La “campaña anticorrupción” de Nicolás Maduro, que culminó en la renuncia de Tareck el Aissami y el arresto de sus allegados por la desaparición de al menos 3.000 millones de dólares, ciertamente ha sorprendido a muchos. Primeramente, tiene poco sentido y credibilidad que el cuarto gobierno más corrupto del mundo busque abordar temas de corrupción —especialmente dentro de su gobierno—. En segundo lugar, llama la atención que un régimen financieramente asfixiado por sanciones internacionales busque acabar ahora con la única práctica que les genera ingresos: la corrupción.
¿A qué se debe esta estrategia?
En este artículo evalúo algunas explicaciones sobre las razones detrás de la reciente “campaña anticorrupción”, concluyendo que Maduro ni busca acabar con la corrupción estratégicamente, ni está debilitado y en consecuencia purgando a potenciales rivales.
No es descabellado pensar que Maduro busca confrontar la corrupción en su gobierno estratégicamente. Recientemente, el autor Chris Carothers ha desafiado la perspectiva convencional de que todas las campañas anticorrupción de las dictaduras son un mero espectáculo. Al contrario, las dictaduras buscan acabar con la corrupción gubernamental por razones estratégicas, motivadas por concentrar más poder, mejorar el rendimiento económico de su país y ganar mayor legitimidad doméstica e internacional. Ciertamente, podemos analizar algunos ejemplos.
En Singapur, el gobierno dictatorial de Lee Kuan Yew del Partido Acción Popular (PAP) —que gobernó brutalmente desde 1959 hasta 1990— efectivamente acabó con la corrupción gubernamental en los años sesenta. El PAP continúa actualmente gobernando de forma autoritaria, pero Singapur se ha consolidado entre las naciones menos corruptas del mundo—mucho más transparente que pares democráticos como Alemania o Australia—.
También está Ruanda como la “Singapur de África” debido a las efectivas políticas anticorrupción de su presidente, Paul Kagame, contra oficiales de su gobierno. “No hay ningún país africano que haya hecho más para frenar la corrupción” que Ruanda, considera la prestigiosa revista The Economist, enfatizando el respeto al Estado de Derecho pese a ser una dictadura.
La cuestión es que existen motivaciones y lógicas estratégicas para que dictadores como Maduro busquen afrontar la corrupción estatal. No obstante, incluso si Maduro quisiera combatir la corrupción para obtener sus beneficios estratégicos y mantenerse gobernado autoritariamente, la naturaleza de su régimen no le permite avanzar esta campaña. Mucho antes de las sanciones estadounidense en 2017, los regímenes de Chávez y Maduro ya se sustentaban de una vil corrupción que permitió fortalecer la lealtad de chavistas y militares influyentes. Es difícil cuantificar cuánto dinero se ha robado desde 1999, pero la cifra fácilmente sobrepasa los cientos de miles millones (>$100.000.000.000)— solo recordemos la fiesta de corrupción en Cadivi, Pdvsa, CLAP o Fonden.
En consecuencia, es improbable pensar que Maduro busca confrontar la malversación en su gobierno cuando el mismo subsiste del narcotráfico, contrabando de oro, evasión de sanciones y la economía “privada” de enchufados y militares. Es impensable que Maduro emplee las estrategias integrales y comprensivas anticorrupción á la Kuan Yew o Kagame porque, dada la esencia y constitución corrupta del régimen, eso significaría el fin de su gobierno.
¿Por cuál otro motivo estaría Maduro llevando a cabo una campaña anticorrupción? La razón más popular es que Maduro está en aprietos económicos y políticos, y por ende necesita purgar a sus rivales menos eficientes. Así, la campaña anticorrupción es una simple excusa para imponer su influencia sobre otras facciones. Solo basta repasar las seminales obras de Bruce Bueno de Mesquita y colegas, La lógica de la política de supervivencia (2003) o El manual del dictador (2011), para entender este argumento. Si bien la lógica es válida, la idea de que el régimen está en serias dificultades o fracturado internamente es errónea.
Abundan opiniones de que el ataque a El Aissami y sus allegados es una purga liderada por la facción de Maduro y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez porque los maduristas requieren tomar la ofensiva y parar en seco las ambiciones políticas de chavistas como El Aissami. En Infobae se considera que la “cacería” no se detiene allí, sino que también se busca minar del gobierno al general Néstor Reverol por ser aliado de El Aissami. Nuevamente, se enmarca la visión de que existe una pugna entre facciones y fundamentales divisiones internas.
Pero esta “campaña anticorrupción” no corresponde a una purga interna para sacar del gobierno a potenciales rivales. Esto sugeriría que el gobierno está frágil y dividido—muy alejado de la realidad—. El hecho de que las investigaciones han únicamente tratado los 3.000 millones de dólares y restringidamente a Pdvsa demuestra el limitado alcance de sus objetivos—tomando en cuenta la relativa magnitud monetaria y multitudinaria gama de empresas que subsisten de la corrupción—. Que El Aissami no haya sido arrestado y se ponga a disposición del PSUV para “acompañar” estas investigaciones debilita la tesis de que Maduro esta debilitado y su régimen dividido en una pugna entre facciones chavistas por el poder. Asimismo, es altamente improbable que el gobierno vaya tras una figura militar de alto calibre como Reverol. Aparte de los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y la totalidad del PSUV han apoyado las acciones de Maduro. Lamentablemente, la dictadura chavista es altamente disciplinada, leal y unida para mantenerse en el poder.
Finalizo considerando que las acciones “anticorrupción” de Maduro no son más que tradicionales tácticas autoritarias, típicas de un régimen unido para: 1) consolidar poder sin objetivos genuinos de combatir la corrupción; 2) evaluar, valorar y medir la lealtad en su régimen mediante prácticas de fachada democrática (ej., campaña anticorrupción) sin arriesgar la unidad ni ceder un ápice de poder; y 3) reorganizar redes de corrupción internas y redistribuir sus beneficios esporádicamente, como es costumbre, sin arriesgar fisuras en el régimen.