Plan de reconstrucción de Venezuela (BID) – Última parte 

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En este artículo final de una serie de tres, finiquitaré mis observaciones sobre los recursos que debe invertir cada uno de los sectores que tienen que ser asistidos según los criterios técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, que bajo su nuevo presidente, Mauricio Claver-Carone, ha demostrado en muy corto tiempo su sensibilidad y preocupación por la suerte de la población venezolana, tal como quedó demostrado en su veloz apoyo en forma de donación a las personas afectadas por las inundaciones en la parroquia El Limón del municipio Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua.

Estas intervenciones puntuales se presentan del siguiente modo:

1. Ingresos y apoyo al consumo

• En una primera instancia se sugiere la implementación de un programa de transferencias no condicionadas a nivel nacional de una cobertura cuasi universal. El objetivo de esta intervención es lograr cubrir a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible. Por ello se propone aprovechar la alta bancarización de la población en Venezuela y realizar transferencias a cuentas bancarias cuyo titular sean mujeres de más de 18 años, lo que permitiría llegar a un mayor número de beneficiarios de manera rápida. Se prevé la entrega directa de alimentos en áreas geográficas específicas donde no se cuenta con mercados suficientes para proveer alimentos a la población, y se considera fortalecer el esquema de alimentación escolar y así también realizar intervenciones específicas para pequeños productores agropecuarios.
• En el mediano plazo se espera focalizar los esfuerzos para aliviar la pobreza y apoyar el consumo de la población más vulnerable. Esto se llevará a cabo a través de la implementación de un Programa de Transferencias Focalizadas (PTF) inicialmente no condicionadas (con progresiva transición a una serie de condicionalidades que reflejen las prioridades de la política social). Este programa prevé transferencias por hogares. El monto de la transferencia dependerá de la estructura del hogar, y se basará en el valor de la brecha de pobreza o pobreza extrema, tomando en cuenta también restricciones fiscales. La población objetivo pasará a ser los hogares en situación de pobreza estructural. La estrategia prevé una serie de acciones orientadas a instalar el mecanismo de focalización.

El costo estimado para el programa de transferencias cuasi universales y de transferencias en especie para el primer año alcanza los 2.800 millones de dólares. Para el segundo año, el monto total es de 2.954 millones de dólares, en cuyo caso las transferencias focalizadas representan más del 50% del total del gasto. Para el tercer año, el costo se ha estimado en 2.250 millones de dólares.

2. Salud

• Las intervenciones planeadas en el corto plazo se enfocarían, en la etapa de emergencia, en restablecer la provisión de intervenciones prioritarias y el tratamiento para enfermedades agudas, reinstaurar los servicios críticos en hospitales y su equipamiento, y contener y mitigar el impacto de la pandemia de la COVID-19.
• La segunda etapa busca consolidar las bases para restaurar el funcionamiento básico del sistema de salud y avanzar hacia el establecimiento de un sistema de salud de cobertura universal por medio de intervenciones y acciones para:

1. ampliar la provisión de intervenciones esenciales de salud más allá de situaciones agudas y de urgencia vital;
2. restablecer la plena capacidad operativa de los hospitales públicos prioritarios y los centros de atención primaria de salud;
3. fortalecer la capacidad de los recursos humanos;
4. elaborar un plan de reformas necesarias para el financiamiento y
5. la reorganización del sistema de prestación de servicios de salud para avanzar hacia la cobertura universal en salud.

El costo fiscal de las intervenciones propuestas para el primer año alcanza los 1.925 millones de dólares, excluyendo acciones específicas para la pandemia de la COVID-19, lo que representa aproximadamente 170 millones de dólares. Los montos son similares para los años siguientes.

