La Paz Total de Petro está vuelta un enredo espectacular. Esta semana se vieron dos aspectos fundamentales de esta: la destitución del comisionado de paz, Rueda y la sentencia de la Corte Constitucional poniéndole límites a la ley del tema. Ambos eventos parecieran señalar que la Paz Total es un fracaso total, pero esto no es tan así, desde la perspectiva de Petro. Por un lado:

El miércoles 22 en un post de X el presidente Petro anuncia que Otty Patiño será quien conducirá la negociación de la Paz Total, es decir, que es el nuevo comisionado. Con una sencilla frase «Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño, agradezco a Danilo todo su inmenso esfuerzo», Petro anuncia la salida de Rueda y quién será su sustituto. Esto desde la óptica normal sugiere un fracaso de la Paz Total, y así fue interpretado por la prensa nacional e internacional.

El gobernador del Meta comentó:

“En su cuenta de X, Juan Guillermo Zuluaga, se pronunció fuertemente, señalando que Rueda deja un “tremendo legado” con guerrillas envalentonadas. Además, considera que su salida presenta la oportunidad de corregir el rumbo, subrayando la importancia de no abandonar la seguridad en la búsqueda de la paz. Tremendo legado deja el Dr. Rueda. Unas guerrillas envalentonadas y fortalecidas. Bien ido. Ahora hay la oportunidad de corregir el rumbo. Buscar la paz no significa abandonar la seguridad, esa debe ser la premisa. https://t.co/cSPuRC24G9 — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) November 22, 2023” (https://www.elpais.com.co/politica/estas-son-algunas-de-las-reacciones-ante-la-salida-del-comisionado-de-paz-danilo-rueda-2202.html )

El prestigioso Financial Times señala: “El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, un exguerrillero, prometió ‘paz total’ cuando prestó juramento el año pasado. Hasta ahora, el resultado ha sido un aumento de la violencia por parte de los grupos armados que ejercen un poder enorme en la nación suramericana. En toda Colombia, los secuestros han aumentado más del 80 por ciento bajo Petro, la extorsión ha aumentado 27% y la tasa de asesinatos apenas ha disminuido, según cifras oficiales que comparan el primer año del nuevo gobierno con los últimos 12 meses del gobierno central de Iván Duque. En lugar de chocar con las fuerzas de seguridad, los grupos armados ilegales ahora luchan entre sí para expandir su territorio y controlar lucrativas rutas de contrabando” (https://www.ft.com/content/e6612778-2a6c-4dd7-aba5-18d1bcd0d69b).

El diario español de izquierda El País en su sección de América analiza:

“El país afronta un nuevo clima de violencia, especialmente en los territorios donde grupos de disidencias, como el Estado Mayor Central, y otras organizaciones ilegales, como el ELN -la última guerrilla armada- y el Clan del Golfo –un grupo de antiguos paramilitares asociado al narcotráfico, que domina el paso ilegal de migrantes por el Tapón del Darién– se fortalecieron y dispersaron como hormigas en los años posteriores a la desmovilización de una mayoría de integrantes de las FARC” (https://elpais.com/america-colombia/2023-11-24/bajo-un-nuevo-clima-de-violencia-y-con-el-secuestro-disparado-siete-anos-del-acuerdo-de-paz.html).

Por otra parte, la Corte Constitucional le pone una serie de limitaciones a la ley de Paz Total, quitándole a Petro las armas que tenía para lograr su proyecto de negociación con los grupos ilegales de diversos pelambres. Son cuatro los puntos ajustados por la Corte. En lo referente a los términos de sometimiento de los alzados en armas, que en el texto original se determinaban “a juicio del Gobierno Nacional”, la Corte encontró que se necesita “una regulación de carácter legal”, por lo que ordenó al Congreso que defina reglas claras. La suspensión de órdenes de captura en contra de miembros de grupos ilegales, cuya única exigencia era una solicitud formal del gobierno a las autoridades judiciales, ahora quedó supeditada a una evaluación previa de un juez, quien verificará si se trata de una “medida necesaria para el cumplimiento de los fines legales de sometimiento y desmantelamiento de la estructura”. El gobierno deberá justificar su petición, detallando por cuánto tiempo regirá y cuál será su alcance territorial.

