Mirar de cerca el pasado guerrillero de Gustavo Petro, su activismo político y su recorrido dentro de lo público permite descubrir muchas cosas -unas cuantas torcidas- sobre sus apegos ideológicos. Lo que no es posible es encontrar un punto de coincidencia o una sintonía con Nicolás Maduro, sus inquietudes sociales, su manera de manejar el poder o de administrar un país. Argumentar que tienen en común que ambos son izquierdistas denota un simplismo superlativo. Las izquierdas de hoy pueden diferir notablemente de un país a otro y de una corriente política a otra, tanto en conceptos como en su aplicación.
Es por ello que creo que cuando una organización como InsightCrime se pronuncia en torno a los dos países fronterizos y asegura que “el camino hacia la paz en Colombia pasa por Venezuela” basándose en el hecho de que ambos países podrían trabajar en el objetivo común de la desmovilización del ELN en Colombia para configurar la Paz Total a la que aspira Gustavo Petro en su país, se equivoca de plano.
La motivación y los objetivos del cordobés Gustavo Petro al negociar la entrega de las armas y el pase a la legalidad de los guerrilleros del ELN son muy diferentes de aquellos a los que ha apuntado Maduro al haberle abierto las puertas de las fronteras al ELN en Venezuela.
Mientras en la Colombia de Petro las negociaciones se orientarán a lograr la incorporación de los insurgentes a la vida activa social, institucional y política del país, lamentablemente a través de mecanismos poco legales y ortodoxos e incluso a través de un acuerdo que lo que conduce es a la impunidad de sus crímenes; en Venezuela lo que se persigue es beneficiar al grupo guerrillero con un ambiente de permisividad total para sus crímenes.
Ocurre que en nuestro país existen estratos claves cercanos a Miraflores que sacan provecho económico de los perversos negocios que estos desarrollan dentro de la geografía venezolana. Hablo de narcotráfico, producción de drogas, control de rutas de contrabando, extracción ilegal de minerales, actividades dentro de las cuales existen beneficiarios uniformados y no uniformados que les facilitan las tareas desde el gobierno. Hacerse de la vista gorda en cuanto a la violencia que estos generan, al tráfico de personas, a la prostitución de menores, al adoctrinamiento de jóvenes, forma parte del ambiente criminal que se viene dando dentro del país y que el régimen desea perpetuar por el beneficio económico que ello les produce.
Tienen razón los investigadores de InsightCrime cuando tras su investigación aseguran que “el ELN controla más cruces fronterizos clandestinos, zonas de producción de drogas y rutas de contrabando que cualquier otro grupo, incluido el Estado venezolano y que la organización guerrillera está “presente en un tercio de los estados venezolanos, concretamente en 40 municipios de 8 estados, lo que supone 40% del total de las filas del ELN”.
Para los jerarcas de la revolución bolivariana este estado de cosas no debe cambiar. Facilitar las tratativas de paz en Colombia, a los ojos de terceros, no muestra esta cara del asunto que se da del otro lado de la frontera. Más bien resulta plausible para todos que la Venezuela de Maduro se aboque a colaborar con Petro en conseguir un objetivo de validez irrefutable como lo es la Paz Total de Colombia. Solo que los intereses de cada uno y de otro no son coincidentes.
Para el ELN, por su lado, es la gran oportunidad de validarse en su país en lo social y en lo político, de lavarse la cara de las fechorías cometidas a lo largo de casi seis décadas y, al propio tiempo, de permanecer activos y protegidos en el prolífico ambiente venezolano.