Imagen: Banco Interamericano de Desarrollo
Hace años que en Venezuela no hay estadísticas públicas, de hecho, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) prácticamente dejó de existir y el Banco Central de Venezuela (BCV) no emite datos desde hace un lustro. Hace rato, bastante rato, que no se publica el Boletín Epidemiológico y, por tanto, la ciudadanía en general no tiene idea de la incidencia de enfermedades. Básicamente estamos a ciegas y los hacedores de políticas públicas, si hacen algo, lo hacen más por intuición o adivinación que por certeza.
Así como un médico responsable primero diagnosticaría la enfermedad en un paciente antes de suministrarle algún fármaco, las autoridades competentes y la sociedad en general pueden enfrentar con éxito sus problemas y desafíos teniendo información oportuna, precisa y confiable. Por ejemplo, si no tenemos datos sobre la incidencia del dengue, el número de casos y los lugares más afectados ¿Cómo podrían tomarse decisiones sobre la distribución de medicamentos, de insumos, de jornadas de abatización o fumigación o sobre la publicación y divulgación para sensibilizar al público y que puedan tomarse medidas preventivas en todos los hogares? Lo mismo sucede con el resto de los problemas públicos, entre ellos el desempleo, la cobertura educativa, la corrupción, la criminalidad, la violencia de género o el embarazo no planificado… Sin información no se pueden tomar decisiones acertadas.
Las políticas públicas basadas en evidencia nos permiten superar sesgos y prejuicios, por ejemplo, de entrada pudiéramos creer, equivocadamente, que la pobreza y la desigualdad son producto de que “a los pobres les gusta ser pobres” y la “gente es pobre porque quiere” y la verdad es que hay condiciones estructurales de exclusión que, aunque son poco estudiadas y medidas, son demostrables con datos duros. De hecho, desde hace varios años la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), desarrollada por docentes de la UCV y la UCAB, demostraron que la pobreza en Venezuela tiene rostro de mujer. Sobre las venezolanas pesa la mayor responsabilidad de las labores de cuidado, el embarazo no planificado, la pobreza menstrual, menores ingresos que los hombres con los mismos oficios, explotación, discriminación laboral, violencia de género y un largo etcétera.
El asunto empeora si sumamos al análisis los criterios de interseccionalidad, es decir, cuando notamos los efectos de la sumatoria las distintas estructuras de discriminación existentes porque, para hacerlo más obvio, no solo se puede tener más riesgo de sufrir la pobreza por ser mujer, sino que el riesgo aumenta si se es mujer, negra, lesbiana y se vive en el interior del país.
Lastimosamente, desgraciadamente, desangeladamente, en Venezuela no hay funcionarios con los cuales compartir esta reflexión. En algunas oportunidades he tenido la desdicha de expresar estas preocupaciones con algunos funcionarios locales y regionales, que me miran como si les estuviera hablando en chino mandarín, y simplemente despachan el asunto volviendo a las cavernas de sus perjuicios con sus opiniones del tipo “a esas mujeres quién les manda a abrir las piernas”, “es que la gente quiere todo gratis” o cosas peores como, “eso es producto del capitalismo y de las sanciones”. No mejora el enfermo.