No existe país que sea capaz de anunciar cifras creíbles cuando se trata de evaluar los estragos del coronavirus. Todo gobierno está, en estas aciagas horas, sujeto el escrutinio de la población de pie, cuando se trata de entender el tamaño del daño que la pandemia está ocasionando y de qué manera está siendo amortiguado por quienes toman las decisiones que afectan a la colectividad nacional. Ello puede ser injusto, porque en esta difícil tarea de dominar la contaminación, el mundo entero se encuentra aprendiendo de las experiencias en la medida en que ellas van surgiendo. Ello es así, al menos en el terreno de lo sanitario.
Lo que todo gobierno sí debe poder anticipar es el tenor y tamaño de los estragos que puede producir la paralización de la dinámica económica como consecuencia de la pandemia, de manera de imaginar vías para contener los daños, para proteger a los sectores más afectados, para reorientar algunas actividades productivas, para generar proyectos novedosos para dinamizar el consumo interno y para generar ayudas directas para los más necesitados.
El gobierno de Iván Duque se ha esforzado por no ocultar, ni a nivel interno ni a nivel global, las voraces características de la pandemia dentro de su geografía y por ello quizá es que las cifras reconocidas por la Casa de Nariño son tan flagrantes. Solo admitiendo el nivel del daño es posible enfrentar sus manifestaciones, así es como se piensa en los círculos presidenciales. El caso es que las autoridades sanitarias reconocen que durante el mes de octubre Colombia habrá alcanzado 1 millón de contagiados y los fallecimientos asociados al covid-19 superarán los 30.000.
En el área económica canta otro gallo. Los ministerios colombianos del área económica no consiguen ponerse de acuerdo en cuanto al tamaño del impacto que su dinámica económica está sufriendo. Ello redunda en la percepción generalizada de la inexistencia de un plan global coherente y ello explicaría la generación de muchas iniciativas aisladas para combatir las consecuencias de la pandemia. Ello hace que la población se pregunte cuál es rumbo que lleva el país. Es así como la popularidad de Iván Duque, para esta hora, no llega a 30% de sus gobernados, una descolgada de más de 15 puntos desde el inicio de la contaminación mundial, mientras que solo 8% de los colombianos considera que la contaminación es el más importante de los problemas del país. Para cada individuo su propio deterioro en lo económico es lo esencial.
La realidad en este terreno de la desaceleración económica debería ser abordada por las autoridades con la misma sinceridad con que son tratadas las cifras sanitarias. Ocurre que la realidad que el país enfrenta es ruda. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional estiman que Colombia se contraerá al menos en -7,8%, en 2020, lo que constituiría la primera recesión en Colombia desde 1999, cuando la economía se contrajo -4,2%.
Visto de esta manera el gobierno de Iván Duque lleva plomo en el ala. En los escasos 24 meses que le quedan de gestión la agenda pública seguirá inundada por la pandemia, y ningún proyecto que se emprenda gozará de un espectro de vida suficientemente amplio para cambiar la percepción de la colectividad y aglomerarla en torno a un objetivo único.