En un mundo marcado por la revolución tecnológica, con una población mundial que supera actualmente los 8.000 millones de personas, surgen escenarios nuevos y complejos como el envejecimiento de la población en Europa, Japón e incluso China.
Mientras América Latina goza aún del llamado «bono demográfico» por contar con una población relativamente joven. Si hoy es imperativo reducir la pobreza y el hambre en el mundo, del mismo modo considero que es necesario reflexionar sobre conceptos como la protección social en la vejez. Cuando surge la seguridad social y se establecen instituciones de la seguridad social en el Perú y América Latina, prevaleció el concepto de que el financiamiento de la seguridad social debía estar en manos de los empleadores, trabajadores y el Estado.
En Perú, el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) creado en 1980 fue sucedido por EsSalud a finales de la década de los noventa, manteniendo la representación tripartita en el Directorio. Como parte de las reformas económicas impulsadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, se crean las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y la ONP; de tal manera que el otrora IPSS se aboca exclusivamente al ámbito de las prestaciones de salud. No olvidemos que en ese entonces con la creación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se hizo posible que el sector privado pueda brindar prestaciones de salud a un sector de los asegurados obligatorios por intermedio de una red de clínicas y compañías de seguros.
Desde hace varias semanas en Francia se ha generado un debate e incluso protesta en las principales ciudades del país, como reacción ante la iniciativa del gobierno para aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. En Europa prevalecen los sistemas de reparto a cargo del Estado, sucediendo que ante el envejecimiento de la población en el largo plazo el Estado o el erario nacional tendrá que afrontar un aumento sostenido del gasto público que erosionará las finanzas y la estabilidad macroeconómica. Francia con un alto nivel de empleo formal, con bajas tasas de desempleo, con millones de trabajadores sindicalizados se ve envuelta en una crisis política, sufriendo el presidente Macron los embates de una crisis social desatada por la protesta en las calles. Ante el aumento del número de pensionistas, se requiere asignar más recursos al pago de las pensiones, en un contexto de mayor longevidad de la población.
En el Perú con una alta informalidad en el empleo, con una edad de jubilación a los 65 años, se han venido dictando normas que han permitido la jubilación anticipada en las AFPs, la autorización para realizar retiros sucesivos en las Cuentas Individuales administradas por las AFP o incluso hacer posible el retiro hasta 95,5% de las cuentas individuales al cumplirse los 65 años.
Hasta la creación de las AFP en 1993 existía un sistema público de pensiones a cargo del entonces Instituto Peruano de Seguridad, estando el financiamiento a cargo de los trabajadores y empleadores (un tercio a cargo de los trabajadores y dos tercios a cargo de los empleadores). La tasa era de 9% sobre los ingresos de los trabajadores y era reajustable en función de los estudios técnico actuariales. Con la creación del sistema privado de pensiones y de la ONP, son los trabajadores los que exclusivamente aportan a ambos sistemas, mientras que los empleadores tienen exclusivamente a cargo el pago de aportaciones a EsSalud.
El Banco Mundial ha publicado diversos trabajos, tales como «‘envejecimiento sin crisis» en los que proponía establecer tres pilares para poder mejorar los ingresos y la calidad de vida en la vejez. Por otro lado el Fondo Monetario Internacional ha insistido en proponer que a lo largo de la vida laboral, los trabajadores inviertan en activos físicos (terrenos, casas o departamentos) con la intención de poder monetizar esos activos y poder compensar el decaimiento de sus ingresos, cuando sean pensionistas.
Las AFPs administran cuentas individuales y garantizan en promedio obtener como pensión a los 65 años alrededor del 40% del sueldo promedio percibido en el tiempo. Las AFPs son una aceptable herramienta de ahorro para los trabajadores estables y con ingresos medios o altos; por el contrario los trabajadores con ingresos bajos, aportes intermitentes no garantiza pensiones ni siquiera equivalentes al salario mínimo vital. Lo cierto es que un pensionista que carece de activos que pueda monetizar en la vejez, tendrá menores ingresos y será vulnerable socialmente.
Es el momento de repensar, analizar y comparar. En mi concepto los sistemas privados de pensiones deben ser de naturaleza complementaria y convertirse en herramientas de ahorro e inversión que dinamicen la economía nacional y hagan posible rentabilizar los ahorros de los trabajadores afiliados. Ante la precariedad de las pensiones, los trabajadores en el sector público trabajan hasta los 70 años y aún se encuentran en curso iniciativas de ley para aumentar la edad de jubilación a los 75 años. Más allá del sistema privado de pensiones o del sistema público a cargo de la ONP, lo cierto es que actualmente en nuestro país; tanto militares, policías, jueces, fiscales o diplomáticos están adscritos a sistemas de pensiones públicos que les garantiza un trato diferenciado y en líneas generales mayores beneficios.
La seguridad social en una economía abierta sigue siendo una necesidad, más allá de sus deficiencias.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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