Cuando estudiaba leyes en Venezuela pasábamos horas debatiendo, en las clases de introducción al derecho comparado, filosofía del derecho o sociología jurídica, la solidez y virtudes de las instituciones estadounidenses. En aquellas largas discusiones, inspiradas muchas veces en la lectura de Democracia en América, de Alexis de Tocqueville, se daba por descontado la existencia sociedades de buena fe, así como la fortaleza del Poder Judicial y los controles a los excesos del presidencialismo, para asegurar la vigencia del Estado. Por lo general, se concluía con admiración que una característica inequívoca de Estados Unidos era la importancia del valor de la verdad. “En Estados Unidos no se puede mentir”, decía siempre alguno. El perjurio, la obstrucción de justicia, el ocultamiento, la manipulación o el engaño tienen consecuencias muy graves en ese país,y casos como la caída de Nixon en la Presidencia de Estados Unidos lo confirman.
Por la misma época vimos por primera vez lo que ya era un clásico del cine: El mundo está loco, loco, loco (Estados Unidos, Stanley Kramer, 1963). En cierta escena,ha habido un accidente de tránsito y un agonizante conductor se ve rodeado de gente que se ha detenido en la vía para ayudarlo. Ya en sus últimos minutos de vida, confiesa que el siniestro le ha sobrevenido cuando se dirigía a buscar 350.000 dólares en efectivo, que había dejado enterrados en un lugar señalado con una inmensa W en el parque Santa Rosita de California. Los testigos del accidente acuerdan conseguir entre todos y compartir a partes iguales ese dinero. Luego, como es previsible, pelean por el botín, pero entonces comienzan a hacer cómputos de cuánto corresponde a cada quien.En este punto, alguien pregunta: “¿Y los impuestos? Tenemos que declararlos”. Todos se miran y alguien dice: “No, ¿qué impuestos, quién va a saber que conseguimos ese dinero? En el grupo hay un camionero, exponente típico de la clase media trabajadora, que amenaza: “¡Si alguien no declara sus impuestos, lo denuncio!”.
He ahí dos percepciones bien arraigadas en toda la población estadounidense y, particularmente, en quienes somos inmigrantes en este gran país: en Estados Unidos no se puede mentir y hay que ser puntual cumplidor de los tributos, que son manifestación en la práctica de decir la verdad, de no engatusar a la sociedad para evadir el cumplimiento de la ley y de nuestras obligaciones ciudadanas.
En la era de Trump hemos visto con perplejidad cómo su antipedagógico y corruptor liderazgo desafía esas premisas normalizando la mentira. Un rasgo típico en Trump, en su alta administración y en muchos de sus relacionados es la falsificación, la abierta y descarada adulteración de la realidad. Una muestra reciente –habría cientos para ilustrar nuestra afirmación– la constituyen las imágenes divulgadas en redes sociales, donde puede verse a su abogado, Rudy Giuliani, en el hotel Trump DC con los dos ciudadanos de Ucrania sindicados por las autoridades por violación de las leyes de financiación de campaña, ¡al tiempo que declaraba a los medios no conocerlos! Nada distinto a lo que afirmara el propio Trump: “No los conozco, quizás sean clientes de Rudy…”, mientras circulaban fotos de él junto a los dos sujetos, así como de sus hijos de viaje junto a los indiciados.
Desde luego, estos distan mucho de ser los primeros embustes. Su campaña se basó en la mentira hasta saltar a la vista de manera grotesca, con aquel audio en el que admitía frecuentes abusos sexuales a las mujeres porque, según él, “cuando tienes poder puedes hacerlo y ellas se dejan”. The Washington Post ha contabilizado y documentado 12.019 mentiras graves, proferidas por Trump desde que ejerce la Presidencia. De hecho, hasta la fecha ha eludido el requisito, usual para todo aspirante a la Presidencia desde 1960, de hacer públicas sus declaraciones de impuestos para que el pueblo pueda juzgar su apego a la verdad y la ley, y para conocer el mapa económico que podría dar lugar a conflictos de interés. Pero Trump no solo lo evade –e instiga similar comportamiento en sus colaboradores–, sino que lo hace cínicamente convencido de que, como dijo una vez, a sus seguidores no les importa: “Puedo matar a alguien de un disparo en plena Quinta Avenida y aún así mis seguidores me apoyarán”. Así, cual timador que desemboza su línea de acción en los negocios o en la política.
