La clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones económicas. El oficialismo no va a convocar unas elecciones competitivas que puede perder, si esto desemboca en una ola de persecuciones, juicios y cárcel para Maduro y su gobierno. Si no se reducen los costos de salida, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas, ni alternabilidad en el mando político.
El chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria y de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, a riesgo de que la OFAC reactive las sanciones. Si su derrota electoral se convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así convertir en mayoría su precario apoyo electoral.
Un acuerdo para mejorar las condiciones electorales es necesario para la oposición, pero no es suficiente para el gobierno. Sin no cesan las recompensas y amenazas de persecución judicial contra Maduro y otros dirigentes del oficialismo, el chavismo se aferrará al poder para evitar que su derrota electoral se convierta en una tragedia. Por lo tanto, la clave para convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el poder, radica en la rehabilitación de los candidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados, a cambio de un Pacto de Convivencia Pacífica que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos de los actores políticos en pugna, incluyendo a los líderes de la oposición que eventualmente serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitado sanciones económicas contra Venezuela y haber invocado una intervención externa a través del TIAR.
Los Acuerdos Parciales de Barbados son necesarios pero no suficientes y tienen que ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que contribuya a desradicalizar el discurso de la polarización y violencia políticas que se puede agravar al calor de la campaña electoral. A fin de avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano que permita la alternancia en el poder, es necesario comenzar a generar una matriz de opinión nacional e internacional favorable a un Pacto de Convivencia Pacífica, que garantice el respeto a los derechos políticos de todos y evite que un cambio en el poder desencadene una ola de retaliaciones y persecuciones que empujen al país hacia una espiral de violencia política que luego sea difícil de controlar y detener.
Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. En este sentido, quien finalmente quede en la oposición está llamado a ofrecer un respaldo crítico y propositivo a las medidas urgentes y drásticas que se requieren, en vez de atizar un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.
Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad post electoral. Si el actual gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar, en vez de reditar los episodios de La Salida violenta y de la remoción anticipada del Presidente de la República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el chavismo tiene que dejar gobernar, en vez de promover una ola de protestas que obstaculicen las reformas económicas e institucionales que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.
Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política, de la cohabitación y cooperación entre los poderes públicos, para asegurar el respeto y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Tengamos en cuenta que una eventual victoria de un candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano –así como la mayoría de las gobernaciones y alcaldías-, que quedarán bajo el control del chavismo.
Un Pacto de Convivencia Pacífica debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la Ley establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.
Un Pacto de Convivencia Pacífica pasa por una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. Se trata de bajar los costos de salida -sin amenazas de persecuciones, juicios y cárcel- para que el chavismo esté dispuesto a medirse en unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.
Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica como expresión de un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la Nación venezolana, a fin de retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del bienestar social.
Te invitamos a escuchar y compartir el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/079dx
@victoralvarezr