La catástrofe política en el país es de grandes dimensiones. Todos los sectores que hacen vida en el país sufren los rigores de las prácticas del modelo socialistas del siglo XXI y de la degradación forzada y absoluta de la ya inexistente democracia, devastada por la violada e inaplicable Constitución y la desaparición funcional del Estado que se transformó en una estructura de partido, una ideología y una idolatría al desastre.
En estos momentos los venezolanos vivimos una etapa muy difícil, crucial pero determinante, en la que el pueblo venezolano se expresó contundentemente por la vía electoral, pacífica y constitucional, plasmando su voluntad de cambiar esta realidad; mientras quienes ostentan el poder pretenden desconocerla, aplicando sus estrategias con todos los medios a su alcance, para evitar su impostergable salida del Poder Ejecutivo.
Su base de sustento son las permanentemente cuestionadas instituciones, por años al servicio de un partido político, de una revolución y sus máximos exponentes, que sobre el sufrimiento y empobrecimiento de la sociedad venezolana persiguen y luchan de manera infructuosa para darle continuidad a su agonía, producto del fracaso de todas sus políticas y el deterioro visible, tangible e innegable de todo lo que representaron y representan hoy para el país y el mundo.
El resultado electoral del 28 de julio permitió determinar, en primer lugar, la inclinación del país al cambio, pero puso a la vista de todos la implosión y debilitamiento del sector político oficialista y el ascenso vertiginoso del poder ciudadano, acertadamente sustentado en la unidad nacional como consigna oportuna y necesaria. Pese a las condiciones desventajosas y aberrantes en que se participó, no existe manera de ocultar un resultado que todas las partes participantes y observadores conocieron y que hoy la mayoría del país defiende.
El análisis numérico realizado con base en las actas de escrutinio de todos los centros electorales del país y del mundo, suministradas por los testigos de mesa y otros actores del proceso -refrendado por miles de videos grabados en los centros electorales de todas las regiones del país en presencia de los miembros de mesa, testigos de partidos y votantes de cada centro, funcionarios del Plan República y otras autoridades- que aún no han sido publicadas por el desnaturalizado, desacertado, irresponsable y deslegitimado Poder Electoral, arrojaron un resultado sorprendente más allá de la derrota de Nicolás Maduro. Me refiero a la desaparición del cacareado Polo Patriótico y la derrota de gobernadores, alcaldes, parlamentarios nacionales, regionales, concejales y estructuras partidistas que, pese a sus esfuerzos y grandes inversiones, quedaron marcados como una minoría. Los resultados en cada región ponen al oficialismo sin posibilidad alguna de permanecer en sus puestos o curules en el futuro y para complicarles más el panorama, el centralismo perverso, acorralado por sus acciones fallidas y posiciones asumidas sin ningún sustento, instruyó desarrollar una gesta masiva y en otros casos selectiva inquisidora de amedrentamiento, persecución y terror, que debe aplicarse sobre sus potenciales futuros electores que se deslindan con más ímpetu de las garras lacerantes e inhumanas del frenético, cruel y disociado socialismo.
Para los venezolanos se despeja y alumbra el camino, pese a las adversidades y dificultades aún por vencer; caso contrario el sendero de oscuridad, escabroso, violento, ilegal, abusivo e inconstitucional escogido por los revolucionarios, que de ofrecerle bienestar y amor al pueblo venezolano ahora por la fuerza pretende someterlo, controlarlo y despojarlo de sus derechos y privarlo de la soberanía que ejerce intransferiblemente por encima de los poderes constituidos y más en este caso, que se convirtieron en obstáculo y contrarios a los máximos intereses de la nación.
El oficialismo secuestró, arrastró, compró, chantajeó, convenció o asoció a casi toda la clase política del país, haciéndola caer en un barranco profundo con un desempeño imperdonable basado en los antivalores. El parto de una nueva nación traerá consigo la desaparición del esquema político tradicional que se ha negado a reinventarse y mucho menos renovarse, que persiste en mantenerse por las vías antagónicas a la legalidad, la sana competencia y convivencia, la ética y la moral.
Conscientes todos de las actuaciones del Poder Electoral, demandamos una pronta y oportuna compensación al pueblo venezolano, que no es otra que la renuncia de sus rectores por impericia, incapacidad y desapego al orden legal vigente. El haber declinado sus competencias marca un hito en la historia electoral del país imposible de justificar y que los hace acreedores del rechazo, descalificación y desconfianza de la ciudadanía.
La olla muy mal montada por el inobservante, complaciente e irresponsable ex contralor general de la república y hoy presidente del CNE visibiliza la crisis institucional generada por manos y mentes inescrupulosas, que asociadas se confabulan contra el pueblo venezolano ávido de libertad, justicia y bienestar.
Juristas expertos en materia electoral vaticinan el advenimiento de un adefesio jurídico, insostenible en el tiempo, en caso de que el máximo tribunal de justicia busque lavarle la cara a los poderes ya comprometidos. Este escenario construido para dilatar y tratar de ocultar la realidad solo correría la arruga e impulsaría momentos de mayor confrontación, discrepancia, diatriba y cuestionamiento entre la mayoría del país y quienes mal conducen el poder, por cierto, dado por quienes hoy son apresados, reprimidos, desconocidos, ignorados y maltratados por sus autoridades, quienes al contrario deberían protegerlos y garantizar sus derechos y hacer valer la Constitución.
Un escenario favorable se observa y se fortalece cada hora que pasa, con un pueblo dispuesto a hacer valer su voluntad, traducida en un resultado electoral ya cuantificado, bajo los parámetros idóneos e instrumentos de verificación confiables e inobjetables creados tecnológicamente por el organismo rector que hoy los oculta. Un pueblo que confía en su dirigencia actual, en el peso de la opinión de los expertos, las declaraciones de decenas de autoridades de otros países y, lo más importante, en lo que se pudo ver, vivir y demostrar el día 28 de julio en cada mesa electoral, que consolidó la victoria de Edmundo González Urrutia. Difícilmente podrá existir otra decisión final que provenga de la legalidad y la verdad.
Un torbellino de desatinos e incongruencias atrapan a quienes fabrican y fomentan la anarquía en el país, un gobierno en las condiciones precarias y sin proyecto futuro, desacertado en la última década como modelo impositivo, controlador y esclavista que ha consolidado la pobreza, está imposibilitado de imponerse por la vía que escogió. La institucionalidad volverá a su curso y razón de ser y servir, también movida por las circunstancias poco favorables que se le vienen encima y que son de carácter poco manipulables. Venezuela, por las buenas, pronto será libre, próspera y nuevamente democrática.