La planificación. El robo de una cifra entre 23.000 y 26.000 millones de dólares, producto de exportaciones petroleras no cobradas, es el resultado de una cuidadosa planificación. Atención con esto: para facilitar la ejecución de este robo masivo, el régimen creó las condiciones necesarias. Entre ellas, desmantelar los controles internos y hacer desaparecer la flota de barcos propiedad de Petróleos de Venezuela, para justificar la contratación de tanqueros privados, de banderas de otros países.
A continuación, con la excusa de la guerra económica, Maduro hizo aprobar en octubre de 2020 la Ley Antibloqueo, redactada por él, de acuerdo con su declaración. “Va mi palabra y va mi vida en la Ley Antibloqueo”. Con ese instrumento, expresión pura de lo ilegal, quedaron derogados todos los controles y la obligación de rendir cuentas sobre las ventas de petróleo. Y más: el poder se autorizó a sí mismo a firmar contratos con cualquier empresa, dentro y fuera del país, para la venta de petróleo. Apenas se aprobó la ley, las alarmas se activaron. En la prensa de varios países se denunció el contenido general y, en particular, del artículo 19, que daba potestad a Maduro para hacer negocios con cualquiera (busque el lector la ley en Internet y ponga su atención en la obtusa redacción del artículo mencionado, deliberadamente retorcido, pero inequívoco en su espíritu: permitirle a Maduro y a El Aissami actuar a su antojo).
La otra pieza necesaria para asegurar que la operación produciría los resultados esperados, ya estaba lista para actuar: Tareck el Aissami, uno de los hombres de mayor confianza de Maduro ─su mano derecha, ni más ni menos─, quien había sido nombrado ministro de Petróleo seis meses antes, en abril. Así, Maduro y su cúpula tenían al hombre en el lugar adecuado, el terreno despejado, un gran problema por resolver ─una nación petrolera sin tanqueros─, y una ley creada a la medida de sus apetitos cleptómanos.
Los procedimientos. Destacaré aquí solo dos de los procedimientos con que actuaron. El primero consistió en repartir barcos cargados de petróleo a diestra y siniestra: a militares propietarios de empresas, a políticos y miembros del PSUV, a empresarios socios del régimen, a altos funcionarios de países con regímenes dictatoriales. En una frase: petróleo para los amigos de Maduro y del régimen. De repente, en el mercado internacional aparecieron unos vendedores de petróleo venezolano, desconocidos y con una mercancía a precios muy bajos.
El segundo procedimiento, clave en la cuestión, es que a estos señores, nuevos operadores del negocio petrolero, les entregaron los cargamentos con importantes descuentos, bajo una doble condición: debían depositar una parte del pago en cuentas en unos determinados países ─Rusia, China, Bielorrusia, Turquía, Bulgaria y otros─ y traer los montos restantes a Caracas, en maletas llenas de dólares, que debían ser entregadas en puntos determinados de la oficinas de Pdvsa, en La Campiña, Caracas. Y así se consumó el robo: una parte se quedó en cuentas a nombres de empresas testaferros y la otra llegó en volúmenes grotescos de efectivo, que se distribuyeron ─repartieron─ desde las oficinas de Pdvsa.
La cuantía. Se ha repetido que el monto de lo desaparecido, como dije al comienzo, oscila entre 23.000 y 26.000 millones de dólares (hay que agregar que, en proyecciones de expertos en inteligencia petrolera, lo robado podría alcanzar los 29.000 millones de dólares). Ahora bien, respetables lectores, lo primordial es esto: ¿qué significa para la vida venezolana la cifra entre 23.000 y 26.000 millones de dólares? Pues nada menos que 2 años del presupuesto nacional. Léase bien: 2 años. Nadie puede obviar en este momento que el presupuesto para 2023, que Delcy Rodríguez presentó a la Asamblea Nacional, fue de 11.500 millones de dólares.
Pero en ese presupuesto, además del monto, hay otro dato esencial: que casi 78% pertenecía al rubro genérico conocido como gasto social: salarios, dotación de hospitales y escuelas, programas sociales y más.
¿Se entiende la desmesura, el volumen, la desproporción de lo robado, cuya cabeza es nada menos que la mano derecha, el hombre de confianza de Maduro, uno de los integrantes de la cúpula del régimen? ¿Entiende el lector que el robo equivale a dos años del presupuesto de Venezuela?
La responsabilidad. El tamaño de lo robado, la dimensión desorbitada y más allá de cualquier antecedente ─insisto: se han robado el presupuesto nacional correspondiente a dos años, 2023 y 2024─ no permite ni a la ministra de Finanzas, ni a los integrantes de la cúpula ─Cabello y Padrino, entre ellos─, ni mucho menos a Maduro, zafarse y señalar a Tareck el Aissami y a su red, y actuar ahora como si hubiesen sido engañados y sorprendidos por los hechos. Eso no es posible. El volumen del robo no podía haber pasado inadvertido, hay que insistir en esto. La ministra de Finanzas y el presidente de la República tienen que responder también por estos hechos. Son parte de la mafia El Aissami.
Las consecuencias. La sociedad venezolana, millones de familias, los empleados públicos, ya las están padeciendo: no hay ni habrá dinero para las cuestiones más básicas y urgentes. Ni aumentos. Ni dotación. Ni el material básico para las emergencias de los hospitales. Ni para la actividad escolar. Ni para las reparaciones ni emergencias.
En pocas palabras: empobrecimiento en todas sus dimensiones, hambre cada vez más estructural y crecimiento de todas las enfermedades.
¿Qué ocurrirá entonces? Que la sociedad venezolana saldrá a la calle a protestar y a exigir sus derechos. Es lo que corresponde. No tiene otra alternativa. ¿Y con qué se encontrará? Con la actuación conjunta y coordinada de la Guardia Nacional, los colectivos, las bandas de motorizados y los cuerpos policiales. Vendrá una vez más la represión, se repetirán las escenas de muerte en las calles, continuarán las detenciones, las torturas, las violaciones de los derechos humanos.
El show. El show tendrá que continuar. Desfile de detenidos en bragas naranja, escenas en las que se simulan audiencias tribunalicias, publicación de listas de detenidos, de listas de allanamientos y más. Continuará, porque la tarea legal y comunicacional del régimen consiste en señalar exclusivamente a El Aissami y a su grupo, al tiempo que intentan salvar de toda responsabilidad a Maduro y a la cúpula de los Rodríguez, Cabello y Padrino (ojo: todos los terminales petroleros tienen años militarizados, según han declarado sindicalistas de Pdvsa; con lo cual, habrá que sumar a muchos más militares a la mafia El Aissami).