Fue correcto y coherente con una política de resistencia a la dictadura, alineado con la ruta democrática y nada contradictorio con prepararse para los comicios presidenciales de 2024, tratar de activar el referéndum revocatorio. Es un derecho constitucional del mismo rango que el derecho de elegir. Por razones principistas y prácticas no es conveniente abdicar de los derechos; con más razón si su ejercicio puede ser una salida legal a la crisis de poder. No es un atajo porque a partir del 10 de enero se abría el lapso legal para activar su ejercicio. Además, tenía la potencial ganancia de quitarle la iniciativa política al régimen, complicarle la creación de una matriz de opinión de que todo está normal y controlado, ponerlo en la disyuntiva de permitirlo o abortarlo conculcando un derecho. Como bien argumenta el profesor Diego Bautista Urbaneja: “Hay que proponerle a la sociedad un objetivo movilizador”. El revocatorio podía serlo porque concita apoyo en la ciudadanía según algunas mediciones de opinión. Por tanto, no fue un acto desesperado e irreflexivo de quienes desde Mover solicitaron al CNE comenzar su proceso de activación.
En la lucha contra la dictadura deben aprovecharse y promoverse todas las formas mediante las cuales pueda expresarse genuinamente la voluntad ciudadana, máxime si se trata de un derecho constitucional.
Siempre estuve consciente de la difícil materialización del revocatorio. El escenario más probable siempre fue que el régimen vía poderes secuestrados pusiera todos los impedimentos para impedir su realización.
De hecho, eso fue lo ocurrido a días de haberse iniciado el proceso de su activación: el CNE en una decisión que contradice de manera flagrante una de sus principales competencias constitucionales, cual es la de facilitar tanto el derecho de elegir como de revocar, dictó unas normas y lapsos para recolectar las firmas que hacían prácticamente nugatorio el ejercicio del derecho de revocar.
El régimen, que evita cualquier evento que tenga condición plebiscitaria con relación a la Presidencia de la República, prefirió, aun a sabiendas de que no todas las fuerzas democráticas e influyentes opinantes compartían la iniciativa de activar el revocatorio, pagar los costos de abortarlo temprano porque temía que la opción del revocatorio tomara fuerza ciudadana y eventualmente se convirtiera en un factor reactivador y catalizador de una amplia movilización nacional. Evitó que el referendo fuera un tema a considerar si se reactiva México, pues le podía complicar la materialización de su agenda y su calendario político electoral. Considera que puede llegar en mejores condiciones de competitividad a 2024 que en estos momentos y un revocatorio sobrevenido pone en peligro la estrategia en progreso, es probable que no tengan todavía resuelto el formato del proceso de 2024 y las decisiones a tomar para reducir la competitividad de las fuerzas democráticas porque lo claro es evitar un Barinazo a escala nacional.
En el proceso chimbo de recolección de firmas el chavismo por boca de algunos de sus más relevantes jerarcas de dedicó a amenazar, descalificar e intimidar a promotores del referendo revocatorio, al rector Picón por su rechazo oficial y público al proceso de recolección de firmas, a posibles firmantes, a quienes firmaron y en algunos centros de recolección las vernáculas SA amedrentaron a comunicadores sociales para impedirles registrar lo escuálido de la concurrencia ciudadana.
Lo insólito de lo ocurrido es lo barato que le ha salido al régimen el secuestro del revocatorio, todas las tropelías y arbitrariedades cometidas al respecto.
La referida actuación oficialista ha debido contar con un rechazo vigoroso de las fuerzas democráticas porque la conculcación de un derecho afecta a todos y establece un precedente nefasto. Ese rechazo no se produjo porque algunos sectores e individualidades influyentes sienten y proclaman que a la causa democrática se le hizo un favor al despejar, supuestamente, el camino a las presidenciales de 2024. En ese posicionamiento confluyen dos errores: el de confundir el legítimo desacuerdo con luchar por el revocatorio con la actitud de hacerse los desentendidos ante los atropellos cometidos; el de cálculo al considerar que la vía a 2024 está pavimentada y que lo mejor para facilitarlo es no menear las aguas.
No puedo finalizar estas reflexiones sin referirme a la conmemoración, dentro de dos días, del intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Fecha aciaga para la nación. Ese día se sentaron las bases del colosal retroceso civilizatorio experimentado por el país como consecuencia de 22 años de régimen chavista. Comparten responsabilidad en su ocurrencia los protagonistas del alzamiento militar con quienes desde el gobierno de turno no actuaron con la diligencia del caso para evitarlo, a pesar de tener suficiente información sobre lo que se preparaba y medios disponibles para hacerlo.