Foto Leah Mills, Reuters
El segundo juicio político a Donald Trump es una consecuencia de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos ocurrida el 6 de enero, durante la cual una turba violenta irrumpió en la sesión del Congreso que estaba afirmando los votos del Colegio Electoral que le dieron la victoria a Joe Biden y que ponía final a una campaña de meses por parte de Trump, tratando de socavar los resultados electorales.
El artículo aprobado por la Cámara Baja y enviado al Senado acusa a Trump de:
“Poner en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazar la integridad del sistema democrático, interferir con la transición pacífica del poder y secuestrar a una rama igualitaria del gobierno”.
La participación de Trump en una concentración en la que instruyó a los manifestantes a marchar hasta el Congreso ha impulsado a los legisladores demócratas y algunos republicanos en la Cámara Baja a acusarlo por segunda ocasión. El juicio político en el Senado inicia esta semana: el máximo cuerpo legislativo nunca ha realizado un juicio político a un expresidente.
Los demócratas utilizarán un cúmulo de evidencias que incluyen videos del asalto al Capitolio, mensajes y videos de los participantes en sus redes sociales, para intentar convencer a 67 senadores –el número que se necesita para encontrar a Trump culpable– de que las palabras y acciones del expresidente incitaron el ataque al Capitolio por sus afirmaciones de que los demócratas le robaron las elecciones.
Algo que compromete mucho a Trump es el audio de la llamada telefónica presionando al secretario de Estado de Georgia, en el que le pide “encontrar” los votos necesarios para revertir la victoria de Biden en ese estado.
Los asaltantes dejaron mucha evidencia con fotos y videos anteriores y posteriores al ataque en sus redes sociales. Los congresistas que actuarán como fiscales acusadores en el juicio político tienen dos perspectivas para mostrar: el atacado (Congreso) y los atacantes (seguidores de Trump). Además, tienen un cúmulo de declaraciones en las audiencias de presentaciones ante jueces por parte de las personas detenidas de participar en los hechos, muchos de los sospechosos afirmaron que estaban cumpliendo las órdenes directas de Trump el 6 de enero.
El argumento demócrata iniciará a partir de la conferencia de Trump al frente de la Casa Blanca horas antes del ataque, en la que les dijo a sus partidarios “luchen como el infierno” para recuperar su país (fight like hell) y vayan al Capitolio y “paren el robo” (stop the steal).
Otro argumento en contra de Trump fue la negativa de enviar a la guardia nacional para controlar la situación cuando la turba de aproximadamente 8.000 manifestantes había superado la capacidad de los 1.800 policías resguardando el Capitolio. Fue el exvicepresidente Mike Pence quien tomó la decisión horas después de enviar la guardia nacional para proteger a los congresistas y el personal administrativo que trabaja en el Congreso.
En el ataque violento lamentablemente murieron cinco personas, incluido el oficial de la policía de Washington DC Brian Sicknick, quien intentaba detener la turba y fue golpeado con un extinguidor de fuego varias veces en la cabeza. Otros 50 policías resultaron heridos durante los incidentes.
Los congresistas y senadores republicanos han argumentado que un expresidente no puede ser acusado como un ciudadano privado, tratando de evitar emitir un juicio de valor sobre la conducta de Trump. Este argumento es compartido por algunos expertos legales conservadores, quienes opinan que la disposición en la Constitución que permite al Senado prohibir a un presidente postularse para un cargo nuevamente desafía la lógica legal demócrata, pues el expresidente ya ha sido impedido de continuar en el cargo por los electores al no ser reelecto para un segundo período. En consecuencia, el juicio político no tiene sentido lógico o legal.
Los demócratas han hecho énfasis en que el primer y segundo juicio político son muy diferentes. El primero fue el resultado de una llamada telefónica con el líder de Ucrania pidiéndole intervenir indirectamente en las elecciones. El segundo es el resultado de los mortíferos disturbios del 6 de enero, que fue un ataque directo a la institución más representativa de la democracia, el Congreso de la Unión.
El artículo de juicio que considerara el Senado cita la enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a cualquiera que haya participado en actos de insurrección o rebelión en contra de Estados Unidos de ejercer un cargo público. Así que claramente el objetivo final de los demócratas es impedirle a Trump presentarse como candidato a la Presidencia, al Senado o a una gobernación en el futuro. Incluso, si el juicio no resulta en un voto de culpabilidad, los demócratas esperan que los argumentos orales de los acusadores y el testimonio de posibles testigos le proporcionen al público un registro detallado de lo ocurrido en el Capitolio el 6 de enero.
Ambos partidos llegaron a un acuerdo para que se realice un juicio rápido. Los demócratas no quieren un juicio largo que desvíe la atención de las confirmaciones en el Senado de los nominados al gabinete ejecutivo del presidente Joe Biden y de la agenda de los primeros 100 días de su gobierno. Por su parte, los republicanos no están interesados en un show mediático de semanas en el que salgan a relucir todas las transgresiones de Trump.
Al momento de escribir este artículo de opinión el líder de la mayoría del senado Chuck Schumer y el líder de la minoría Mitch McConnell están llegando a un acuerdo sobre la resolución organizativa del juicio, que aclarará el cronograma y que el Senado deberá aprobar antes de que inicien los argumentos del juicio.
Los demócratas aún no han anunciado si llamarán testigos durante el juicio. La preocupación es que no quieren extenderlo más de una semana como ocurrió en el juicio anterior, especialmente porque los congresistas que actuarán como fiscales acusadores y los senadores que son los jurados del juicio fueron testigos presenciales de los hechos; sin embargo, existe la posibilidad de que algún miembro de la Cámara de Representantes o algún senador quiera testificar voluntariamente.
En el juicio en la Cámara Baja, en la que los demócratas tienen una mayoría de 221 miembros y los republicanos 211, solamente 11 representantes republicanos se unieron a los demócratas para enviar los artículos de juicio al Senado, donde hay un empate técnico 50-50 y el voto de desempate es el de la vicepresidenta Kamala Harris, es muy poco probable que 17 senadores republicanos se unan a los demócratas para condenar a Trump.
Los republicanos conservadores están más interesados en preservar sus puestos que fortalecer las instituciones democráticas de su país. El expresidente aún tiene una base importante de seguidores en el Partido Republicano y, como está demostrado, parte de esta base es la más extrema y radical, donde hay elementos de los grupos supremacistas blancos y creyentes de las teorías de la conspiración mezclados con aspectos bíblicos religiosos. Los representantes y senadores temen que Trump impulse en dos años a miembros del partido más leales a su persona como candidatos en las primarias republicanas a la Cámara Baja y el Senado y ellos sean desplazados de sus puestos.
Aún está por verse qué piensa hacer Trump políticamente en el futuro, sabe que lo más probable es que tenga que enfrentar varios juicios por asuntos relacionados con sus negocios, declaraciones de impuestos, tráfico de influencias, etc. Es consciente de que no debe derrochar su capital político, es muy posible que quiera continuar influyendo al Partido Republicano o quizás decida montar tienda separada y fundar un partido patriótico y nacionalista.