Foto Patricia Alejandra Salazar Blanco
El 28 de julio de 2024, Venezuela vivió una de las jornadas electorales más importantes y controvertidas de su historia reciente. Con un país sumido en una profunda crisis económica, social y política, estas elecciones fueron vistas como una oportunidad crucial para definir el futuro rumbo de la nación. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por una serie de irregularidades y tensiones que culminaron en un dictamen polémico de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En las próximas líneas, se ofrecerá un análisis exhaustivo de los acontecimientos que rodearon estas elecciones, las implicaciones de la sentencia del TSJ y lo que estas decisiones significan para el futuro político de Venezuela.
Contexto político previo a las elecciones
Antes de profundizar en el análisis de las elecciones del 28 de julio de 2024, es esencial entender el contexto político en el que se desarrollaron. Venezuela ha estado bajo el régimen de la Revolución Bolivariana desde enero de 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Tras su fallecimiento en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia, y desde entonces ha enfrentado una creciente oposición tanto interna como internacional.
La crisis económica, marcada por la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la escasez de bienes básicos, ha generado un clima de desesperación y malestar en la población. Al mismo tiempo, la crisis política se ha profundizado debido a la percepción de que el gobierno ha socavado sistemáticamente las instituciones democráticas para mantenerse en el poder. Las elecciones del 28 de julio de 2024, por tanto, se presentaron como un momento crucial en el que los ciudadanos esperaban poder ejercer su derecho al voto de manera libre y transparente.
Desarrollo del proceso electoral
El día de las elecciones, millones de venezolanos acudieron a las urnas con la esperanza de un cambio. Sin embargo, desde las primeras horas de la jornada, comenzaron a surgir denuncias de irregularidades. Observadores nacionales e internacionales reportaron incidencias como retrasos en la apertura de centros de votación, fallas en las máquinas electorales, y actos de intimidación por parte de colectivos y fuerzas de seguridad del Estado.
Estas denuncias se sumaron a las preocupaciones previas sobre la falta de transparencia en el registro electoral, el uso de recursos del Estado para favorecer al partido oficialista, y la censura de medios de comunicación críticos al gobierno. En este contexto, las actas de votación, que deberían ser un reflejo fidedigno de la voluntad popular, se convirtieron en el centro de la polémica.
Resultados y controversias
Al cierre de la jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció los resultados preliminares, que daban una ventaja significativa al candidato oficialista. Estos resultados fueron inmediatamente cuestionados por la oposición, que alegó que las actas de votación no coincidían con los datos anunciados por el CNE. La oposición presentó pruebas de manipulación de resultados en varias regiones clave, argumentando que el margen de victoria anunciado era matemáticamente improbable.
Las actas de votación, que documentan el conteo de votos en cada centro electoral, se convirtieron en el foco de una intensa disputa. Los representantes de la oposición señalaron múltiples inconsistencias, incluyendo actas con más votos que electores registrados, y actas que habían sido modificadas sin justificación aparente. La falta de acceso a una auditoría independiente y la negativa del CNE a permitir la revisión de todas las actas, alimentaron aún más las sospechas de fraude.
La sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
Ante la creciente presión y las denuncias de fraude, Nicolás Maduro presentó un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para solicitar a la Sala Electoral que llevase a cabo un peritaje y determinara «la verdad» acerca de las elecciones. La Sala Electoral, que es la instancia encargada de resolver disputas relacionadas con los procesos electorales, tenía la responsabilidad de revisar las pruebas presentadas y emitir un dictamen sobre la validez de los resultados.
La sentencia de la Sala Electoral, emitida pocas semanas después de las elecciones, fue sorprendente y generó una fuerte reacción tanto en Venezuela como en la comunidad internacional. La Sala decidió desestimar la mayoría de las impugnaciones presentadas por la oposición, argumentando que las pruebas eran insuficientes para invalidar los resultados. Además, el TSJ reafirmó la victoria del candidato oficialista y ordenó la proclamación inmediata del mismo.
Argumentos del Tribunal Supremo de Justicia
En su sentencia, la Sala Electoral del TSJ esgrimió varios argumentos para justificar su decisión. En primer lugar, señaló que las irregularidades denunciadas, aunque preocupantes, no afectaban de manera significativa el resultado global de las elecciones. Según el TSJ, las actas presentadas por la oposición no demostraban un patrón sistemático de fraude, sino más bien incidentes aislados que no alteraban la voluntad popular expresada en las urnas.
En segundo lugar, el TSJ argumentó que la oposición no había agotado todos los recursos legales disponibles antes de acudir a la Sala Electoral, lo que debilitaba sus reclamaciones. En particular, el tribunal destacó que algunas de las denuncias podrían haberse resuelto a nivel de las juntas electorales regionales, pero la oposición optó por llevarlas directamente al máximo tribunal.
