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Marco Tulio Bustos Gutiérrez / Latinoamérica21
Cuando en 2019 Sebastián Piñera se refería a Chile como un oasis en medio de una América Latina con grandes adversidades económicas y políticas, nunca pensó en los hechos que vendrían a continuación. Los últimos meses de ese año se vivió un estallido social lleno de protestas y enfrentamientos entre las fuerzas armadas y del orden público con la ciudadanía. De acuerdo con la Secretaría General de la Presidencia, el costo económico que tuvieron las movilizaciones, actos vandálicos y de violencia rondó los 3.000 millones de dólares para el país. Al revisar el índice mensual de actividad económica (Imacec) se puede ver la baja que tuvo la actividad comercial en Chile hacia finales de ese año como consecuencia del descontento social.
La llegada del COVID-19 a Chile en 2020 y las medidas sanitarias adoptadas sumaron efectos para dar pie a una reiterada caída de la actividad económica en el país, que ya había sufrido bastante en 2019. Esta situación se prolongó hasta mediados de año, pues en julio se autorizó el uso de los fondos de pensiones a las personas cotizantes, lo que dio un respiro a la economía con los recursos que les fueron inyectados.
Sin embargo, esto no fue suficiente, pues la desocupación de dos dígitos que se experimentó a lo largo de 2020 ―y que se prolongó hasta mayo de 2022― mermó la autonomía económica de las personas y presionó para autorizar un segundo y tercer retiro de los fondos de pensiones en diciembre de 2020 y abril de 2021. Esto significó una inyección de dinero cercana a los 50.000 millones de dólares al mes de agosto de 2021 por concepto del retiro/rescate de los fondos de pensiones. Este incremento de la liquidez privada, además de las transferencias y ayudas entregadas por el gobierno a hogares y empresas desde 2020, generaron un incremento de la base monetaria y la duplicó durante el segundo semestre de 2021.
Si bien el incremento de liquidez puede ser un factor que incentiva el aumento de los precios, dado que existe una demanda creciente, producto de un incremento de la capacidad de pago extraordinaria y una oferta constante o disminuida de bienes y servicios, este no es el único factor. De hecho, buena parte del incremento del 7% en la inflación que se ha vivido en Chile en lo que va de 2022 se debe a aspectos exógenos.
Los precios en el orden internacional han ido en aumento por la presión que ejerce el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el cual empezó en el mes de febrero. Este conflicto ha actuado en dos frentes que acentúan los efectos de la crisis sanitaria. Por un lado, ha impulsado un incremento en el valor de los alimentos y combustibles (elementos fundamentales para la población). Por el otro, ha generado la ruptura de la cadena de suministros y el aumento del valor de materias (elementos fundamentales para los productores).
Además, no hay que olvidar el desabastecimiento de bienes finales a escala global, por las medidas sanitarias draconianas que adoptó China en busca de minimizar el número de contagios por COVID-19, y un crecimiento económico menor al esperado en el segundo semestre de 2022, que presiona al alza el valor del dólar para el caso de Chile. El deterioro del tipo de cambio favorece a las exportaciones, pero encarece las importaciones, lo que a su vez se traduce en un factor de presión para los precios de los bienes que se demandan en el interior del país.
En la actualidad, una de las funciones que tienen los bancos centrales es el control de la inflación a partir de estrategias de política monetaria con el fin de mantener el poder adquisitivo de las personas en el tiempo, mitigar fluctuaciones en el desempleo y favorecer la producción de bienes y servicios. El Banco Central de Chile, como una forma de contrarrestar los niveles de inflación, ha venido incrementando la tasa de interés de política monetaria, que llegó este 14 de julio a 9,75%, la más alta de los últimos 20 años. Al incrementar la tasa de interés, se encarece la inversión productiva, se desmotiva el gasto en consumo y el deseo de mantener dinero líquido.
Sin embargo, de continuar con este tipo de estrategia, Chile podría enfrentar un panorama de estanflación. Esto es, estancamiento económico con alta inflación. La teoría económica menciona la presencia de ciertas condiciones que se están conjugando para que eso ocurra: varios trimestres con caída o disminución del producto interno bruto (PIB), incremento de los precios, altas tasas de interés, devaluación y balanza comercial negativa.
Una alternativa a la política monetaria son los controles que eventualmente los gobiernos pueden ejercer sobre el aumento tanto de salarios como de los precios, los famosos pactos económicos. Pero se presenta la dificultad de poder mantenerlos en el tiempo y, dada la heterogeneidad contractual y laboral, se hace complejo determinar quiénes o qué funciones quedarían fuera de este control.
Sea cual sea la fórmula que se emplee para controlar la inflación, debe considerar el efecto sobre el bienestar de la sociedad y las repercusiones para esta a corto y mediano plazo.
Marco Tulio Bustos Gutiérrez es economista, académico asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, por FLACSO México.
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