«Las sanciones son una forma de presión y de disuasión contra el autoritarismo y la corrupción». H.L. Mencken
El pasado 17 de octubre de 2023 se anunció un acuerdo parcial entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática de Venezuela, tras una ronda de negociaciones en Barbados. El acuerdo incluía la liberación de algunos presos políticos, la habilitación de candidatos opositores para las elecciones presidenciales y la suspensión temporal de algunas sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Este acuerdo fue celebrado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, quien sugirió que la Unión Europea debía estudiar la revisión de sus propias sanciones a Venezuela, que afectan principalmente a los responsables de violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática.
Sin embargo, esta propuesta es prematura e inconveniente, por varias razones. En primer lugar, se desconocen los detalles del acuerdo de Barbados, que no ha sido publicado ni ratificado por las partes. En segundo lugar, el régimen de Maduro ha incumplido sistemáticamente los compromisos adquiridos, liberando solo a escasos políticos de los más de 200 que se estima que hay, e inhabilitando a María Corina Machado, la candidata opositora más votada en las primarias de la oposición. En tercer lugar, el proceso electoral que debe conducir a unas elecciones presidenciales democráticas está lejos de iniciarse o de iniciarse a lo Jalisco, por no decir a lo mero macho, pues el régimen ha mostrado su hostilidad hacia el resultado de las primarias, ordenando la suspensión de sus efectos y emitiendo órdenes de detención contra varios dirigentes políticos opositores.
Ante este panorama, la UE no debe caer en la trampa de Maduro, que busca ganar tiempo y obtener concesiones de la comunidad internacional, sin ofrecer contrapartidas reales. La UE debe mantener su firmeza y coherencia, y exigir que se cumplan las condiciones necesarias para una verdadera transición democrática en Venezuela, que pasa por la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, la restauración de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.
La UE tiene la responsabilidad de apoyar al pueblo venezolano, que sufre una grave crisis humanitaria, política y económica, y de defender los valores democráticos que comparte con él. Levantar las sanciones a Venezuela en este momento sería un error histórico, que solo beneficiaría al régimen autoritario de Maduro y perjudicaría a la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. Es el planteamiento fundamental hecho a Josep Borrell Fontelles, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política Exterior y Vicepresidente de la Comisión Europea, por un significativo número de Diputados del Parlamento Europeo, entre quienes destacan: Francisco Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, José Manuel García-Margallo, Dolors Montserrat, Rosas Estaràs Ferragut, Ana Collado Jiménez, Antonio López-Istúriz White, Isabel Benjumea Benjumea, Javier Zarzalejos, entre otros.
Las sanciones de la UE, ¿un freno al autoritarismo en Venezuela?
Si la Comunidad Económica Europea (CEE) levantara las sanciones a Venezuela, estaría enviando un mensaje equivocado al régimen de Nicolás Maduro, que podría interpretarlo como un respaldo a su gestión autoritaria y corrupta. Esto tendría graves consecuencias para la sociedad venezolana, que ya sufre las penurias de una hiperinflación, una escasez de alimentos y medicinas, una violencia generalizada y una violación sistemática de sus derechos fundamentales. El levantamiento de las sanciones podría darle al régimen un respiro económico y político, que le permitiría seguir reprimiendo a la oposición y a la sociedad civil, y obstaculizar el proceso de transición democrática que se inició en Barbados. Además, podría debilitar el apoyo internacional a la causa democrática venezolana, y aislar a los países que mantienen una posición firme contra el régimen, como Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, más aún de la reciente y nefasta decisión de la Sala Política Administrativa del TSJ contra María Corina Machado.
Por eso, la CEE debe mantener las sanciones a Venezuela, y aumentar la presión diplomática y humanitaria sobre el régimen, hasta que se cumplan las condiciones para una salida pacífica y negociada a la crisis venezolana, que garantice el respeto a la voluntad popular, la recuperación de la institucionalidad democrática y el restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela. Que no revisen las sanciones de la Comunidad Económica Europea a personeros del régimen de Nicolás Maduro, en orden a un posible levantamiento, no solo depende de la voluntad política de los parlamentarios europeos, sino también de la presión y la exigencia de los factores políticos de oposición en Venezuela, que son los principales afectados por la situación de crisis y represión que vive el país. Sin embargo, llama la atención el silencio y la pasividad de algunos sectores de la oposición venezolana, que parecen conformarse con el acuerdo parcial de Barbados, y no reclaman al señor Borrell, alto representante de la CEE, que mantenga las sanciones a Venezuela hasta que se cumplan las condiciones para una transición democrática.
Esta actitud podría interpretarse como una muestra de complicidad o de connivencia con el régimen de Nicolás Maduro, que busca legitimarse ante la comunidad internacional y perpetuarse en el poder, a costa de los derechos y las libertades de los venezolanos. La oposición venezolana tiene la responsabilidad histórica de defender la democracia y la soberanía de su pueblo, y de denunciar las violaciones y los atropellos del régimen. No puede quedarse de brazos cruzados ante la posibilidad de que la CEE revise esas sanciones que son un instrumento de presión y de disuasión contra el autoritarismo y la corrupción.
La oposición venezolana debe unirse y movilizarse junto a los parlamentarios europeos que tuvieron a bien exhortar al señor Borrell en ese sentido, exigirle que no ceda ante las pretensiones del régimen, y que mantenga el apoyo y la solidaridad de la CEE con la causa democrática venezolana. Solo así se podrá lograr el cambio político que Venezuela necesita y merece.