Dentro de las reformas radicales que el presidente Milei realiza en Argentina se ha rebajado la categoría administrativa del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública). Este organismo, esencial para la capacitación de los empleados públicos y para su selección, no tiene aún responsables y ha pasado de subsecretaría a dirección nacional. Unos pocos administradores generales, duchos en el servicio, batallan para que el organismo continúe haciendo alguna actividad, a la espera de que el gobierno, que acaba de sustituir al jefe del gabinete de ministros, nombre algún responsable. En coherencia con la idea del ultraliberalismo que predica, se cree que no es el presidente argentino muy cercano a estas tareas de formación, capacitación y evaluación del rendimiento de los empleados públicos, por lo que el análisis es negativo.
Precisamente, en Argentina, la experiencia con el presupuesto de las universidades públicas, que no ha aumentado a pesar de la inflación existente en este periodo, que alcanza la proyección del 155 por 100 para 2024, augura malas noticias, a juzgar por las manifestaciones multitudinarias de protesta. El montante presupuestario que va a dar al sector público este presidente argentino, que ha conseguido enemistarse sucesivamente con el papa Francisco, Petro, López Obrador, Maduro, Lula y ahora con el presidente Sánchez de España, será probablemente menor que en ejercicios presupuestarios anteriores. Las universidades públicas argentinas gozan de gran prestigio y esta operación de negarle los fondos necesarios puede acarrear incluso la desaparición de algunas de ellas.
En Perú quieren destruir Servir, una institución nacida en 2008, reformadora de la función pública peruana y que hizo su seña de identidad la constitución de un cuerpo de funcionarios públicos, los gerentes públicos, seleccionados por concurso mediante pruebas que acreditan el mérito y la capacidad.
La ausencia de mayorías claras en el Congreso de la República y el acentuado fraccionamiento partidario peruano dificulta el dominio de bancadas claras y, en consecuencia, el gobierno gana o pierde votaciones no directamente relacionadas con aspectos ideológicos, sino en función de las negociaciones concretas sobre el asunto a debatir.
Así que parece imposible discernir con claridad cuál puede ser el resultado de la iniciativa legislativa del Congreso. Ni siquiera si la moción tendrá los apoyos suficientes como para subir al pleno y procederse a la votación de aprobación o rechazo.
Mientras tanto, el organismo continúa su andadura: extiende su forma de actuar y consecuentemente establece sistemas de cobertura de puestos basados en concursos en numerosos organismos públicos. Además, en los últimos días ha celebrado el Primer Congreso Nacional de Servir, al que han asistido presencialmente más de 500 servidores públicos y online más de 1.200.
En el Congreso, en el que han intervenido destacados expertos nacionales e internacionales, ha podido comprobarse la profundidad de los conocimientos de los gerentes públicos, su acentuada experiencia y su entusiasmo por la pervivencia de la institución como garante de una función pública eficaz en el Perú.
La moción que puede aprobar el Congreso parte de la afirmación de que la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil que data de 2008 y la creación del Régimen del Servicio Civil del año 2013, no ha resuelto los problemas más complejos en cuanto al manejo y administración de los recursos humanos del Estado y la unificación en un solo régimen laboral a los servidores públicos.
Señala la moción el desorden y la extensa diferenciación de escalas salariales, que no se ha logrado transitar ni 1% de todos los servidores públicos al régimen de la ley del servicio civil, que existe un enorme descontento por parte de los servidores del Estado hacia la Autoridad Nacional del Servicio Civil y al régimen del servicio civil por considerarlos ineficientes, porque a pesar de que han trascurrido más de 9 años de su creación no hay mayores resultados positivos ni cuantitativos ni cualitativos.
En la justificación de la derogación que en todo caso no se produciría de inmediato, se indica que no se ha mejorado ni resuelto en casi nada (sic) los principales problemas por los que atraviesa el servicio civil, pues siguen la proliferación y la coexistencia de regímenes laborales dentro de la administración pública, no se ha logrado en lo más mínimo la unificación de dichos regímenes en uno solo.
Para sustituir a la autoridad nacional del servicio civil se establece una comisión tripartita conformada por representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Organizaciones de Trabajadores Estatales, encargada de la reforma. No parece desmesurado aventurar el fracaso de esta nueva reforma, si realmente, llega a aprobarse, pues aparte de las críticas al organismo existente, no propone nada más que los futuros resultados del trabajo de la comisión tripartita.
En fin, los tímidos avances en materia de función pública registrados en los últimos años, que siempre son esforzados y producto de empeños personales de los presidentes y sus más estrechos colaboradores, pueden irse al traste si los legisladores peruanos no lo impiden. Un organismo, Servir, que, con su Escuela Nacional de Administración Pública, han colocado a Perú en la vanguardia de América Latina, puede fenecer. En la lejanía parece oírse la posa de campanas para la función pública de Argentina y Perú.
@velazquezfj1
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