Ahora bien, ¿el Partido Republicano participará de este intento por normalizar la mentira? La organización fundada por Abraham Lincoln, quien no solo arriesgó su vida, arrebatada por un fanático racista, sino que se dio a conocer por su integral conducta ciudadana como “Honest Abe”, desde su adolescencia en Springfield, Illinois. Ese mismo partido está hoy secuestrado por el supremacismo blanco y el elitismo corporativo, por la avaricia, y tiene a la cabeza a un hombre que hace de la mentira un culto. Cuesta creerlo, pero está sucediendo.
Pero, ¿por qué? Quizás para seguir nombrando jueces partidistas y ultra conservadores, que darían marcha atrás en materia de derechos civiles; para desregular más al sector financiero o sectores en los que el cambio climático exige sustentabilidad medioambiental; para permitir que el mercado de las armas siga viento en popa; y también para seguir imponiendo, con el poder del dinero, la práctica de suprimir electores o manipular distritos electorales para asegurar una rentabilidad electoral que les permita el control aún con menos votos de órganos legislativos por todo el país y la misma Cámara de Representantes del Congreso; de esta manera podrían acallar la voz de las clases medias, trabajadoras, así como de las pujantes minorías latina, afroamericana y demás comunidades de inmigrantes; con ese control creen que podrían cerrarle el paso a las luchas de la mujer y de la comunidad LGBTQ, colectivos que han conquistado reconocimiento, mayor igualdad y derechos en la última década, en batallas judiciales y legislativas.
Si ese es el pacto tácito, el costo para la democracia estadounidense es altísimo. Si la normalización de la mentira viene avanzando como una infección en el liderazgo republicano, porque ha cambiado el ADN del partido para que Trump sea reflejo de esa patología social, entonces también es hora de apelar a la reserva de ciudadanía que queda en el Senado de Estados Unidos. Se requieren 20 votos, entre los 53 senadores republicanos,que vendrían a sumarse a los 47 demócratas, para proceder en caso de llegar a la Cámara Alta el planteamiento de un “impeachment” o juicio político para remover a Trump del cargo.
Si faltaban hechos graves para un “impeachment”, esta semana Trump ha decidido imponer al Grupo de los 7 sudecisión de que la Cumbre de Presidentes del año próximo, que toca en Estados Unidos, se realice en un hotel resort de su propiedad, en Doral, Florida. Esto, pese a que el gobierno de Estados Unidos está en capacidad de recibir a las delegaciones con el mayor confort y seguridad en instalaciones federales, como Camp David.
No basta la argucia de enriquecerse (más) con los millonarios gastos en que debe incurrir el propio gobierno de Estados Unidos para alojar el personal de seguridad en otro hotel de la cadena Trump, en West Palm Beach, Florida, llamado Mar-A-Lago (o en otras propiedades de su cadena hotelera). Es que ahora siete mandatarios extranjeros y sus delegaciones deberán consignar sus cheques a las empresas de Trump para asistir a la cumbre del G7. Y quién sabe si tendrán además que tragarse una invitación unilateral de última hora a Vladimir Putin.
Lo cierto es que la Constitución de Estados Unidos tiene una clarísima disposición, conocida como el “emoluments clause” (la cláusula de emolumentos”), en cuyo artículo I, sección 9, prohíbe expresamente al presidente y cualquier funcionario de Estados Unidos aceptar regalos, emolumentos, pagos, nombramientos o títulos, de cualquier tipo, de un rey, príncipe o gobierno extranjero. El solo hecho de derivar un centavo en sus hoteles de los mandatarios extranjeros calificaría, según definición constitucional, de altos crímenes, faltas, abuso de poder y violación de su juramento de obedecer la Constitución y las leyes, lo cual lo haría sujeto de remoción del cargo por un juicio político.
¿Sucederá? ¿Se derrotará la normalización de la mentira y todas esas conductas tan extrañas a la sociología e historia de Estados Unidos, por la vía del juicio político o impeachment? Si no es por esa vía, tendrá que ser en las elecciones y el costo a futuro para el Partido Republicano será inmenso. Lo que no parece probable es que una larga tradición de apego a la honestidad, que han caracterizado a la gran nación americana, vaya a ser abatida por un magnate sin escrúpulos y un partido que parece desnortado y perdido en su determinación de detener unos avances que la sociedad tiene cantados.