El 21 de marzo escribí un artículo de opinión que titulé “La discapacidad en Venezuela”, a propósito de haberse conmemorado el pasado 15 de marzo el primer Día Nacional de las Personas con Discapacidad en Venezuela; allí señalé que nos debe llamar a la reflexión sobre cuánto ha hecho el gobierno en pro de una verdadera inclusión de esta población dentro de la sociedad venezolana.
Prometí hace 10 días que iba a solicitar un derecho de palabra ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, para que se le dé celeridad al mismo, así como hacer algunas propuestas y consideraciones a esta ley, por parte de Organizaciones de Personas con Discapacidad, para lograr la independencia y autonomía de todas las personas con discapacidad en Venezuela.
Y como en Unidad Visión Venezuela cumplimos con hechos y no palabras, el jueves 31 de marzo solicitamos mediante una carta ese derecho de palabra, en el que además pido que sea atendido en la misma fecha el presidente de la Confederación Sordos de Venezuela, Juan Ángel De Gouveia, y otros representantes de las OPD, considerado que son quienes mejor conocen la situación de este sector y quienes pueden aportar recomendaciones muy útiles y necesarias.
En dicha misiva planteamos, por ejemplo, que se debe tomar en cuenta que el objetivo de esta ley es establecer las nuevas formas de clasificación de las discapacidades, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el entendido de que la nueva Asamblea Nacional es un espacio inclusivo donde participan todos los grupos de personas que hacen vida en nuestro país, estoy convencido de que seremos recibidos próximamente por esta comisión para poder discernir los casos que conciernen a esta Ley Orgánica para la Protección de las Personas con Discapacidad.
El Estado venezolano está en deuda con las personas con discapacidad, como se puede ver en las recomendaciones que hizo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas en el Examen Inicial al Estado, celebrado en Ginebra durante los días 11, 14 y 15 de marzo del año en curso, para corroborar si este ha cumplido con los 50 artículos de la Convención.
Entre los aspectos o recomendaciones, el Comité sugiere al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que cualquier revisión de su legislación esté en conformidad con los principios consagrados en la Convención y en consonancia con el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos, así como la participación activa de Organizaciones de Personas con Discapacidad en todas las etapas de la discusión y redacción, sin que medie la condición de afiliación política.
Por ello, nuestra insistencia de involucrar a las personas con discapacidad, así como a las Organizaciones de Personas con Discapacidad en todas las decisiones que se vayan a tomar y que los involucre, como recomienda el Comité: “El Estado parte que promueva la participación efectiva e independiente de las organizaciones de personas con discapacidad de mujeres, niños, personas adultas mayores, indígenas y afrodescendientes en la toma de decisiones de todos los procesos que les conciernen”.
En resumen, con esta ley se nos presenta una gran oportunidad de comenzar a avanzar y poder lograr la inclusión y autonomía de todas las personas con discapacidad en Venezuela.
@OmarAvilaVzla