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El 17 de agosto, una maravillosa protesta recorrió el mundo. Millones de ciudadanos en los principales centros urbanos de Venezuela y en 350 ciudades de todo el mundo gritaron «por la verdad» y «contra el fraude» de Nicolás Maduro.
Efectivamente, Maduro perpetró un robo masivo en las elecciones presidenciales del 28 de julio, tal como había anticipado en un artículo publicado en The European Conservative un mes antes de los comicios. Maduro se proclamó vencedor, sin presentar una sola prueba de su triunfo, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE). El fraude fue de tal magnitud que constituyó el equivalente a un golpe de Estado.
Pero el sol no se puede tapar con un dedo. Todo el mundo sabe que, frente a los obstáculos más difíciles, el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo una victoria aplastante, con 37 puntos de ventaja, como lo demuestra el 83% de las actas oficiales de escrutinio, que están a disposición de quien quiera verlas en www.resultadosconvzla.com.
Según el Washington Post, «el grupo de expertos de la ONU que observó las elecciones venezolanas dijo que había revisado una pequeña muestra de esos documentos que estaba a disposición del público. Los recibos impresos en los colegios electorales presentaban códigos QR y firmas de funcionarios y agentes, elementos de seguridad que, según el panel, “parecen muy difíciles de falsificar”».
Pero a pesar de lo ocurrido, los países europeos no han dado el paso necesario de reconocer a González como presidente electo. Hasta ahora, se han limitado a cuestionar los resultados y a pedir a las autoridades electorales venezolanas que presenten las actas de escrutinio. Pero esta es una petición que no tiene mucho sentido, dado que el CNE está controlado por el régimen venezolano, como demuestran los informes del Centro Carter y del panel de expertos de la ONU.
Esperar a decidir hasta que el CNE presente pruebas es una estrategia diseñada por los aliados de Maduro en el Foro de Sao Paulo, entre ellos los presidentes Lula (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y López Obrador (México), para dar oxígeno al régimen venezolano. Por su parte, la izquierda española ha promovido esta misma tesis en el seno de la Unión Europea.
Esperar las actuaciones de un CNE corrupto y parcializado es un error, porque el tiempo favorece a la dictadura y le permite infundir terror, cometiendo numerosas violaciones de los derechos humanos, con saldo de muertos, heridos, torturados y detenidos. Además, Maduro, afectado por la humillante derrota sufrida, se encuentra en un estado mental psicótico y ha amenazado con hacer daño a Edmundo González y a María Corina Machado, quienes se han visto obligados a esconderse. Sin duda, sus vidas corren peligro.
Surge la pregunta: ¿Cuál es la ventaja de reconocer a González como presidente electo? La primera -y la más obvia- es porque ganó por un margen abrumador. Si el voto de los ciudadanos no cuenta, ¿para qué sirve el sistema democrático? En segundo lugar, porque la condición de presidente electo otorga a González una protección legal y diplomática indispensable. Y tercero, porque esta decisión provocaría rupturas en el círculo íntimo de Maduro, poniendo fin a la dictadura. De hecho, en el momento de escribir estas líneas, al menos cinco generales han sido destituidos de sus cargos por negarse a reprimir al pueblo.
Por último, pero no menos importante, una hipotética permanencia de Maduro en el poder supondría una grave amenaza para la seguridad del hemisferio occidental, debido a los estrechos lazos que el régimen venezolano mantiene con Rusia, Irán, grupos terroristas islámicos y carteles del narcotráfico. Sin mencionar la nueva oleada migratoria que se produciría.
En vista de lo anterior, los países europeos deberían hacer caso omiso de las recomendaciones de Lula y otros voceros de izquierda, y asumir una posición más firme y decidida, reconociendo cuanto antes a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.