Las recién electas autoridades de la Universidad Central de Venezuela tendrán como norte no solo la necesaria transformación académica, sino desatar el nudo de los recursos financieros para su cabal funcionamiento y desarrollar una estrategia atada a un sistema productivo autónomo, de manera tal que puedan tener éxito para inducir el progreso de la universidad dentro de la perspectiva de funcionar dentro del entorno oficial que pretende mantener su modelo político y el control del sistema universitario.
Una vez resuelto el tema del esperado cambio de modelo de gestión que estuvo hibernando en los desolados campos universitarios desde hace tres lustros bajo una dirección pasiva, dependiente y anémica, el cambio tendrá un efecto diapasón en el resto de las universidades al destrancar los procesos de elección de sus autoridades y en consecuencia la recuperación de la democracia académica, la cual enfrentará el gran reto de cambio organizacional en todo el sistema universitario venezolano.
Pfeffer, autor de conceptos fundamentales sobre el comportamiento organizacional, asumía que “la capacidad de conseguir el éxito de una misión, valores y objetivos ante las eventualidades de las cosas que se quieren hacer en una organización, una de la más importante es la de enfrentar al poder para poder lograr el resultado esperado”. En efecto, para llevar a cabo una gestión programada y alcanzar las metas propuestas se debe tomar en cuenta el hecho que se tendrán que ejercer acciones en un ambiente sustentado en una organización tradicional y, que por lo general es resistente al cambio, o para indicarlo de otra manera, buena parte de sus integrantes afirman querer el cambio, pero sin quererlo cambiar. En ese sentido, se requerirán nuevos enfoques y herramientas para lograr los objetivos de la transformación indispensable y, además poder convivir con el poder coercitivo y lograr alguna alineación con las políticas nacionales sin entrega, pero es patente que dicho intercambio es poco favorable si observamos las contradicciones con su modelo político, el cual es incompatible con el desarrollo de la autonomía universitaria en una comunidad que está sufriendo los efectos de dicho modelo, los cuales han generado desmotivación, desengaño y precariedad.
El entorno universitario que se apoyó en la gestión de las autoridades salientes con su diplomacia amorfa permitió sin fuerza que a la universidad se le limitaran los recursos financieros para su funcionamiento y el hecho de haber aceptado la decisión crucial de permitir que la nómina de su personal de lo que ahora se llama trabajadores universitarios pasara directamente al control del Ejecutivo , de que solo tratara de preservar artificialmente la meritocracia universitaria y que sus derechos laborales fuesen intervenidos en un claro atentado a la pérdida de su seguridad social, que incluso construido con recursos y aportes comunitarios que lamentablemente fueron mal empleados e impactaron en profesores e investigadores que han visto la evaporación de los recursos del fondo de jubilaciones y pensiones cuya gestión unilateral e intervención tuvo la enorme habilidad de desaparecer los montos aportados sin explicación, de su rentabilidad, y en general, de la pérdida del patrimonio sobre los cuales se deberá aclarar y exigir la presentación de cuentas, incluyendo a otras organizaciones sectoriales y de otras modalidades orgánicas cuya gestión a la brevedad debe ser revisada.
Adicionalmente, la reconstrucción bajo la dirección oficial de la infraestructura universitaria se permitió maquillarla sin control orgánico de los entes responsables de mantener el patrimonio de la humanidad como es la UCV. Hasta ahora cientos de contratistas y personal de todo orden penetró el campus bajo dirección directa del Ejecutivo, cuyo interés es el de la propaganda y mostrar la recuperación de los espacios unilateralmente, olvidándose de que fue el propio gobierno el que indujo a deteriorar y destruir las instalaciones universitarias.
