenta el general Orozco. En ese momento, el general Valero tuvo que salir a una reunión en el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas. A las 15:00 horas, el general Rangel recibió al general Delgado y al capitán Gimón, quien ratificó la información. El general Rangel llamó al coronel Raúl Salazar y le ordenó someter al mencionado capitán a un interrogatorio.
Al regresar de la reunión, el general Valero solicitó hablar con el general Rangel, quien lo recibió en su despacho acompañado de los generales Oswaldo Sujú Raffo, inspector general; Oscar González Beltrán, jefe del Estado Mayor; y del coronel Raúl Salazar, ayudante general. Sin más preámbulo le informó, de nuevo, la grave novedad. Su respuesta fue sorprendente: “General Valero: esa información es vieja” (3). El general Valero le recomendó enviar un radiograma circular, el cual ya lo tenía listo, que decía lo siguiente: “Cumpliendo instrucciones del ciudadano general de división, comandante General del Ejército, le informo debe tomar medidas urgentes de seguridad en su unidad ante posibles reuniones clandestinas de oficiales para realizar acciones que atentarían esta noche en contra de la seguridad del señor presidente de la República. Se estiman eventos para impedir el regreso al país del primer magistrado” (4). De manera sorprendente se negó a autorizar la difusión de dicho radiograma.
De todas maneras, el general Rangel ordenó tomar las siguientes medidas: reforzar las alcabalas de Fuerte Tiuna; alertar a la Tercera División de Infantería, acantonada en Caracas, ordenar su acuartelamiento; ordenar al ronda mayor visitar durante la noche las unidades de Fuerte Tiuna, reforzar el servicio nocturno con tres capitanes; y cerrar las puertas de la Comandancia General del Ejército (5). Sin duda estas medidas fueron insuficientes. ¿Cómo se puede explicar que no se detuviera, de manera inmediata, a los oficiales mencionados por el capitán Gimón Álvarez y a él mismo, para someterlos a un exhaustivo interrogatorio, a fin de indagar sobre la identidad de otros implicados, detenerlos y desarticular, de esa manera, la insurrección. ¿Por qué no me comunicó a mí, ni al resto del Alto Mando Militar la grave información recibida? “Lo que sí parece salido de toda lógica es que si se recibe la información a las 11:00 horas, por qué las órdenes y las acciones de Comando se imparten a las 15:00 horas, vale decir 4 horas después, tal como lo describe el propio general Rangel y 7 horas más tarde a batallones de tanta sensibilidad como el “Caracas” y el “O’Leary”, tal como lo describe el general Rangel (6).
A este respecto, en entrevista que hice al V.A. Daniels, inspector de las Fuerzas Armadas, me manifestó lo siguiente: “Yo estuve trabajando en el Ministerio de la Defensa hasta el inicio de la noche. No recuerdo con exactitud la hora que me retiré de las instalaciones. Antes de irme conversé con el contraalmirante Rafael Huizi Clavier, quien me informó que el general Ochoa llegaría de Maracaibo a las 20:00 horas. Desde el Ministerio me dirigí a una clínica privada a realizarme un chequeo rutinario. En ningún momento recibí ninguna novedad de parte del general Pedro Rangel Rojas, comandante general del Ejército” (7). Por esa razón, el Alto Mando Militar fue sorprendido, teniendo que improvisar las acciones necesarias para sofocar la insurrección contra el gobierno constitucional.
La segunda pregunta: ¿Por qué fracasó la insurrección, desde el punto de vista militar, después de haber logrado el factor sorpresa y controlado en Caracas, parcialmente, elementos del Batallón Ayala y del Regimiento Agustín Codazzi y otras unidades en el centro y occidente del país? La responderé en mi próximo artículo.
(1), (3), (4), Valero Rivas Reinaldo, “Informe relacionado con los hechos ocurridos los días 3 y 4 de febrero de 1992”.
(2), Salazar Rodríguez Raúl, Entrevista personal, realizada el 31 de marzo de 2006, para escribir “Así se rindió Chávez”, p. 119, Los Libros de El Nacional, Caracas, 2007.
(5) Acciones y Órdenes del general de división Pedro Rangel Rojas, Comandante General del Ejército, Caracas 4 de febrero de 1992.
(6) Jiménez Sánchez, Iván Darío, “Los Golpes de Estado desde Castro hasta Caldera”, p.207, Corporación Marca, C.A., Caracas, 1996.
(7) Daniels Elías, Entrevista personal, realizada el 13 de marzo de 2006 para escribir “Así se rindió Chávez”, p. 120, Los Libros de El Nacional, Caracas, 2007.