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En días pasados se dio a conocer en los medios de propaganda del régimen venezolano un “estudio de opinión” en el cual “la mayoría” de los consultados pedía “cerrar el ciclo electoral”. Básicamente, ese dudoso estudio sirvió para que los “mujiquitas” opinadores en radio, prensa escrita y digital, influencers y demás aduladores mediáticos se engancharan a esos “datos” para pedir, por el bien de la patria, “pasar la página electoral” y olvidarnos del 28 de julio, de la Constitución, de los derechos humanos y concentrarnos en trabajar y en “sacar adelante al país”. “¿Qué importa quién gobierne o no gobierne?” -decía uno- “lo importante es vivir cada quién su vida, trabajar y desconectarse del odio” -remató -.
El gobierno de facto desbloquea un nuevo nivel de cinismo e instala la política del olvido y la desmemoria. Esta operación mediática destinada a desmovilizar a los venezolanos se monta sobre el dolor de quienes han muerto a manos de los cuerpos represivos, de quienes sufren cárcel, persecución o exilio y, sobre todo, por encima del miedo colectivo a hablar, opinar o publicar algo en un estado de WhatsApp. Los presos siguen presos, los torturados siguen recibiendo castigos, pero claro, fue declarada la celebración de la Navidad en octubre y el país debe ser feliz así sea a la fuerza.
Para tener una idea del daño que la política del olvido y la desmemoria puede provocar a las víctimas pensemos en aquellos que llevan décadas exigiendo justicia pero fueron en su momento olvidados por los profesionales en “pasar páginas”. Pensemos en las víctimas de los oscuros sucesos del 11 de abril de 2002.
El pasado 9 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Venezuela por uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas el 11 de abril de 2002, el caso está numerado bajo el expediente 12.582 y el sumario da cuenta de los hechos relativos a la represión ilegal de una manifestación ese día y el uso desproporcionado de la fuerza letal de agentes estatales que ocasionó la muerte de 7 personas y lesiones a otros 5.
En su Informe de Fondo N°. 313/23, la CIDH determinó que agentes estatales usaron fuerza letal cerca de la estación de Metro «El Silencio», lo cual causó la muerte a Jhony Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso, y heridas a Fernando Joel Sánchez Colmenares. En la zona «La Pedrera», agentes estatales y los círculos bolivarianos también emplearon fuerza letal, que resultó en la muerte de Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, y en lesiones a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
Llama la atención las precisiones efectuadas por la Comisión porque esta concluyó que el Estado de Venezuela violó los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 15 (derecho a reunión) y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana y recomendó al Estado venezolano, es decir, a oídos sordos, “reparar las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, de manera material e inmaterial”, “conducir una investigación efectiva y en un plazo razonable en la jurisdicción penal ordinaria, para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades e imponer sanciones correspondientes”, y “adoptar medidas de no repetición para: i) limitar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público a situaciones excepcionales y asegurar el cumplimiento de medidas preventivas en el uso de la fuerza; ii) Fortalecer al Ministerio Público y las autoridades judiciales del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua; y iii) Asegurar que las restricciones al derecho de reunión sean compatibles con la Convención Americana”.
Nada de eso se hizo porque, contrariamente, se decidió y ejecutó el olvido y la desmemoria, porque unos cuantos vivos y otros tantos tontos útiles creyeron prudente pasar la página. Pues bien, lo que sucede hoy es infinitamente peor, al nivel de crímenes de lesa humanidad investigados por la Corte Penal Internacional, y aún así hay gente que vende el alma al diablo pidiendo pasar la página. ¿En nombre de quién hablan? ¿Qué intereses inconfesables defienden?