En la universidad ha habido un éxodo de sus recursos humanos, más de la mitad se jubilaron o se fueron, o ambas cosas, la merma estudiantil y el abandono de instalaciones, obsolescencia y deterioro creció dramáticamente y se anuló la participación de la universidad como agente de cambio social. La destreza de las nuevas autoridades se enfrentará a nuevas condiciones, resolver el tema de los recursos humanos necesarios, gestionar la organización integrada por un claustro ampliado con egresados, empleados y obreros para enfrenar la transformación universitaria desprovista de recursos financieros y operarla sustentada en el escaso remanente del presupuesto cuya nómina alcanza un significativo monto en su composición, pero que es tramitado para su aprobación a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, y su consiguiente procedimiento a través del ministerio respectivo, es decir, no se tiene control de los pagos de su plantilla, de los compromisos laborales y contractuales los cuales están en manos del Ejecutivo. Es decir, este gran obstáculo requiere de una estrategia clara para instrumentar una vía de reinstitucionalización que llevará tiempo y, entonces, solo será posible con la capacidad de potenciar los recursos productivos, de innovación, emprendimiento y vinculación con los sectores adecuados. Vale la pena destacar la limitación de la capacidad financiera, el secuestro de sus áreas rentales por parte del gobierno en contradicción con el espíritu bolivariano que había dispuesto en leyes y reglamentos el financiamiento autosustentable a través de las rentas del patrimonio aportado.
La prioridad anterior resalta para la revisión y transformación universitaria empezando por la Ley de Universidades, leyes asociadas, reglamentos, procedimientos y muy especialmente, las normativas oficiales e internas de universidad. Solamente en estos aspectos la gestión universitaria tendrá que enfrentar la resistencia al cambio, muy especialmente de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, y del MPP de Educación Universitaria para proceder a modernizar, reinstitucionalizar, transformar el modelo actual y poder acoplar la universidad a los nuevos tiempos.
Es importante señalar otro obstáculo y es que la toma de decisiones de política universitaria, entre ellas el funcionamiento interno del Consejo Universitario -el cual puede ralentizar los procesos-, debe ser sobresimplificado para subir la escala decisional, ya no como consecuencia de la administración que ha sido en la práctica intervenida, sino que al instrumentar el cambio académico sus decisiones mayoritariamente terminarán en el despacho del Consejo Nacional de Universidades para una decisión condicionada por un organismo controlado por el régimen, donde las cinco universidades nacionales y otras dieciséis experimentales no tienen la fuerza necesaria y requerirán los votos favorables en un ejercicio falsamente democrático donde dichas decisiones están en manos no solo de los entes oficiales con sus siete organismos encabezados por el propio ministro del despacho, sino con la participación de más de cuarenta universidades nuevas de corte ideológico, dependientes totalmente del Ejecutivo, sin contar con otros representantes hostiles a la autonomía universitaria. Por razones obvias no se consideran las 26 universidades privadas cuyos votos en la práctica no cuentan por su escaso peso de decisión y que están sujetas a otro tipo de intervención.
La mano decidida de las nuevas autoridades conscientes de un entorno organizacional disperso, inefectivo y normativo deberá sortearla con la ayuda de actores universitarios que participarán en el proceso de transformación y de redefinir un modelo de gestión. Pero en todo caso, el nuevo proyecto debe convertirse en agente de cambio sustentado con una nueva cultura organizativa, eficiente en el tiempo y sustentable con un nuevo paradigma apoyado en la capacidad intelectual de sus dirigentes y de los aportes de la comunidad académica cuyas tareas, ideas, decisiones, evaluación, trabajo creativo, iniciativa, innovación y de capacidad operativa aporten para dicha redefinición.
La universidad ha dado un paso al frente, ha entendido que tiene grandes obstáculos para el cambio, incluyendo los efectos políticos e ideológicos, pero el alma mater tiene los recursos, proyectos y capacidad para enfrentarlos, no solo mediante el debate y el diálogo constructivo, sino con el espíritu libertario y plural de la verdadera universidad, con su visión autonómica que sustente el cambio social que está por llegar e inducir su efecto en un país cuyo modelo deberá cambiar para hacerla significativamente posible.