3. Educación

• Cuando sea posible reanudar la asistencia escolar, las intervenciones propuestas tienen por objetivo eliminar las barreras de acceso debido a la crisis para estudiantes y docentes y mejorar la calidad de los servicios educativos para garantizar que los alumnos adquieran habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo individual y su inserción en el aparato productivo. Para ello, en el corto plazo se buscaría paliar la emergencia relacionada con la falta de comida, así como de materiales básicos de aprendizaje en los municipios de atención prioritaria84, incluyendo la distribución de kits escolares que garanticen el acceso al centro educativo y las condiciones mínimas para el aprendizaje. En el área de calidad las acciones se concentran en implementar un programa de lecto-escritura y matemática, y programas de nivelación y reinserción en el sistema educativo para estudiantes que se hallen fuera del sistema o que adolezcan de grandes rezagos, además de esfuerzos de recolección de información relevante para la toma de decisiones.
• Durante la segunda etapa, de mediano plazo (entre los años 2 a 5), se buscará consolidar las bases para restaurar la calidad y la eficiencia de los servicios educativos, por medio de intervenciones y acciones para:

i) diseñar e implementar un plan de recuperación de la infraestructura escolar;

ii) revisar la oferta de programas para desarrollo infantil temprano para niños de 0 a 5 años y mejorar la calidad de los servicios infantiles;

iii) mejorar la calidad de los aprendizajes en todos los niveles educativos a través de un plan para una reforma curricular basada en competencias;

iv) fortalecer la formación inicial y en servicio de los docentes y reformar la carrera docente; e

v) implementar un sistema de información y gestión educativa que permita contar con información sobre el sistema para reformar la ley de financiamiento escolar, de modo que garantice la equidad en la atribución de los recursos.

4. Restablecer el acceso a servicios básicos

A) Electricidad 

• Las intervenciones para el primer año se enfocarían en el restablecimiento de la capacidad de generación térmica y la generación de respaldo crítico, con especial atención a la región de Zulia, donde la provisión se ha deteriorado en mayor medida, además de intervenciones para rehabilitar la red de distribución y transmisión y recuperar el Centro Nacional de Despacho (CND). Este trabajo incluye la realización de auditorías técnicas de las plantas térmicas, hidroeléctricas y las principales subestaciones de alto voltaje, la compra e instalación de repuestos y equipos para la rehabilitación de los activos críticos, el diagnóstico de la infraestructura para el suministro de combustibles líquidos y gas natural para la generación, la elaboración de un plan de suministro de combustibles, así como la preparación de planes de fortalecimiento de la infraestructura y de la capacidad institucional del ministerio y de Corpoelec, siendo el CND una pieza fundamental del sistema. Dada la escala de las intervenciones, se propone instaurar una gerencia de proyectos que apoye la implementación y un fondo de financiamiento que administre los recursos destinados al sector, provenientes de diferentes fuentes.
• En el mediano plazo se buscará mejorar el marco institucional y la sostenibilidad del sistema. Dentro de las acciones orientadas a asegurar la sostenibilidad del servicio en el mediano y largo plazo se incluyen:

i) fortalecer la capacidad institucional y gerencial de las entidades rectoras;

ii) reformular el sector eléctrico para permitir la participación del sector privado, promover la competencia, reducir los costos del servicio y mejorar la eficiencia del sector;

iii) crear los organismos de planeación, regulación y supervisión del sector;

iv) recuperar la confiabilidad del sistema y reforzar la infraestructura existente;

v) incrementar la eficiencia energética, incluido un plan de reducción de pérdidas del sector, para disminuir las necesidades de generaciones actuales y futuras;

vi ) mejorar la calidad del servicio;

vii) iniciar un proceso gradual de transición tarifaria que refleje los costos eficientes de la prestación del servicio.

El costo estimado para el período de 5 años es de aproximadamente 7.100 millones de dólares, incluyendo actividades de mejoramiento de la generación, transmisión y distribución. Los recursos mínimos requeridos para el primer año representan 217 millones de dólares. 

B) Agua

Las intervenciones de emergencia en el sector de agua buscan garantizar la provisión a hospitales y otras instalaciones estratégicas, procurando garantizar la provisión de agua de 50 litros por día por persona y apoyar la reconversión de las empresas de agua en el país. Específicamente, dentro de las actividades de emergencia en este sector se espera:

1. implementar un esquema de apoyo de emergencia a los operadores de los servicios de agua.
2. proporcionar suministro de agua de emergencia en instalaciones clave e instalar puntos de distribución de agua en zonas críticas y en hospitales por medio de la rehabilitación de pozos de emergencia.
3. garantizar el suministro de un mínimo de 50 litros de agua per cápita al día y
4. realizar diagnósticos detallados de infraestructura y desarrollar herramientas de planificación para el sector.