Finalmente, el TSJ reafirmó la independencia y legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), desestimando las acusaciones de parcialidad y manipulación. En este sentido, el tribunal sostuvo que el CNE había actuado conforme a la ley y que su decisión debía ser respetada.
Reacciones y consecuencias
El dictamen del TSJ fue recibido con indignación por la oposición, que lo calificó como una «burla a la voluntad popular» y una «validación del fraude». Los líderes opositores convocaron a movilizaciones masivas para denunciar lo que consideraron un «golpe de estado electoral». Estas protestas, sin embargo, fueron reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad, lo que aumentó la tensión y la violencia en las calles.
A nivel internacional, el dictamen del TSJ también generó fuertes críticas. Varios países y organizaciones internacionales expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral y por la aparente parcialidad del TSJ. Algunos gobiernos, especialmente aquellos que habían adoptado una postura crítica hacia el régimen de Maduro, se negaron a reconocer los resultados de las elecciones, lo que aisló aún más al gobierno venezolano en el ámbito diplomático.
Falta de independencia judicial
El dictamen de la Sala Electoral del TSJ, ha sido objeto de un intenso debate entre analistas políticos y expertos en derecho. Uno de los principales cuestionamientos a la sentencia del TSJ, radica en la percepción de falta de independencia del poder judicial en Venezuela. Desde hace años, diversas organizaciones han denunciado la creciente politización del TSJ y su subordinación al poder ejecutivo. En este contexto, el dictamen de la Sala Electoral fue visto por muchos, como un intento de legitimar un proceso electoral fraudulento y asegurar la continuidad del gobierno en el poder.
La falta de independencia judicial es especialmente preocupante en el contexto de una democracia, ya que socava uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Cuando los tribunales no actúan de manera imparcial y autónoma, se debilita la confianza en las instituciones y se erosiona la legitimidad del sistema democrático.
Desconfianza en el sistema electoral
El dictamen del TSJ también ha exacerbado la desconfianza en el sistema electoral venezolano. Las denuncias de fraude y manipulación, sumadas a la negativa del CNE a permitir una auditoría independiente, han generado un clima de escepticismo y desilusión entre los ciudadanos. Esta desconfianza podría tener consecuencias a largo plazo, como la disminución de la participación electoral y el aumento de la apatía política.
Además, la falta de transparencia en el proceso electoral, ha debilitado la legitimidad del gobierno electo, lo que podría dificultar su capacidad para gobernar de manera efectiva. En una democracia, la legitimidad del gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados, y cuando este consentimiento es puesto en duda, la gobernabilidad se ve seriamente comprometida.
Implicaciones para la oposición
El dictamen del TSJ también ha tenido un impacto significativo en la oposición venezolana. La desestimación de sus impugnaciones ha debilitado su posición y ha generado divisiones internas sobre la estrategia a seguir. Mientras algunos sectores de la oposición abogan por continuar con la lucha institucional, otros, sostienen que el sistema está tan corrompido que no hay posibilidades de cambio a través de vías democráticas.
Estas divisiones podrían debilitar aún más a la oposición y reducir su capacidad para movilizar a la población. En un contexto en el que las elecciones se perciben como manipuladas, la oposición enfrenta el reto de encontrar nuevas formas de resistencia que puedan desafiar al gobierno sin caer en la violencia o en la ilegalidad.
Impacto en la Comunidad Internacional
Finalmente, el dictamen del TSJ ha tenido repercusiones en la relación de Venezuela con la comunidad internacional. La negativa de varios países a reconocer los resultados electorales y el aislamiento diplomático que ha seguido a esta decisión, han exacerbado la ya crítica situación económica del país. Sin acceso a financiamiento internacional y con sanciones que limitan su capacidad de comercio, el gobierno venezolano enfrenta un escenario extremadamente desafiante.
Además, la falta de reconocimiento internacional del gobierno electo, podría complicar las negociaciones para una solución pacífica y negociada a la crisis venezolana. Sin un interlocutor legítimo, la comunidad internacional podría encontrar dificultades para mediar en un conflicto que amenaza con convertirse en un enfrentamiento prolongado.
Reflexiones finales
Las elecciones del 28 de julio de 2024 y el dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Más allá de los resultados electorales, estos eventos han puesto de manifiesto las profundas fallas estructurales en el sistema político y judicial del país. La falta de transparencia, la politización de las instituciones y la erosión de la confianza pública en los procesos democráticos, son síntomas de una crisis más profunda que amenaza con perpetuar el ciclo de inestabilidad y confrontación.
En este contexto, es esencial que todos los actores involucrados, tanto dentro como fuera de Venezuela, trabajen hacia una solución que respete la voluntad popular y garantice la restauración del Estado de derecho. Solo a través de un proceso inclusivo, transparente y legítimo, se podrá restaurar la confianza en las instituciones y avanzar hacia un futuro de paz y prosperidad para todos los venezolanos, pero sin olvidar que, por sus actas los reconoceréis.