Con sólidos argumentos políticos y legales, a los que cabe sumar otros provenientes del más elemental sentido común, organizaciones no partidistas, académicas, especializadas y autónomas, expertos de indiscutible calificación, y también veteranos políticos y otros en ejercicio -muchos de los cuales han sido críticos con relación a ciertos aspectos relativos a la gestión del gobierno interino- expresaron en días recientes que la decisión de una mayoría de la Asamblea Nacional de sustituir la figura del presidente encargado, ejercida hasta ahora por Juan Guaidó Márquez, para reemplazarla por la de una especie de gobierno parlamentario es un error. Un grave error que, para peor, no tiene antecedentes en el desempeño republicano de Venezuela.
Hay que considerar, como primera cuestión, tal como hace el impecable comunicado que el Bloque Constitucional de Venezuela publicó el 24 de diciembre, que la usurpación se mantiene. Que Venezuela no ha dejado de estar en una situación de excepción. Y debo añadir, lo que es obvio y evidente: la dictadura continúa. Y, como tal, su carácter ilegal, fraudulento e ilegítimo permanece intacto. No ha cambiado.
Hay que recordarle a los tres partidos promotores de este desaguisado que, a esta hora (escribo este artículo la mañana del 31 de diciembre), el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro continúa con la huelga de hambre que inició el 22 de noviembre (esto quiere decir, señores de los partidos, que el día que se publique este artículo, el 1° de enero de 2023, la legítima acción de protesta de este luchador militar habrá alcanzado 40 días). Léase bien: 40 días en huelga de hambre (por cierto, ¿se han pronunciado los representantes de estos partidos con relación a las exigencias de Marín Chaparro y con relación a su estado de salud, tras 40 días de huelga de hambre?).
Y esta, me refiero a la acción de Marín Chaparro, no es aislada. Está en directa conexión con la situación de todos los presos políticos, militares y civiles, así como de sus familiares y abogados, que continúan sometidos a malos tratos físicos y verbales, prácticas de extorsión, amenazas, esperas interminables, retrasos procesales que forman parte de una política de castigo, que se renueva todos los días. Que incluye prácticas de tortura y, además, un estatuto de plena impunidad para los torturadores, cuyas identidades y delitos son bien conocidas, sin que se produzca ninguna acción para impedir que continúen torturando, ni mucho menos para detenerlos y llevarlos a juicios por sus responsabilidades. ¿Qué les dice esto, señores de los tres partidos? Que los torturadores tienen carta blanca para continuar con su perversa práctica.
Mientras tanto, la dictadura continúa inconmovible: los medios de comunicación siguen cerrados; los hospitales y el sistema de salud, colapsados; el desempleo y el hambre, extendiéndose y profundizándose; la inflación, despegando nuevamente hacia niveles que ahondarán el empobrecimiento del país; los abusos por parte de funcionarillos y uniformados en los organismos del Estado y en las calles, se mantienen inalterables. De hecho, lo que toca reconocer, es que la dictadura está más atornillada y firme que nunca. Y es justo por eso, señores de los tres partidos políticos, que la figura del gobierno interino encabezada por un presidente, ha debido mantenerse. Renovarse y fortalecerse, hasta que se produzcan elecciones libres, transparentes, justas, equilibradas, sin presos políticos, con medios de comunicación y sin trampas.
El jurista Allan Brewer-Carías, en un magnífico documento que ha circulado profusamente, desgrana una seguidilla de consideraciones, donde hay una que es fundamental: la Asamblea Nacional no tiene facultades para derogar lo que no ha sido creado por ella. La figura del presidente interino la antecede. Los señores de los tres partidos han tomado una decisión violatoria de la ley. No tenían potestad para eliminar la presidencia interina.
Y detalla: tanto la eliminación de la presidencia interina, como la entrega de ciertas responsabilidades a la Comisión Delegada y a un Consejo de Administración y Protección de Activos, son inconstitucionales, “en primer lugar, porque la existencia del ‘gobierno interino’ es consecuencia de la asunción como presidente encargado de Juan Guaidó, cuyo estatus es independiente de la voluntad de la Asamblea Nacional, no depende de las previsiones del Estatuto de Transición e, incluso, antecede a la entrada en vigencia del mismo en febrero de 2019. No puede, por tanto, pretender la Asamblea eliminar lo que es consecuencia de la existencia del presidente interino.
Y en segundo lugar, porque al “ratificar la continuidad” de la Asamblea Nacional, en el proyecto se incurre en inconstitucionalidad al pretender atribuirle a la misma funciones que solo pueden ser ejercidas por el Poder Ejecutivo, que a partir de enero de 2019 ejerce el presidente interino. Esa pretensión es, en sí misma, una usurpación que viola el principio de separación de poderes, que es uno de los pilares de la Constitución, quedando los actos que en tal forma pueda dictar la Asamblea Nacional, si dicho texto llega a aprobarse, como viciados de nulidad en los términos del artículo 138 de la Constitución”.
Que quede claro: que los miembros de los tres partidos involucrados hayan violado la Constitución vigente de modo tan evidente y descarado los aleja de una causa que ha estado y está en el núcleo de la lucha democrática venezolana.
Me he estado preguntando, lo mismo que muchos otros interlocutores venezolanos y de otros países se preguntan en sus conversaciones: ¿qué hay detrás de esta decisión, desatinada y cuyo resultado será el debilitamiento de la oposición? Insisto en preguntarme y preguntar a quien quiera escucharme: ¿Qué hay detrás? ¿La mano peluda y verde del madurismo? ¿El objetivo de enterrar las responsabilidades en el caso Monómeros, en la que los tres partidos tienen responsabilidades? ¿Un plan para neutralizar a Juan Guaidó?
¿Es que acaso no saben los señores de los tres partidos que no hay nada más ineficiente, incompetente y ajeno al funcionamiento de las cosas, que una comisión, condenada desde su origen y para siempre a las prácticas burocráticas, a la lentitud, a las luchas internas, al peloteo y a no responsabilizarse por sus acciones y sus omisiones?
La decisión que han tomado no solo ratifica la condición de sordera política en la que están inmersos, fruto de su desconexión con los padecimientos de la sociedad venezolana; no solo los ratifica en su ceguera, ante las evidencias que tantos sectores y especialistas les han demostrado, sino que han adquirido, de aquí en adelante, la misma categoría legal, moral y política de la dictadura a la que dicen combatir: la de usurpadores.