Petro: lesión a las instituciones

Colombia no está feliz con el protagónico papel que ha decidido jugar Gustavo Petro en aquello de solidarizarse con el expresidente del Perú Pedro Castillo. Un alud de severas críticas en la prensa y en las redes fue lo que logró recoger este hombre que no se destaca por sus posiciones equilibradas. Tampoco el cordobés es de los que evita el conflicto sino más bien usa estas situaciones para salir a buscar lo que no se le ha perdido.

Tenía que haberlo pensado mejor el recién electo mandatario colombiano antes de meterse en camisa de once varas. Deliberadamente ignoró los hechos que llevaron a Castillo a un rocambolesco intento de disolución del Congreso de su país haciendo uso de poderes que no le competen y sometiendo al país a una zozobra inenarrable a raíz de tal desaguisado. Ni la separación de poderes ni el debido respeto constitucional estuvieron presentes en la abyecta intentona de Golpe de Estado que tan torpemente decidió secundar el Ejecutivo colombiano. También los asesores de Gustavo Petro olvidaron recordarle las circunstancias que habían colocado al dirigente peruano en una situación harto cuestionable en el terreno de la corrupción. Sin necesitarlo, Petro salió a solidarizarse con quien no debía y sus electores terminarán cobrándoles el desaguisado cuando en algún otro momento le toque hacer apelación a las instituciones democráticas de su país.

Pero está claro que lo que le quita el sueño al presidente de Colombia no es la legalidad, ni el orden ni el respeto por la constitucionalidad en su tierra. Todo parece ser válido, por ejemplo, cuando se trata de darle alas a la mal llamada Paz Total. Ahora otro desaguisado de terribles consecuencias son los indultos por decreto con los que quiere beneficiar a un conjunto de delincuentes comunes, violadores de derechos humanos que en su parecer resultarían útiles como “gestores de paz” a los fines del acometimiento de este proyecto con que tiene pasado pasar a la historia. Es decir, el fin justifica la arbitrariedad de los medios

Nadie lo resume mejor que María Clara Ospina cuando dice que Petro insiste en amnistiar a los delincuentes de la “primera línea” y darles fuero como “gestores de paz”, o sea, darles libertad con total impunidad a quienes, ante los ojos de una ciudadanía atónita y aterrorizada, cometieron toda clase de crímenes y atropellos contra la fuerza pública, los puestos de policía y el ciudadano común, además de destrucción del servicio de transporte público y propiedades públicas privadas, incluso hospitales. Una burla total contra las víctimas, sus familias y la ciudadanía indefensa

Ahora son las autoridades judiciales de su país quienes a través de la prensa se ponen de pie para denunciar tales tropelías, al igual que instituciones de la comunidad internacional, preocupadas por el debilitamiento de la independencia de los poderes y la pérdida de autonomía de la Justicia que se viene alimentando desde la propia Casa de Nariño. No es buena la deriva asumida por el mandatario.

Lideres y dirigentes de probadísima trayectoria en Colombia y representantes de lo más granado de todas las profesiones y gremios de su país se han pronunciado ante la desfachatez de pretender utilizar írritamente poderes discrecionales en beneficio de un proyecto que lleva su sello. Veintiún exjefes de Estado se han decidido a respaldar, a través de un comunicado, a innumerables autoridades judiciales colombianas que han llamado la atención sobre esta subversión del orden legal. Estas personalidades han considerado que se estarían debilitando por esta vía “elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente”.

El tema no es poca cosa. Los alertas han estado allí y vienen de todas partes: El fiscal, la procuradora general, el defensor del pueblo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La tormenta jurídica ya se desató y al presidente le costará desandar lo andado cuando cobre -si es que cobra- conciencia del desastre institucional al que está apuntando.