No es posible sembrar dudas sobre la amplitud de la recolección de información y testimonios de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que en marzo estuvo en Venezuela, la que se desarrolló entre septiembre y abril en ocho países donde se concentra exilio venezolano y la resultante de la agenda de encuentros que sostuvo la señora Michelle Bachelet en junio. Las fuentes gubernamentales y no gubernamentales están debidamente citadas en el Informe de la alta comisionada difundido el 4 de julio. Están allí, como sustento fundamental para el diagnóstico y las recomendaciones, referencias a los datos, testimonios y casos que evidencian el impacto de la generalizada desprotección de los derechos humanos en Venezuela.
El grado y alcances de la desprotección, que ha continuado la espiral descendente que describía el Informe de 2018, afecta a todos los venezolanos en todos sus derechos. En ese contexto, ha sido y es tan necesario como encomiable el empeño de quienes han asumido desde la sociedad la defensa de esos derechos y la tarea de recuperar sus garantías plenas. Contra viento y marea, personas y grupos, organizaciones e instituciones han trabajado por años en medio de grandes riesgos, en un espectro de actividades que va desde la atención a personas para asistirlas, orientarlas y apoyarlas, hasta el seguimiento y organización de información para documentar casos, presentar denuncias y demandar soluciones.
Estos defensores se han hecho presentes una y otra vez, en audiencias y sesiones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Han presentado información que ha sido crucial para sustanciar el caso venezolano y alentar la atención internacional sobre la necesidad urgente de asistencia y protección de las personas y, necesariamente, sobre la indispensable recuperación institucional que se requiere con urgencia.
En este aspecto, encuentro especialmente valioso que el informe de la alta comisionada haya hecho referencia a la dimensión humana de la emergencia sin dejar de lado una breve pero fundamental referencia institucional: “Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del Poder Judicial”, aumentando “la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa”. Para luego añadir que “todo ello ha permitido al gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos”.
Es en este punto en el que se cruzan y deben complementar, nunca competir, el compromiso con la protección de los derechos humanos y las faenas de la política. La plena protección de los derechos humanos solo será posible a partir del impulso político de las opciones responsablemente manejables y verdaderamente disponibles para la reconstrucción del Estado de Derecho. Esta, a su vez, para ser factible y sostenerse, no debe perder de vista la magnitud de la tarea de recuperación humana de Venezuela.