Foto EFE
El nuevo gobierno de Colombia del presidente Gustavo Petro, de tendencia centro-izquierda, intenta desarrollar una agenda muy amplia, pero se enfrenta a múltiples problemas. En sus primeras semanas logró construir una coalición amplia en el Congreso y consolidó una mayoría que en este momento le garantiza la aprobación de los proyectos de ley que presente. Sin embargo, no se sabe qué tan sólida es esta coalición y qué tan capaz de sobrevivir al debate de propuestas difíciles.
La primera prueba de fuego que afronta es la reforma tributaria que tiene como meta recaudar aproximadamente 4,5 billones de dólares, y para ello se ha planteado cuatro objetivos. En primer lugar, busca eliminar o disminuir una larga lista de privilegios tributarios que hacen que la tasa efectiva de tributación sea mucho menor a la nominal. Por otro lado, busca aumentar la progresividad de los impuestos de manera importante, incluyendo impuestos a las ganancias ocasionales y a los dividendos de las empresas (por lo cual se le ha acusado de introducir doble tributación) y haciendo que las regalías de las explotaciones mineras (especialmente del petróleo) no se puedan descontar de las ganancias para efectos de liquidación de impuestos de las empresas.
Además, se busca establecer sobretasas impositivas temporales al sector financiero y a los altos precios internacionales de los productos minerales (petróleo y carbón). Y, por último, fortalecer la DIAN (oficina de impuestos) para disminuir la evasión de impuestos.
La coalición de gobierno logró (con facilidad) su aprobación en el primer debate, pero posiblemente para hacerse con la aprobación definitiva en noviembre tendrá que negociar algunos puntos con varios grupos políticos y con los empresarios que han sido muy críticos a la reforma. Posiblemente el gobierno hará que la reforma pase, pero es seguro que las relaciones con el sector productivo y financiero van a verse afectadas. De lograrse esta aprobación, sin tener que hacer demasiadas concesiones, el nuevo estatuto tributario será un cambio muy importante con respecto a lo que tradicionalmente se había hecho en Colombia.
Un segundo propósito prioritario del gobierno de Petro es la implementación del acuerdo de paz. Este proyecto, al que el gobierno anterior le dio una prioridad muy baja, es otro asunto de difícil manejo. Fundamentalmente requiere una reforma agraria integral que es probable que sea costosa (por esa y otras razones la reforma tributaria es tan necesaria). En Colombia ha habido varios intentos frustrados de emplear este tipo de reformas (lo que, según algunos, contribuyó a crear un clima propicio al desarrollo de movimientos guerrilleros).
Tradicionalmente la industria ganadera se ha opuesto de manera radical a este tipo de reformas. Sin embargo, la semana pasada la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) firmó un acuerdo con el presidente Petro y la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, por medio del cual se compromete a venderle al gobierno 3 millones de hectáreas de tierra productiva a fin de que este ejecute los programas de reforma agraria integral. El plan del gobierno incluye proveer de tierra a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y a los campesinos pobres, dentro de un marco que incluye asistencia técnica, crediticia y de provisión de bienes públicos.
A pesar de estos (y otros) significativos éxitos tempranos del gobierno, también hay nubarrones en el horizonte. Falta claridad sobre el contenido de otra serie de reformas propuestas. Por ejemplo, una de las promesas era la reforma del sistema de salud, pero aún no se conoce un borrador de proyecto de reforma. La ministra, Carolina Corcho, ha hablado de reformar las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), entidades, en su mayoría, privadas, que constituyen el elemento básico del sistema y que reciben los recursos del gobierno para proveer los servicios de salud a la población. Alrededor de esta reforma se han tejido una serie de suposiciones que el gobierno no ha aclarado aún y que han generado temor en ciertos sectores. Es importante mencionar que, aunque el sistema de salud tiene muchos problemas, en comparación con otros servicios de países de la región siempre sale calificado como uno de los mejores.
Incertidumbre similar existe con respecto a una prometida reforma laboral cuyos elementos básicos no se han aclarado tampoco. Lo mismo sucede con relación a la reforma pensional que el presidente (y otros candidatos) mencionaron durante la campaña. Según el presidente, lo que se quiere es garantizar a todo colombiano mayor de 65 años una pensión mínima de medio salario mínimo (un poco más de 110 dólares mensuales a la tasa de cambio actual). Esto claramente ha creado muchas expectativas que, de no cumplirse, podrían convertirse en un importante pasivo político para el gobierno durante sus últimos años.
En términos de política energética, las declaraciones del presidente y de algunos ministros han sido contradictorias. El objetivo es “descarbonizar la economía”, transitando al uso de energías limpias, pero no está claro cómo se piensa hacer. Se ha hablado de terminar o limitar la exploración de gas y petróleo, pero existe el peligro de que, a largo plazo, el país termine importando estos recursos al no poder desarrollar con suficiente rapidez fuentes limpias de energía. Además, se tendrían que sacrificar las exportaciones de petróleo, que constituyen, de lejos, la principal fuente de divisas. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha desmentido que se piense limitar la exploración petrolera.
Finalmente, el contexto económico nacional y mundial limita de manera notoria la capacidad de maniobra del Gobierno. Los altos niveles de inflación (que en Colombia está en niveles superiores al 11% anual) han forzado al banco central a elevar las tasas de interés, lo cual seguramente tendrá efectos sobre el crecimiento económico.
Los altos niveles de endeudamiento del Gobierno, junto a las altas tasas de interés mundiales y la importante devaluación del peso colombiano, han encarecido el servicio de la deuda externa pública y privada. Esto ha agravado el déficit fiscal que ya era alto, como resultado de la pandemia de la COVID-19 durante los años 2020-2021.
Aunque las tasas de crecimiento del PIB fueron relativamente altas en 2022, para el año entrante se pronostica una caída considerable en el crecimiento y hay quienes hablan de la posibilidad de una recesión.
Dentro de este preocupante contexto económico, surgen muchas dudas sobre la capacidad que el nuevo gobierno tendrá para aplicar las costosas reformas que ha propuesto. La reforma tributaria es un punto importante a favor, pero no es suficiente.
Jaime Tenjo G. es economista y consultor de organismos nacionales e internacionales. Especializado en mercados laborales, género y discriminación. Profesor de varias universidades en Canadá y Colombia. Doctor por la Universidad de Toronto.
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