El número de países que hay en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas y su riguroso estatuto para hacer el reconocimiento oficial es de 194. De ese número tienen fuerzas armadas… 194. Y este texto inicial sirve de guardia de prevención instalada y con armas al hombro para abordar el desarrollo de los países, sus asuntos de seguridad y los militares. Fundamentalmente en el tema que más concierne de estos últimos tiempos, el de Venezuela. El protagonismo político de los militares criollos los ha expuesto negativamente ante la sociedad que juraron defender y no han defendido, y su papel se sigue ventilando ante la opinión pública nacional ante la necesidad de disponer de ellos en un futuro posrevolucionario. ¿Son necesarios?
Está bien. Se acepta. Ya empezarán a descargar de entrada que hay diez países que no tienen fuerzas armadas cuando se replica favorablemente con el argumento para su eliminación. Empezando por los ejemplos más cercanos en el vecindario, como Costa Rica y Panamá, y un poco más allá algunas islas del Pacífico como Micronesia, Nauru, Palaos, Islas Salomón, Samoa, Tuvalu; y adicionalmente Islandia, Mauricio, Mónaco y Vanuatu. En vanguardia de justificación se asoma desde esta tribuna que estos son Estados que tienen sus propios y particulares asuntos de la seguridad y la defensa, y también disponen de militares a su manera. Y la pregunta es, siendo Estados con su propia dinámica del territorio, de la población y del ejercicio de la soberanía, ¿cómo garantizan esta y su seguridad sin disponer de unas fuerzas armadas de línea? Leamos correctamente a discreción las explicaciones siguientes.
No se va a tocar el tema de los Estados que tienen fuerzas armadas de línea con mandos, estructura organizacional, reparticiones militares y unidades organizadas para concentrarse, para desplegarse y para maniobrar en los escenarios terrestres, navales o aéreos, y para atender los asuntos de la guerra. El modelo de Rusia y Ucrania actualmente en guerra es aplicable para esto. Y sí, el de los que no las tienen, las tenían y las desactivaron, o simplemente han funcionado sin ellas. Los Estados sin fuerzas armadas o ejércitos tienen fuerzas paramilitares que atienden estos asuntos de seguridad y los que no, tienen suscritos acuerdos y tratados de seguridad y defensa con otros estados más grandes para la protección y la asistencia, si lo requieren. Dicho esto, concluimos: todos los países tienen a alguien o algo que los protege en estos asuntos de su seguridad y la defensa para garantizar el ejercicio de la soberanía. No hay en la bolita del mundo Estados inermes y desamparados.
Hace poco en el III Foro del Center for Democracy and Citizenship Studies se ventiló dentro del tema «Pasado, presente y futuro de la Fuerza Armada en Venezuela», con el tema de la soberanía, en todo el desarrollo de los 212 años de la vida republicana de la nación y contrastando las 4 décadas de la democracia surgida después del 23 de enero de 1958 con todo el periodo iniciado desde el 19 de abril de 1810 y los 24 años de la revolución bolivariana. Hay muchos logros para exponer que durante esos 40 años hasta 1998, las fuerzas armadas nacionales se ciñeron al cumplimiento del espíritu, el propósito y la razón de los postulados del artículo 132 de la Constitución nacional. No fue una institución armada al servicio de ninguna parcialidad política ni persona alguna. Los mandatos para el cumplimiento de su juramento emanaban del texto fundamental. Hay hechos rotundos e impepinables que lo confirman.