La Corte, igualmente, precisó que las garantías de seguridad a los grupos criminales, mientras no se haya pactado un cese de hostilidades, solamente aplicarán a “miembros representantes y voceros”, no así a los demás miembros. Y que su ubicación temporal en determinadas zonas del país no puede ocurrir en la etapa “acercamientos y conversaciones”, sino cuando se logre “un estado avanzado del proceso de paz”.  la suspensión de las órdenes de captura también debe ser consultadas con las otras ramas del poder. Pero también se pronunció sobre la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto. Ante la decisión de la corte, la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará órdenes de captura contra algunas de las personas que fueron liberadas bajo la figura de “voceros de paz”.

Como si todo esto no fuera suficiente, el proceso de negociación con el ELN está en suspenso a pesar de las dos delegaciones estar en México sede de la actual ronda pues “en dos cartas firmadas por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez los días 19 y 23 de noviembre y dirigidas a los garantes y acompañantes del proceso de negociación en donde, además de culpar al Gobierno por, según ellos, “echar por la borda la agenda de negociaciones pactada”, dicen que no cumplirán ningún “ultimátum que se le quiera imponer de manera unilateral por la contraparte” (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/dialogos-con-eln-la-incertidumbre-que-aun-rodea-el-inicio-del-quinto-ciclo-83188  ).

Todos estos elementos darían para llegar a la conclusión que la Paz Total es un fracaso total, esta es la conclusión lógica que los hechos argumentan, pero podría haber otra interpretación: Petro en realidad estaría contento con este caos total, pues ese sería justamente el plan conjunto del gobierno y los narcoterroristas.

Este plan se basaría en crear un estado de anarquía bajo un cese al fuego unilateral pues solamente la Fuerza Pública la cumple, mientras que en apariencia la Paz Total sería un fracaso en realidad es un gran triunfo del socialismo del siglo XXI, puesto que le está permitiendo aumentar el poder territorial al ELN y las FARC. Paralelo a esto corre el proceso de “participación política” por medio del cual los comités territoriales -copia de los soviets- imponen su normativa en los territorios dominados por los narcoterroristas (actualmente más de una tercera parte del país y en aumento).

Mientras entonces se aumenta la violencia perpetrada por el ELN y las FARC, aumentan su poder territorial e imponen su dominio a través de los soviets en un futuro mediato, entonces se llegaría al nivel de anarquía en que la opinión pública estará domada para aceptar lo que sea con tal de detener la violencia. En ese momento -como por arte de magia- se empoderan las mesas de negociación y de nuevo copiando el método Santos-Timochenko un congreso compuesto por parlamentarios mercenarios (que se venden por un plato de lentejas) aprobará vía “fast track” una nueva entrega del país al narcoterrorismo, esta vez definitiva, pues se estaría implantando la dictadura del socialismo del siglo XXI, tal como ya lo aprobaron en la mesa con el ELN. i.e, “revisar el modelo económico y político del país”, eufemismo para suplantar la democracia representativa por el estado de partido único y la economía de mercado por el régimen estatista.

En conclusión, el supuesto fracaso total de la Paz Total no sería sino una estrategia de diversión, mientras se impone la anarquía que propicia la imposición de la dictadura del socialismo del siglo XXI, plan conjunto del gobierno y los narcoterroristas y con ese fin se hicieron las mesas de negociación, las cuales llegado el momento oportuno darán el zarpazo final a la república tal como la conocemos. Así las cosas, entonces La Paz Total no es pues un fracaso total, sino que está en etapa de desarrollo según un plan preconcebido al más alto nivel de gobierno y los aliados -las FARC y el ELN-. El objetivo final es cogobernar un narcoestado, como lo están haciendo en Venezuela.


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