El desplazamiento forzado mundial ha aumentado a un nivel sin precedentes de 70,8 millones, poniendo a prueba los principios y valores de la cooperación internacional.
Las guerras, la violencia estructural, la persecución política y el cambio climático han obligado a un número récord de personas a huir de sus hogares en todo el mundo, de acuerdo con el último estudio de tendencias globales publicado por Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. Aunque cerca de dos tercios de esta cifra son desplazados internos (PDI), personas que no han abandonado su país de origen. Sin duda que las migraciones forzadas es un tema que plantea un reto importante para el multilateralismo, contrapunto necesario a la retórica racista y xenófoba que a menudo impregna los debates públicos sobre refugiados y migrantes, sobre todo durante las campañas electorales.
La esperanza está puesta en el Pacto Mundial sobre Refugiados, que la Asamblea General validó en diciembre de 2018 luego de dos años de extensas consultas, el cual representa la voluntad política y la ambición de la comunidad internacional en su conjunto de fortalecer la cooperación y la solidaridad con los refugiados y los países de acogida afectados.
El mismo constituye un marco para una distribución previsible y equitativa de la carga y proporciona un plan para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y otros actores de la sociedad civil canalicen la ayuda de manera que las comunidades locales obtengan el apoyo que necesitan y las personas afectadas puedan llevar vidas productivas.
Se supone que representa una oportunidad única para transformar la manera en que el mundo responde a las situaciones de refugiados inspirada en el principio de la responsabilidad de proteger, que busca beneficiar tanto a las personas refugiadas como a las comunidades que los albergan.
Es este Pacto Mundial el que debería regir las medidas que hay que tomar en relación con el éxodo venezolano, que de unos años para acá viene transformando el mapa de las migraciones. Ya suman más de 4 millones los venezolanos que han salido del país, lo que nos coloca solo por debajo de Siria, donde una guerra prolongada ha obligado al destierro a más de 6 millones de personas.
La comunidad internacional ha asignado ya unos recursos para la atención a la población migrante venezolana, en el entendido de que se trata de una crisis regional. Algunos de los países y entes involucrados señalan que son insuficientes y, muy probablemente, tengan razón. Sin embargo, inspirada en el discurso de Volker Türk, alto comisionado auxiliar para la protección, ante la 75° Reunión del Comité Permanente que tuvo lugar en Ginebra del 18 al 20 de junio de 2019, quisiera insistir en que una cultura de protección debe ir más allá de los números, y procurar, sobre todo, el bienestar de las personas y las comunidades. Implica abogar por sus derechos, involucrarlos en las decisiones que los afectan, comprender las razones más profundas que se encuentran detrás de su difícil situación y tratar de compensarlos a través de un compromiso operativo concreto y práctico.
Obviamente, lo que pueda hacerse con la ayuda internacional no exime de responsabilidades al Estado venezolano, el cual debería ocuparse de apoyar a sus nacionales en el mundo, mínimo en lo que a servicios consulares se refiere. Sin embargo, como el (des)gobierno de Maduro es el principal culpable de este éxodo histórico y, de alguna manera lo beneficia al quitarle cargas sociales, corresponde a los protagonistas de la transición facilitar la integración de los venezolanos en los países de acogida y, sobre todo, visualizar las acciones cuando se haga realidad la recuperación de la institucionalidad democrática.
En este sentido, el Plan País recoge en primer lugar la necesidad de normalizar el servicio consular e incrementar, en la medida de lo posible, la red de oficinas en el exterior, para atender sin demora las demandas atrasadas con miras a la legalización de la situación de los que decidan quedarse y apoyar a aquellos que apuesten por el retorno.
A mediano plazo resultaría conveniente promover el estudio y revalorización del fenómeno migratorio para entender sus dimensiones reales y hacer un diagnóstico acertado de las necesidades más urgentes de la diáspora venezolana. Por ello, se recomienda la creación de la Agencia de Venezolanos en el Exterior (Venex) como órgano descentralizado y con autonomía técnica del nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, para que sirva de enlace y motor de las iniciativas que puedan surgir.
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