Foto: EFE
Como si no hubiera pasado nada en el país, el régimen de Nicolás Maduro ha convocado a elecciones parlamentarias y de gobernadores para el 27 de abril sin mostrar las actas de las presidenciales del 28 de julio de 2024 y, además, incurre en varias violaciones constitucionales y legales en la fulana convocatoria que el politólogo y profesor universitario Jesús Castellanos Vásquez, estudioso de temas electorales y democracia, ha identificado en su cuenta de X (@jacv1970, para los interesados).
El anzuelo oficial ha suscitado la discusión, o la ha animado, en predios opositores, en chats, medios y redes sociales en torno a la participación o no en este escenario electoral. No es un debate que no se haya librado antes en el amplio y diverso ámbito de la oposición al régimen en el poder. Con la única y notoria diferencia de que en esta ocasión el debate está precedido de la clamorosa victoria de Edmundo González Urrutia el 28J, a lo que siguió el brutal, vergonzoso e inconstitucional desconocimiento de su resultado por el Consejo Nacional Electoral y todo el aparataje de organismos apéndices de la cúpula gobernante, desprovistos de cualquier cualidad institucional.
La oposición democrática, aquella que participó en la primaria de 2023, con el fin de elegir una candidatura unitaria para las elecciones presidenciales de 2024, ratificó con su comportamiento durante los dos años anteriores el apego a la ruta electoral para dilucidar la honda crisis política, social y económica del país. Sobraron motivos para abandonar esa ruta en virtud del conjunto de arbitrariedades y atropellos cometidos por todo el entramado oficial, que incluyó nada menos, pero para nada solo, la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, rotunda ganadora de la primaria opositora, contraviniendo el primer punto de lo firmado en el Acuerdo de Barbados que establecía el reconocimiento de ambas partes (gobierno y Plataforma Unitaria) de seleccionar su candidatura de «manera libre y conforme a sus mecanismos internos”.
Posteriormente se llegó a impedir a la brava, sin ninguna clase de explicación, la inscripción de la opción sustituta. Pero aún así, la oposición perseveró en su afán electoral, ganó de manera contundente, probó con suficiencia tanto dentro como fuera del país esa victoria, y el régimen coronó su montaña de despropósitos con el fraude más descarado y gigantesco perpetrado en la vida política venezolana.
El liderazgo de María Corina Machado es el otro gran saldo político de la extraordinaria campaña democrática y de movilización popular desarrollada durante 2023 y 2024, sin el cual sería inimaginable la victoria del 28J. Fue el imán que permitió vencer la desesperanza que cundía en la oposición luego del fracaso de la experiencia del interinato. Sin disponer de una maquinaria política ni siquiera parecida a la que en su día tuvieron Acción Democrática y Copei, Machado conectó con el sentimiento popular, con el dolor y sufrimiento de las familias venezolanas desgarradas por el éxodo de sus hijos, esposos o madres, y golpeadas año tras año por la precariedad económica y el desamparo social. La gente no votó por un partido sino por el cambio: un cambio que significa la salida de quienes están al mando. Ese es el mandato popular.
¿Se puede pasar esa página como si no hubiera pasado nada? ¿La discusión es participar electoralmente sin garantía alguna? ¿Que el régimen conceda alguna victoria menor que guarde alguna minúscula apariencia de juego político? ¿Cómo se conduce a la gente y quién la conduce a volver a las urnas cuando su voto del 28J carece de valor? ¿O la discusión es cómo se hace valer la decisión soberana del 28J? ¿Cómo se obliga al régimen de Maduro a negociar su salida del poder?
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