El 25 de julio de 2025 será la fecha clave. La investigación del CNE colombiano contra las irregularidades de la campaña de Gustavo Petro en las elecciones del 2022 que llevaron al candidato del Pacto Histórico al Palacio de Nariño ya está avanzando. Para el presidente este hecho configura algo similar a un golpe de Estado.
El 8 de octubre fecha se inició el proceso y se formularon cargos con correspondientes copias a la Fiscalía. De allí en adelante los hitos más importantes de esta investigación son el 31 de octubre cuando termina la presentación de descargos por parte de los investigados. Luego, hasta el 1 de febrero se presentarán pruebas sobre lo deliberado y por último, el plazo para dictar la decisión por parte del despacho ponente caduca el 29 de junio de 2025. Lo más relevante de todo es que uno de los investigados es el propio Gustavo Petro.
Se trata de una acusación e investigación por la eventual vulneración de los topes de gastos electorales que están establecidos por Ley y ello, sin duda, comporta una seria responsabilidad. Pero la realidad es que se trata de un procedimiento cuya consecuencia puede ser una sanción pecuniaria a quienes resulten culpables.
¿Cuál es pues la razón para que el mandatario cordobés, visiblemente enardecido, la haya emprendido en contra del Consejo Nacional Electoral y haya calificado a esta iniciativa administrativa como el inicio de un posible proyecto que aspiraría a su defenestración? Si discurso es una pieza oratoria digna de ser recordada. En ella no deja de sostener el argumento que quienes le adversan pretenden no dejarle gobernar, refiriéndose al conjunto de proyectos de reformas que o bien no ha conseguido poner en marchar o a las que han resultado verdaderos fiascos.
El fuero presidencial no está en riesgo pero la intemperancia presidencia no admite que se le adverse. Lo que sí estaría en entredicho son las elecciones del año 2026 y es a ello a lo que apunta el mandatario en ejercicio. Cuando asegura que quienes le acusan están “queriendo vulnerar los derechos políticos de los ciudadanos”, se refiere al nuevo proceso electoral en el cual sería protagonista y no a otra cosa.
El país colombiano va a estar pendiente de esta investigación por los próximos 8 a 10 meses, lo que coloca a Colombia a un año de distancia de su próxima gesta electoral. Las horas y días que separan al país de la justa electoral serán turbulentas, pues el jefe del Estado se ha decidido a poner el asunto en manos de una supuesta Asamblea Popular de manera que ésta defienda los derechos que se estarían, según él, vulnerando. “Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia” ha dicho. “Les solicito a todas las organizaciones populares reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordenó a la Fuerza Pública no levantar una sola arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia”.
Cualquier parecido con la actuación de Nicolás Maduro del otro lado de la frontera no es casualidad. Una mala administración, o una corrupta, al igual que una autocrática o dictatorial, tarde o temprano se enfrenta al escrutinio de la ciudadanía de a pie, a la que se ve a diario afectada por el desgobierno. La manera de enfrentarla antes de ser penalizado es el populismo barato, el llamado a sus pocos seguidores a confrontar con la institucionalidad y a resolver las dificultades a la brava. Pero ello no le devuelve a la población la comida en sus platos o la tranquilidad en las calles.
La ciudadanía en todas partes ya tiene esa lección aprendida … más le vale a Petro dejar a un lado la victimización y la amenaza y ponerse a gobernar en serio en los dos años que le quedan de mandato.