Foto Voz De América
Hasta donde he alcanzado a investigar, el concepto de Estado fallido se ha configurado con el uso: desde finales de los ochenta, probablemente en Estados Unidos, se comenzó a utilizar esta fórmula –fórmula de denuncia– que agrupaba a los países cuyos Estados resultaban incapaces de prestar a la población los servicios y las respuestas básicas que las sociedades requieren para funcionar. Entonces, creo recordar, varios países de África, Asia y América Latina eran descritos de ese modo. En nuestro continente, Haití se mencionaba como el caso más emblemático: nación pobrísima, donde las instituciones no funcionaban bien, carcomidas por la corrupción en la mayoría de sus instancias.
Con el paso del tiempo, el que era no más que un enunciado muy descriptivo, ha adquirido las proporciones de una categoría del análisis político, económico, institucional y social: Estados fallidos se describen como aquellos que, sin estar en períodos de guerra, no cumplen con sus deberes elementales –los que le autorizan a llamarse Estado–, en los ámbitos más esenciales: funcionamiento de los servicios administrativos, seguridad ciudadana, sistema público de salud, sistema educativo, dotación de las infraestructuras básicas y servicios públicos.
Una variable que ha adquirido mayor relevancia en el análisis, desde finales de los noventa y comienzos de nuestro siglo, se refiere a la cuestión de la soberanía territorial: si un Estado cede el control de una parte de su territorio –por lo general, a grupos paramilitares o a bandas delictivas que imponen condiciones de constante terror a sus habitantes–, y no lucha por recuperarlo, entonces califica como Estado fallido. Esto significa que en el núcleo del concepto subyace la idea de connivencia: si no actúa para ejercer el imperativo de soberanía es porque los responsables de la conducción del Estado tienen vínculos de complicidad con quienes se han apropiado del territorio. Son, sin duda, cómplices, porque, por lo general, comparten los réditos económicos que genera la cesión territorial. Cuando se revisan las listas de los países que califican como Estados fallidos un elemento surge de bulto: los ocupantes toman el control de zonas donde hay riquezas mineras o naturales. Son grupos armados, depredadores y capaces de una violencia extrema.
Venezuela es, que nadie lo dude, un Estado fallido, tóxico y destructivo. No solo acabó con la independencia de los poderes públicos –con lo cual liquidó el beneficio para la democracia de la autonomía institucional–, sino que abrió las compuertas a la corrupción en todos los niveles de la administración: corroe desde las cabezas de las instituciones, hasta los encargados de atender al público que llega a una oficina a realizar una consulta o hacer una diligencia. Pero la corrupción masiva y generalizada no se ha detenido en ministerios e institutos autónomos: fue extendida hasta las empresas expropiadas (robadas es un verbo más adecuado) y, lo que es todavía más infame, a los mecanismos de distribución de alimentos y medicamentos, en un país donde hay personas que mueren de hambre o por falta de atención sanitaria.
Quien se detenga a escuchar los testimonios de los usuarios del sistema público de salud –es decir, de todos aquellos que no tienen altos ingresos en dólares, van a clínicas privadas y escriben tuits para decir que las cosas están mejorando en los estrechos límites de su parque temático– entenderá qué es un Estado fallido: una red hospitalaria mugrienta y ruinosa, habitada por ratas y cucarachas, donde la electricidad va y viene, llena de equipos obsoletos o inservibles, sin insumos ni capacidad de respuesta, con médicos y paramédicos que reciben salarios miserables, lugares inseguros donde cualquiera puede ser robado o atracado o violentado por delincuentes comunes o por delincuentes oficiales, en otras palabras, por los miembros de los colectivos o de las milicias, que gozan de absoluta impunidad para imponer sus leyes y métodos de sometimiento.
Hechos semejantes, expresiones afines del mismo Estado fallido se producen en las oxidadas estructuras de los servicios públicos; en la deteriorada y cada día más precaria calidad de la educación, que ya ni siquiera puede llamarse de ese modo; o ante el incontenible avance de las delincuencias organizadas que, además de instaurar un aplastante régimen de terror en zonas enteras del territorio, lo ha cedido a una amplia paleta de bandas armadas, incluso, hasta el extremo: les entrega el control físico del territorio y la vigilancia de la movilidad de los ciudadanos; les permite extorsionar, robar, secuestrar y hasta matar, con la protección de cuerpos policiales y militares del Estado.
El análisis de las realidades venezolanas sugieren que la calificación de fallido resulta insuficiente, básicamente porque las consecuencias de la acción delincuencial del poder, sus negocios con narcotraficantes y narcoguerrillas, y sus alianzas con los países miembros del eje del mal –Rusia, Bielorrusia, Irán, China, Cuba, Nicaragua, Turquía– desborda los límites del territorio venezolano, y expande sus políticas de lo ilícito y sus estrategias antidemocráticas hacia los países vecinos, lo que lo convierte en algo peor: un Estado que se propone mantener el poder de forma indefinida, lo que solo puede ocurrir como consecuencia de acabar con el funcionamiento de la democracia; una maquinaria de corrupción, para el enriquecimiento de quienes detentan el poder; que desconoce los derechos humanos y los derechos políticos para eliminar toda forma de disidencia; y que desestabiliza y actúa para romper la paz y la convivencia, más allá de las fronteras. Por lo tanto, Venezuela es mucho peor que un Estado fallido: es un Estado ruin, un Estado infame, un Estado canalla.