El presidente de Colombia, Gustavo Petro, copa el centro de la atención por la cumbre internacional que se realizará en Bogotá el próximo 25 de abril sobre la situación venezolana. Está previsto que asistan representantes de cancillerías europeas, de gobiernos latinoamericanos y de la administración de Joe Biden.
El objetivo de la conferencia es destrabar las negociaciones de México entre el régimen venezolano y la Plataforma Unitaria. Para -dijo Petro en su gira por Estados Unidos y antes de verse con Joe Biden- «que no haya sanciones y que haya mucha democracia». Luego invirtió los términos: «Más democracia y cero sanciones». Que suena mejor aunque es una concesión semántica -para que haya más democracia deberá haber antes alguna- y quizás excesiva para una sola reunión donde no estarán las partes en conflicto. Y una, los opositores, ni siquiera ha sido escuchada.
A quien sí ha oído Petro es a Maduro, con el que se ha reunido cuatro veces con el remate del canciller Álvaro Leyva en su visita del domingo a Miraflores. El régimen avala la cumbre porque permitirá reanimar la «lucha de nuestro pueblo» por la soberanía, la independencia y el levantamiento de las sanciones (medidas coercitivas unilaterales en el lenguaje oficial). La democracia, muerta en sus intenciones, está proscrita en su habla.
Cuando Petro era candidato, apenas el año pasado, asoció a Maduro con «las políticas de la muerte». Lo caracterizó para la revista Semana en el fragor de la campaña electoral como un integrante «muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial que están tratando de defender que el mundo permanezca en una economía fósil». Tan fósil en este caso como la democracia.
El embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, de costumbre reñido con los modos diplomáticos, se permitió corregir a su presidente al afirmar que la agenda de Bogotá no incluye el tema de la democracia, solo el de las sanciones. Benedetti ha hecho suyo el discurso oficial sobre el «devastador» impacto de las sanciones en la crisis venezolana, sin consideración alguna de la data que documenta el desastre nacional desde mucho tiempo atrás.
De hecho el contacto del gobierno de Petro con la Plataforma Unitaria es el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo -ministro de Ambiente en el gobierno de Juan Manuel Santos y candidato a vicepresidente en la fórmula de Sergio Fajardo en las elecciones que ganó Petro-. Quizás fue él quien tramitó de urgencia la reunión que Petro sostendrá el viernes con la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria en Bogotá.
Stalin González, que es miembro de ese equipo negociador, percibe que Petro «tiene ganas de ayudar en la crisis venezolana», ve con «buenos ojos» la cumbre y advierte que para levantar las sanciones «tiene que haber democracia». Como también lo adelantó el asesor principal de Biden para América Latina, Juan González, al decir que «abordar» el levantamiento de las medidas tiene que ser el resultado de una «negociación con otras fuerzas políticas para que se celebren elecciones libres y justas».
Petro es indudable que busca posiciones de liderazgo regional con esta iniciativa y, además, está interesado en algún grado de normalización en la vida de su vecino por obvio y legítimo interés económico y de seguridad. Por su agudeza política, que la tiene, sabe que corre un riesgo si las cartas están marcadas.