• El objetivo de esta segunda etapa es asegurar una provisión de 200 litros por persona por día para una población estimada de 30 millones de personas. Las actividades que se llevarán a cabo durante esta etapa son una continuación de las actividades del primer año, además de:

1. la rehabilitación de la infraestructura crítica de tratamiento de aguas residuales; y
2. la preparación de planes de manejo de cuencas para un adecuado uso de los recursos hídricos. Además de estos temas, se planea trabajar en un esquema de manejo de recursos humanos y en la formulación de un esquema tarifario que favorezca la sostenibilidad del sector.

El costo mínimo de las intervenciones en el sector se estimó en 675 millones de dólares para el primer año, mientras que para los siguientes 4 años se estima un costo total de 3.800 millones de dólares. 

Conclusiones 

Existen otros apartados sectoriales muy técnicos, que no colocaré en este escrito para no abrumar al lector con una marea de datos, que implican una transformación profunda del papel del Estado y sus políticas de gestión, por lo cual me limitaré a pasar directamente a las observaciones de corte político que mi experiencia me indica:

1. Los inmensos gastos de infraestructura para la reconstrucción en agua, electricidad, transporte, saneamiento ambiental y otros, requiere supervisión internacional rigurosa y transparente y que las empresas constructoras sean las más capaces técnicamente y fuertes financieramente, para evitar situaciones catastróficas de corrupción administrativa y “elefantes blancos”, tal como hoy en día existen en toda la geografía nacional.
2. La creación de una nueva institucionalidad tal como requiere el B.I.D. implica la desaparición del fenómeno tradicional del “clientelismo político” o sea que no podrían dividirse los ministerios e institutos autónomos o fundaciones, ni tampoco alcaldías y gobernaciones como rebanadas de torta entre grupos políticos o empresariales, para que hagan “lo que les dé la gana”, dentro de su parcela de poder, respetando una política pública nacional, estadal o municipal. esto solo es posible con un verdadero pacto político nacional.
3. En el caso de la asistencia financiera a los sectores productivos, estos deben asumir que no ocurrirá como en el pasado, donde multiplicidad de “vivos” se declaraban en quiebra para no pagar los préstamos y fundaban nuevas empresas o planteaban grandes conflictos para obligar al Estado a condonar o perdonar las deudas. Esta vez, habrá persecución internacional contra dichos empresarios que no sean competitivos a escala internacional.
4. Se va a requerir un cambio completo de paradigma para lograr adaptar la educación nacional a los estándares del siglo XXI, dado el evidente retraso en atención a los estudiantes en materias de corte científico y el grado de destrucción de las instalaciones físicas en general. Los numerosos sindicatos y federaciones educativas, tendrán que aceptar este cambio dramático o puede ocurrir como en México y terminen de sabotear las reformas educativas y haciendo fracasar los proyectos de cambio.
5. En el sector salud se va a requerir una reestructuración total de todos los servicios de prestación de salud pública a nivel nacional, estadal y municipal para eliminar los centenares de servicios propias de cada institución en particular y pasar una sola institución nacional con todos los adelantos institucionales y tecnológicos de países avanzados tipo Taiwán o el Reino Unido.
6. Estos cambios señalados anteriormente, exigen unos cambios muy profundos a nivel legal y político, que incluso en mi opinión requieren de una reforma constitucional para repartir las competencias de ministerios, gobernaciones y alcaldías, sobre bases técnicas y financieras “reales”. Esto implica aceptar la verdadera debilidad de Estados y municipios para atender los problemas cotidianos de la población y transformarlos en cuestión para responder a dicha problemática.Gracias a los estimados lectores por su atención a esta serie de tres artículos sobre el tema…

@daniel_arias_a