La derrota de los golpes militares del Porteñazo, del Carupanazo, y del Barcelonazo, la victoria contra la guerrilla castrocomunista en la década de los sesenta, el control de la violencia del 27 de febrero de 1989, la actuación institucional contra los golpes del 4 de febrero de 1992 y del 27 de noviembre de 1992. Adicionalmente, la recuperación de la isla de Anacoco, la activación de las Bases de Protección Fronteriza y los teatros de operaciones para el resguardo de la frontera común con Colombia, los planes de desarrollo del ejercito Junín, Carabobo y ejército 2000, y el comportamiento institucional en el teatro de la Academia Militar en 1981 ante la posibilidad de suscribirse la hipótesis de Caraballeda, más la eficiente concentración y despliegue durante los eventos de agosto de 1987, con motivo de la incursión de la corbeta colombiana Caldas a las aguas del golfo de Venezuela son registros de unas fuerzas armadas nacionales constitucionales, disciplinadas, obedientes, garantes de la territorialidad y de la soberanía de Venezuela y subordinadas al poder civil. Esa institución armada garante de la territorialidad y la soberanía fue una necesidad, y lo sigue siendo.
A lo largo de esos cuarenta años, los militares venezolanos justificaron su existencia a pesar de sus enemigos tradicionales que se encargaron de crear una matriz de opinión que no cuajó, que apuntaba a calificarlos como privilegiados dentro de la sociedad y otros más aventureros e ignorantes de los cuarteles los calificaban como parásitos del presupuesto nacional. Fueron los toñecos de la Constitución nacional y del Estado venezolano, y disciplinados organizacionalmente, obedientes a la jerarquía y subordinados al poder civil.
Una de las primeras decisiones revolucionarias del alto gobierno rojo rojito encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez, después del 2 de febrero de 1999, fue la adscripción de los militares en tareas ajenas a los cuarteles. Eso formó parte de la agenda prioritaria del régimen en sus pininos políticos. El Plan Bolívar 2000 desbordó los cauces de las unidades militares y las guarniciones en sus funciones y misiones originales. Puso a generales y almirantes y a los cuadros intermedios de las estructuras a manejar presupuestos exorbitantes sin control y sin rendición de cuentas, que dinamitó los valores y los principios básicos de la organización, atesorados generacionalmente y bases fundamentales para su consolidación. La corrupción uniformada actual es la metástasis de un tumorcito no atendido a tiempo en aquellos años de 1999, 2000, 2001 y 2002 de nóminas fantasmas, construcción de brocales, pinturas al mateo, abatización, rutas sociales y de la empanada en que fueron comprometidas las unidades militares. Esta otra institución armada fue una necesidad revolucionaria para enterrar aquella que era inconveniente y estorbaba a los planes de ponerlos al servicio de Hugo Chávez y el proyecto político de la revolución. Aquella institucionalidad había que dinamitarla en sus bases y la implosionaron. Los dos últimos registros de aquella fueron los eventos del 11 de abril de 2002 y el pronunciamiento de la plaza Altamira. Esa vieja institucionalidad atendía a las demandas de la Constitución nacional de 1961 en el artículo 132 y esta nueva, a la revolución bolivariana y el proyecto político donde el artículo 328 del texto fundamental vigente desde 1999, es un saludo a la bandera.
Viviendas en guarnición, préstamos hipotecarios a bajo interés, almacenes militares con precios accesibles y hospitales militares equipados fueron parte de los privilegios socioeconómicos justificados para las fuerzas armadas que empezaron a desaparecer a partir de 1998 para dar paso a la FAN que esta cogobernando desde hace 24 años con el régimen que usurpa el poder desde el palacio de Miraflores por encima de la territorialidad, la soberanía y la constitución nacional. Estos militares rojos rojitos son los toñecos de la revolución bolivariana, de la revolución cubana, del narcotráfico, de la corrupción, del terrorismo internacional y de las graves violaciones a los derechos humanos de sus connacionales. Como parte de un conglomerado delincuencial global, parasitan el presupuesto nacional y el futuro de los venezolanos que aspiran a vivir en democracia, en libertad, con soberanía y territorialidad garantizada, con vigencia del Estado de Derecho, en paz y con unidad nacional. Esos son los privilegios que garantiza una verdadera institución armada a la sociedad venezolana.
Entonces, ya de retorno a la prevención y con armas al hombro, preguntamos: ¿son necesarios los militares en una etapa posrevolucionaria en Venezuela? Remítanse en la respuesta a la realidad de seguridad y defensa de cada uno de los 194 países reconocidos oficialmente por la ONU.