El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del gobierno. El Foro de Sao Paulo estableció su cartilla con la estrategia para la toma del poder para llegar por la vía democrática para desde adentro destruir la institucionalidad liberal. Esta receta se aplicó originalmente con Chávez y tiene como eje una constituyente para establecer un régimen a la medida del líder del socialismo del siglo XXI. Pero a Petro le está haciendo más fácil el establecimiento de la dictadura del socialismo del siglo XXI dada la colaboración de los partidos del establishment, los liberales, conservadores y la U. Petro no requerirá pues de la convocatoria a constituyente, pues este año hará las reformas necesarias para la implantación del socialismo del siglo XXI por la vía parlamentaria normal. Así las cosas, aparece un evidente objetivo final, cual es convertir a Colombia en un narcoestado como Venezuela. El guion que les permitirá hacerlo será el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que acaba de ser presentado al Congreso y que vaticinamos será aprobado sin grandes modificaciones por la mermelada petrista en el Congreso.
En un voluminoso compendio el gobierno presenta las bases de ese plan y no se ahorra digresiones en presentar su objetivo: “La construcción de un nuevo contrato social”. El contrato social vigente en Colombia es el de la Constitución de 1991, que establece un sistema de democracia representativa. Petro con este PND plantea pues modificar ese orden constitucional, cuyas bases en vez de las de la constitución serán las establecidas por esta nueva legislación ¿Cuáles bases?
La primera y fundamental es que “el papel del Estado es fundamental”, se pasa pues de un sistema de Estado Social de Derecho con garantías a la propiedad privada a uno estatista, en donde la propiedad privada -por lógica básica del sistema- está limitada por ese papel del Estado. La socialización de la economía se expresa no nítidamente sino a través del eufemismo de economía popular. Abunda en este nuevo enfoque cuando precisa que “este plan modifica las visiones convencionales del desarrollo económico… evitando los excesivos formalismos que obstaculizan el quehacer de lo público”. Socialismo sin formalismo legal es igual a… dictadura del socialismo del siglo XXI, más claro no puede ser.
I. La planeación y el ordenamiento del territorio alrededor del agua demandan una a) reforma rural integral orientada a evitar la expansión indiscriminada de la frontera agrícola”. Consideramos que una base de este plan es una reforma rural, dadas las bases anteriores esta con seguridad estará orientada hacia la estatización del campo, tal como se hizo en Venezuela, con el incremento del hambre consiguiente. b) “Un sistema de protección social universal y adaptativo”. Al referirse a ´universal´ es obvio que tiene que ser público, ergo se acaba la participación privada en el mismo.
II. Seguridad humana y justicia social. Esto se realizará a través de las siguientes ejecutorias: 1) “Se establecerá un solo programa (Renta Ciudadana) que armonice las transferencias monetarias tanto condicionadas como no condicionadas”. Un programa de renta ciudadana implica la generalización del asistencialismo, esto es un elemento fundamental de la creación de una población dependiente del Estado y por lo tanto sumisa al régimen. 2) “Se adelantará una reforma pensional con enfoque de la garantía del derecho, incluyente y equitativa a través del sistema de pilares”. Esto en principio está bien, pero si como se rumora el pilar obligatorio al sistema público incluye la población con hasta 4 salarios mínimos, lo cual significa en la práctica que no existe sino un sistema público quedando el privado reducido al 5% de la población y por lo tanto desfinanciado, en consecuencia, desaparece. 3) “Se transformará la Policía Nacional para fortalecer el carácter civil de la institución”. Esto es parte de un plan de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, poniéndola bajo la jurisdicción de un ministerio político, lo que la convertirá en una policía política, base de la dictadura. 4) “Nuevo servicio social para la paz y eliminación de la obligatoriedad del servicio militar”. La eliminación de este significa la desarticulación de las fuerzas militares que, junto al servicio social para la paz, será la creación de una milicia gubernamental al estilo de los “colectivos” venezolanos. Implica la conversión del ejército en una guardia pretoriana de Petro y la intimidación de la población por una fuerza paramilitar. 5) “Regulación de las drogas: del prohibicionismo a la dignificación de las personas, comunidades, territorios y el medio ambiente”. Es la conversión de Colombia en un narcoestado; este es el primer paso, la legalización “de facto” de las drogas ilícitas.
III. Derecho humano a la alimentación: “El cumplimiento del primer punto del Acuerdo de La Habana tiene por objeto promover una mejor distribución de la tierra”. Profundización de la entrega del país a las FARC, ahora con el ELN y demás grupos narcotraficantes, mediante una socialización del campo.
IV. Transformación productiva, internacionalización y acción climática: a) “Transición energética justa”. Lo que ha planteado claramente la ministra Vélez (apoyada por Petro) es la terminación del otorgamiento de contratos de exploración de petróleo y gas. Esto lleva a la reducción de la inversión, lo cual implicará una fuerte incidencia negativa en la economía. Es el decrecimiento, política que busca el empobrecimiento de la población para hacerla dependiente del Estado. b) “Se adelantará la reforma de la normativa minera con el fin de crear instrumentos para la gestión del cierre minero y la restauración de los pasivos ambientales derivados de estas actividades”. Al igual que con la industria de hidrocarburos, la política económica tiene un sesgo anti minero también.
V. Convergencia regional: a) “Alianzas público-populares, que permitan la gestión de su conocimiento y su participación en nuevos modelos de gestión”, esto ha traído fuertes dudas en los expertos pues esta “Economía popular” tiene fuertes visos de un asistencialismo exacerbado. b) “Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio”, el nuevo “ contrato social” enfatiza una sustitución de la democracia representativa en una “participativa”, eufemismo para un régimen plebiscitario, fuertemente autoritario, que desemboca en el personalismo autoritario del caudillo socialista, copiado del modelo de Chávez, ergo es la dictadura del socialismo del siglo XXI, ya se ve los primeros pasos firmes hacia la implantación de ese modelo, con la convocatoria de Petro a marchas en defensa de las reformas legislativas.
Finalmente, la cereza del pastel es el otorgamiento de 14 facultades extraordinarias al presidente, lo cual lo haría prácticamente un dictador legal. En resumen, con este PND se consuma la implantación de la dictadura del socialismo del siglo XXI, con una constituyente disfrazada de una ley común y con los partidos del establishment como focas diciendo que sí al ordenamiento que los eliminará.