Los nuevos rectores del CNE. Foto Federico Parra / AFP
Hace 15 días comentaba la penúltima pretensión de obligar a los ciudadanos, a las asociaciones civiles y a las empresas a entregar información privada sobre su funcionamiento y de las personas con quienes se relacionaban, pero fue suspendido al poco tiempo (lo llamaron Cesppa). Ahora pasó igual con la normativa para el Registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ruso-Oncdoft), se publicó el 30 de marzo de 2021 y se reimprimió el 29 de abril siguiente, casi un mes de vigencia. En ambos casos, corregir por errores materiales la impresión anterior es una excusa; solo que en el Cesppa eliminaron todas las normas de contenido inconstitucional e ilegal, mientras la última regulación quedó vigente siendo contraria a derecho.
En la reimpresión incompleta de la Ruso-Oncdoft, porque la original tuvo 18 artículos y la del 29 de abril solo 8, debieron reimprimir toda la corrección o, para variar, tuvieron que retirar el desaguisado de manera atropellada. Cambiaron la exposición de motivos agregando un numeral relacionado con las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo cual nada mejora la ilegal fundamentación. Eliminaron la obligación de entregar la identificación de los beneficiarios de las mencionadas organizaciones, y el plazo de treinta días para inscribirse. Desapareció la referencia a las sanciones por el incumplimiento por parte de los sujetos obligados previstos en la legislación, como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que contempla duras penas de prisión; así como la evaluación de los recaudos; la entrega del certificado que emitirían; y la actualización en caso de cambios en los datos entregados.
Ya comenté que esta providencia administrativa fue dictada por un funcionario incompetente y que quebranta expresas garantías constitucionales; por ejemplo, el respeto a la vida privada, la cual sabemos es inexistente en los gobiernos comunistas. La publicación incompleta de la mencionada normativa es el reconocimiento por parte del Estado de la locura que cometieron, de la insensatez y de la ignorancia de los redactores.
También, este comportamiento del Estado es evidencia de lo susceptible que se encuentra el gobierno ante la presión social, la opinión de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y la necesidad de disminuir las fuentes de conflicto. Podría estar enmarcada en los reconocimientos recientes de asesinatos de opositores que tanto negaron en el pasado, aunque falta reconocer otros muertos y desapariciones, es decir, de la política de eliminación de adversarios que viene practicando directamente o por medio de sus grupos paramilitares. Por si fuera poco, relacionada con la designación de unos rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se sospecha que las sanciones económicas impulsan estas medidas, pues les duele en el bolsillo.
A los nuevos rectores es difícil considerarlos útiles para resolver la crisis de legitimidad que tiene el chavismo, ya que son incompetentes para reintegrar en los partidos políticos intervenidos desde 2015 a sus legítimas autoridades, porque le corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; tampoco tienen atribuciones para liberar a los presos políticos o revocar los juicios e investigaciones con los que obligaron a exiliarse a diputados. En el pasado hemos tenido varios CNE prochavistas, así que podemos contar con los recién designados para que cumplan con lo mismo de siempre en materia de elecciones, organizar unos procesos muy bonitos en los que impedirían tomar parte a los representantes legítimos de la oposición. Estos rectores podrían autorizar el uso de una tarjeta única opositora y permitir la observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Algunos pronunciamientos a favor de la democracia real serían esperanzadores.
La semana pasada escuché al exrector y vicepresidente del CNE Rafael Simón Jiménez en un programa de radio. Este renunció al poco tiempo de su designación dizque porque se sentía con una camisa de fuerza en el cargo porque desde ahí no podía opinar. De la entrevista mencionada, entendí que estaba atado de manos, el organismo capturado por personal afín al gobierno; y que le fue imposible designar a funcionarios de confianza. De no poder designar a su personal estaría sin presupuesto ni nómina; y sus órdenes serían ejecutadas por afectos al chavismo –vaya usted a saber qué harían–; todo muy lamentable para él. En estas mismas condiciones se encuentran los nuevos rectores.
La dictadura sigue sin gobernar ni ser aceptada, con políticas torpes, implementando soluciones que son laberintos sin salida; sin embargo, estos chavistas piden que confiemos en ellos, aunque no ceden en nada fundamental. Una vez que cambien las condiciones saldremos de esta caquexia política y económica; mientras tanto siguen muriendo venezolanos esperando el cese de la usurpación.
@rangelrachadell