El informe de Acnur sobre las tendencias globales de 2021 indica que el número total de personas que han migrado por razones de fuerza ha aumentado a 89,9 millones.
De ellos, dos tercios vienen de 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. En el caso de Venezuela, la cifra aumentó en 15% en relación con el año anterior por encima de medio millón de personas, y se estima que este aumento viene dado por el levantamiento de las restricciones debido a la pandemia del covid-19.
Este informe nos hace de nuevo reflexionar sobre las razones del desplazamiento forzado en el caso de Venezuela y que se conceptualiza en la llamada emergencia humanitaria compleja. Pero más allá de los síntomas, o las razones inmediatas que obligan a las personas a migrar de su país, habría que determinar también las razones de Estado para hacerlo.
Y es que en cuatro de los cinco países citados arriba estamos frente a persecuciones por conflicto armado producto de una guerra civil, como es el caso de Siria, o de un proceso de limpieza étnica como es el caso de las 740.000 personas de etnia rohingya en Myanmar, o el desplazamiento es por el regreso de un grupo terrorista al poder, como los talibanes en Afghanistán en agosto del año pasado. En el caso de Venezuela, en cambio, no hay conflicto armado, ni se trata de una limpieza étnica ni de un cambio de gobierno de unas mafias por unos terroristas. Se trata de una política de Estado para expulsar de su territorio a 20% de la población por una combinación de razones políticas y económicas. Por razones de persecución y violación masiva de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los venezolanos, tal como ha sido documentado en informes de organismos regionales y de la ONU. Tan es difusa la razón de fondo, que en los tratados internacionales relativos al tema migratorio no existe una figura jurídica o una situación de fuerza que contemple lo que sucede en Venezuela, porque ningún país hasta ahora se había dedicado a expulsar a su propia gente sin razón aparente. Debido a esto, hace pocos años ACNUR tuvo que inventar una categoría que no existía dentro de su mandato para poder cuantificar a los desplazados venezolanos en el exterior, y aunque en aumento, tal cifra todavía está lejos de los 6,5 millones identificados por la OEA y “apenas” abarca 4,4 millones de venezolanos.
Hay que destacar que aunque las cifras no coincidan por razones técnicas, no significa que las agencias internacionales no sepan con exactitud la cantidad de migrantes. Al contrario, su experticia les permite identificar la migración por categorías y por problemas, puesto que logran documentar sus necesidades y conocen las posibles soluciones a los distintos casos. También esta labor les permite coordinarse entre agencias, y entre agencias y países de acogida, o países donantes, para de esta manera desarrollar programas conjuntos tanto en el terreno como en la diplomacia de cooperación internacional.
En cambio, para Maduro y su régimen, acostumbrados a desintegrar para gobernar en la división y la precariedad, que 20% de la población viva en el exterior significa que poco a poco los migrantes participaremos significativamente en la economía venezolana a través de las remesas.
Hoy en día algunos calificados economistas venezolanos cuantifican las remesas en aproximadamente 10% de nuestro PIB. No es algo insignificante, y lamentablemente tal acción de destruir para luego beneficiarse tampoco es muy original, no un invento “hecho en Venezuela”, puesto que en países muy pobres como Haití, por ejemplo, las remesas representan casi 24% de su PIB, y en países muy atrasados como Tonga, un minúsculo archipiélago en la Pacífico gobernado por un sistema férreo y medieval, las remesas representan casi 40% de su PIB, según cifras del Banco Mundial.
Sin embargo, para que el tema de las remesas sea realmente un buen negocio, el régimen venezolano debería considerar un elemento clave: la emisión de pasaportes a los venezolanos en el exterior.
Hasta el presente, a la política de expulsión por razones económicas se le ha sumado la de persecución política violatoria del derecho a la identidad y de esta manera precarizado la situación de millones de venezolanos en el exterior, a quienes se les dificulta la capacidad de educarse, trabajar, conseguir vivienda, atención médica, recibir documentos de residencia en los países de acogida o registrar actos civiles, entre otros tantos derechos debido a la ausencia de documentos de identificación.
Sabemos que en ausencia de un Estado de Derecho, es poco lo que individualmente se puede hacer ante un consulado o ante el Saime. Tampoco es de interés otorgar documentos de identidad que permitan a la diáspora votar y eso lo han constatado los partidos políticos que se han abocado entonces a despertar el interés al interior del país dejando de lado esta importante reivindicación.
Pero, ¿y si los venezolanos en el exterior nos convertimos en el nuevo producto de exportación? ¿Y si “diversifican” la economía y además de exportar petróleo, contrabandear oro del Arco Minero, también “producen” remesas? Somos seis millones y medio, y subiendo. Si cada uno de esos miembros de la diáspora mandamos 10 dólares al mes, son 780.000.000 de dólares al año, más de lo que se produjo por concepto de petróleo en 2020.
A lo mejor así sí.