Al momento de escribir estas líneas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, acaban de reunirse en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Aparte de los temas de la agenda bilateral anunciados previamente a la prensa, como la lucha contra el narcoterrorismo, los derechos humanos, el ingente problema de los flujos migratorios y el cambio climático, ambos mandatarios cumplieron de alguna manera con las expectativas que se habían creado los días previos respecto al expediente Venezuela, muy en consonancia con todo el trabajo publicitario que el presidente colombiano y su equipo de asesores habían desplegado bajo el eslogan de “Más democracia, cero sanciones”.
En su recuento a la prensa, Gustavo Petro se esforzó en darle igual importancia a los dos factores de la ecuación, señalando que en su reunión con Biden planteó que a partir de la conferencia que se realizará en Bogotá el próximo martes 25 de abril sobre Venezuela y en las próximas discusiones dentro del formato de México, se considere como las dos partes de la balanza, el tema de las elecciones y lo relativo al desmontaje de las sanciones.
En otras palabras, que las subsiguientes conversaciones graviten en la construcción de dos rieles paralelos. En uno, se impulsaría sostenidamente el cronograma electoral venezolano, con garantías, y la reincorporación de Venezuela al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (propuesta de Colombia). En el otro riel, se promovería la desactivación progresiva de las sanciones impuestas al régimen de Maduro, hasta llegar a la meta de permitir al pueblo venezolano elegir libremente su destino, sin presiones y sin sanciones. Palabras más, palabras menos.
Puesto así tan bonito, el panorama pareciera mostrar esa luz al final del túnel, pero conociendo la naturaleza del régimen madurista, la propuesta de Petro pudiera estar rayando en esa dimensión de lo quimérico.
Asumiendo como buenas las intenciones de Gustavo Petro, nunca olvidando que siempre están de por medio obvios intereses, no está de más recordar que para Nicolás Maduro solo existe un orden de los factores de la ecuación; esto es, quítenme primero las sanciones que yo veré luego hasta dónde cedo en las condiciones políticas-electorales que demandan la gran mayoría de un país y la comunidad internacional, con miras a las presidenciales de 2024.
Entre ellos se entienden
Obsesionado por su proyecto de Paz Total, Petro necesita a Maduro, así como éste necesita de él. La reciente trama de corrupción desatada dentro del chavismo revela, una vez más, el grado de dependencia del régimen chavista de las fuentes de financiamiento irregulares, o ilícitas como mejor guste. Pdvsa, algo que al parecer se le fue de las manos al gobierno de facto, es una muestra fehaciente, con todo el entramado de negocios oscuros que buscaron burlar las sanciones internacionales.
Pero, además, a nadie escapa que el crimen internacional organizado –y aquí entran a tener un papel protagónico los ya conocidos e indeseables socios del régimen venezolano– representa actualmente uno de los principales medios de subsistencia de la élite gobernante madurista. Las estrictas sanciones en vigencia, especialmente desde 2019, han obligado a los camaradas chavistas a hundirse cada vez más en sus miserias delictivas (oro, narcotráfico, etc.) Su supervivencia depende de ello.
De allí, todo este despliegue de Petro anunciado con bombos y platillos la llamada “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela”, que, con el conveniente consentimiento de Nicolás Maduro, tiene entre los dos temas centrales –tal como se apuntó previamente- las consideraciones sobre el levantamiento de las sanciones económicas, particularmente aquellas de Estados Unidos.
Para decirlo un poco más claro: una parte importante del plan de “Paz Total” de Gustavo Petro, descansa en la desmovilización de los grupos insurgentes narcotraficantes de Colombia, cómodamente asentados en Venezuela. Para este cometido, tal vez con la carga ingenua que ello representa, el presidente colombiano necesita, tanto de la ayuda de La Habana – pilar histórico de la insurrección armada en América Latina -, como de su nuevo mejor amigo, Nicolás Maduro, factor mediador clave (ya de hecho designado) en las negociaciones acordadas entre el gobierno de Colombia y el longevo Ejército de Liberación Nacional (ELN).
No está de más mencionar que una fracción importante de la llamada Segunda Marquetalia (Disidencias de las FARC, desvinculadas de los acuerdos de paz de 2016), y compinches también del régimen venezolano, han manifestado cierto interés de sumarse a las conversaciones con Bogotá.
Muy al margen de que la propuesta de Petro pueda resultar una simple fantasía, su administración maneja dos escenarios que no quisiera descartar. En ambos, el gobierno colombiano aspira a tener un vecindario tranquilo como requiso para su proyecto de Paz Total.
Uno de ellos implicaría que, en caso de que la presión internacional e interna obliguen de alguna manera al régimen a negociar los términos de una transición democrática, incluso con relajamiento de sanciones (escenario en estos momentos muy improbable por la debilidad de las fuerzas políticas opositoras), se pondría término a una asociación de años entre el gobierno de facto actual y los grupos insurgentes y organizaciones del crimen organizado que mantienen en vilo la frontera este de Colombia. Es decir, un nuevo gobierno en Venezuela procuraría acabar con todo el esquema criminal e insurgente actual.
En un segundo escenario manejado por Petro, se mantendría el estatus quo en Venezuela, gracias a un errado cambio de estrategia de las potencias que implique una relajación significativa de las sanciones sin verdaderas condiciones electorales a cambio. Esto le otorgaría al régimen el suficiente oxigeno financiero para mantener su proyecto existencial continuista, y tal vez, sólo tal vez, es posible que Miraflores -en un acto de desprendimiento que obviamente hoy día cualquiera lo vería como un sueño en colores- asuma un verdadero compromiso como mediador en el conflicto interno colombiano, convirtiéndose en factor clave de la resolución de este, objetivo prioritario de Petro.
Más allá de estas dos consideraciones del gobierno colombiano, un tercer escenario, muy similar al anterior, y que hace de la propuesta de Petro una verdadera quimera, es el que hoy día tenemos y se sigue proyectando. Esto es, se mantienen las mismas sanciones impuestas al régimen hasta los momentos por falta de voluntad política de Nicolás Maduro, quien continuará desestimando las presiones básicamente de Estados Unidos, Europa y Canadá; se realizan elecciones presidenciales en 2024, pero sin las condiciones mínimas necesarias que garanticen un proceso libre, competitivo y transparente; y Maduro se mantiene en el poder amparado en sus fuentes de financiamiento ilícitas, bajo el paraguas protector de sus mentores autoritarios: China, Federación Rusa, Irán y Cuba, y la condescendencia ideológica de sus pares latinoamericanos de la actual marea rosa.