Los próximos quince días no serán trascendentales para el futuro político de Venezuela. El Estado mafioso, encabezado por Nicolás Maduro, convoca a unas elecciones parlamentarias este domingo, 6 de diciembre, con el objetivo de controlar el Poder Legislativo que perdió en 2015. El jefe del régimen busca tener de nuevo el mando en todos los poderes públicos del país para seguir sometiendo al pueblo durante el próximo lustro (2021-2026).
El fuerte rechazo a estos comicios que han manifestado organismos multilaterales y otros entes -la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos , el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los derechos humanos, y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, entre otros -, por no contar con las “condiciones democráticas mínimas para garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes”, fue ignorado por el sucesor de Hugo Chávez bajo el argumento del “estricto y debido apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Actualmente, 21 países democráticos y 38 con democracias débiles, según el Índice de Democracia 2020 de The Economist Intelligence Unit, desconocen a Maduro como jefe del Estado porque determinaron que la legitimidad de origen emanada de la elección presidencial de 2018 fue fraudulenta, al haber sido convocada por un órgano írrito como es la asamblea nacional constituyente de 2017.
Además, Henri Falcón, principal contendor en aquellos comicios, dijo antes de que el organismo electoral diera los resultados: “No reconocemos este proceso electoral como válido”. Y el otro candidato presidencial, Javier Bertucci, también impugnó los procedimientos del chavismo durante la tarde del evento comicial.
Así que, al concluir el mandato de Maduro para el período 2013-2019, un total de 59 gobiernos democráticos consideran que el jefe del PSUV usurpa el poder. Y mientras se elige y toma posesión el sucesor, “se encarga de la Presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional”, según establece el artículo 233 de la carta magna. Así como el artículo 333, el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Solo una nueva elección justa y libre restituirá el orden democrático en Venezuela.
Sin embargo, para Maduro y sus socios de las FARC, el ELN, Hezbolá, la cúpula de la FANB, las Bacrim, Rusia, China, Irán, Cuba, Turquía, la democracia los tiene sin cuidado. Lo importante para ellos es mantener en el poder la estructura criminal a través de una oposición funcional, gobiernos vinculados con la empresa criminal conjunta bolivariana y grupos de poder progresistas o globalistas. Es decir, la base de sustento de Maduro proviene fundamentalmente de regímenes autoritarios de acuerdo con la clasificación del Índice de Democracia.
Las elecciones parlamentarias del 6D son una fachada para acabar con la legitimidad del Poder Legislativo 2016-2021. Para ello, el régimen necesita una participación electoral superior a 14 millones de votantes o en su defecto a los 7,7 millones de votos obtenidos por la oposición en 2015. Un reto nada fácil cuando la encuesta de noviembre de Meganálisis señala que la participación estará en el orden de 2,8 millones de electores (14%) y la de Datanálisis de octubre, que están dispuestos a votar 25% y seguros de hacerlo 9%. Estos datos, al parecer, motivaron a Diosdado Cabello a amenazar al 80% de los venezolanos que se sienten identificados con la Revolución bolivariana y dependientes de las bolsas de alimentos CLAP: “El que no vota, no come”.
A pesar de que la narcotiranía ignora la solicitud de los organismos multilaterales y los países democráticos de realizar unas elecciones libres, transparentes y justas, necesita una participación electoral similar a las últimas parlamentarias de los regímenes autoritarios aliados: Rusia (47%), Cuba (86%), Irán (43%), Turquía (86%). Lo contrario, lo dejaría mal parado ante sus socios. No tendría excusas. Para asegurar, entonces, el flujo de votantes ordenó la flexibilización de la cuarentena y levantó el toque de queda en los municipios fronterizos del país.
Por otro lado, la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional y el gobierno interino entre el 7 y 12 de diciembre busca reafirmar su mandato para la restitución de la democracia en el país, utilizando la responsabilidad de proteger, entre otros.
Los 59 gobiernos democráticos seguirían reconociendo a la AN que fue elegida en 2015 y por ende al interinato. El 5 de enero de 2021 no fomentarían una transferencia del Legislativo al grupo electo el 6D que respalda a Maduro ni tampoco exhortarían a Guaidó y el resto de los diputados a dejar el cargo porque se crearía un vacío de poder. “Con base en los artículos 2, 5, 7, 233 y 333 de la Constitución venezolana, el mandato de la legislatura de la Asamblea Nacional, así́ como el del presidente encargado, deben preservarse hasta que se convoquen elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas (tomando en cuenta una sentencia de 2005 del Tribunal Supremo, y diferentes precedentes políticos)”, según el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández G.
La AN y Juan Guaidó también tienen el reto de alcanzar una alta participación en la consulta. La encuesta de Meganálisis cifra la participación en 8%, mientras que los números de Datanálisis muestran que 18% de los electores está dispuesto y 3% decidido. Sin embargo, el hecho de que se puede votar por Internet influirá en el resultado final. La meta debería ser igual o mayor a lo obtenido en 2015: 7,7 millones de votos.
Después del 5 de enero de 2021 Maduro buscará configurar un país con una oposición funcional legislando desde el Palacio Federal y persiguiendo a los diputados electos en 2015 que actúen como tal. El interinato, por su parte, tratará de mantener la legitimidad internacional de los 59 países. Una vez lograda tendrá que rediseñar la agenda de lucha, centrándola en el principio de Responsabilidad de Proteger (crímenes de lesa humanidad). Además de alinearla con las multilaterales y la administración de Joe Biden.
En conclusión, la deslegitimación de Guaidó con las elecciones parlamentarias y la de Maduro por la consulta popular dependerá de la narrativa sobre la movilización del voto el 6D y entre el 7-12D. No obstante, los bandos internacionales que apoyan a uno y a otro seguirán reconociéndolos. La solución real para Venezuela no está en lo que pase durante diciembre sino después de enero de 2021 por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.