La noticia más importante de la semana en Venezuela pareciera ser el destape —tardío— de la corrupción que ha quebrado a Pdvsa y a varias otras empresas del Estado. A estas horas se extiende la cacería de los culpables —y a lo mejor algunos menos culpables— mientras un sector del oficialismo parece pasarle factura al otro.
En lo internacional la noticia que ha copado todos los titulares ha sido sin duda la orden de arresto emitida contra Vladimir Putin por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya. La mayor parte de los venezolanos se preguntan ¿con qué se come eso? y ¿qué consecuencias pudiera tener no solo para el señalado como “presunto criminal”, sino también en cuanto a la fauna local sujeta a investigación por la Fiscalía de La Haya y percibida por la opinión pública nacional como autora de crímenes similares a los del ruso, pero aún sin orden de arresto.
Al mismo tiempo, mucha gente se pregunta e imagina que en esa Corte Penal Internacional (CPI) pudiera haber dos raseros: uno para los criminales que se sientan en el Consejo de Seguridad de la ONU (Putin) y otro para el “perraje” (además, moroso en los pagos de cuotas a la organización), como serían el combo de Nicolás y quienes forman parte de la cadena de mando que finaliza con los torturadores que ejecutan las órdenes emanadas de esa pirámide. Se pregunta la gente cómo es que lo de Ucrania, que apenas lleva un año, ya ha generado una orden de arresto a un relevante personaje de la escena mundial, mientras que la causa de Venezuela, que lleva ya casi dos décadas, aún está en veremos.
La otra cosa que la gente se pregunta es cómo se podrá efectivizar una orden de arresto a un individuo cuyas circunstancias y entorno lo convierten en un personaje al que en la práctica resultaría difícil “ponerle los ganchos”, como decimos en Venezuela, por cuyo motivo la orden de arresto sería apenas anecdótica.
En primer lugar, es preciso reconocer que los hechos en Ucrania revisten una gravedad no solo masiva sino que además ha venido siendo transmitida por televisión, mientras que lo de Venezuela, dramático y todo como es, ya ha venido perdiendo el centro de la escena internacional, aparte del hecho cierto que el número de víctimas y la notoriedad de los crímenes es menor, lo cual no lo hace menos grave pero sí menos visible.
En el caso de Ucrania el fiscal de la Corte, Sr. Karim Khan, ha hecho dos viajes al terreno donde se desarrolla el conflicto y ha visto con sus propios ojos lo que tiene que ver para convencerse de la comisión de crímenes de guerra y otros delitos. Además, él ha establecido una oficina en el área de conflicto dedicada a obtener e investigar los hechos. Adicionalmente, la prueba de la comisión de los delitos en el caso de Ucrania es sumamente fácil toda vez que lo que se alega: deportación de al menos 16.000 niños desde las zonas ocupadas de Ucrania para su “reeducación en Rusia” tiene la evidencia incontrastable de las órdenes específicas emitidas en documentos oficiales rusos y en declaraciones de al menos la señora Levova-Belova, quien es la comisionada para los Derechos del Niño, segunda en la cadena de mando para esos asuntos y también bajo orden de arresto.
En cambio, lo de Venezuela, por más evidente que resulte para nosotros, requiere de la acumulación de pruebas de jerarquía legal para poder arrancar con el proceso. Esas pruebas acaban de entregarse este mes en La Haya en formularios diseñados por la Corte, con todos los detalles de víctimas, lugar, violación, etc. Ese material, más de 2.000 denuncias, apenas ahora será revisado por la CPI a fin de determinar si “prima facie” existen pruebas suficientes y consistentes para llevar la acusación a la próxima instancia, que es cuando el fiscal las presente a los señores jueces, se abra un juicio con todas las garantías y en definitiva se llegue a una condena o absolución. No es de descartar, sino todo lo contrario, que tempranamente se pueda emitir orden de arresto contra la cúpula venezolana y pedir la extradición o entrega de los responsables hacia La Haya. Ello no es imposible y ya ha ocurrido en la Corte Internacional para los Crímenes en la Antigua Yugoslavia (también con sede en La Haya) con el entonces presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, quien fue entregado al tribunal o Radovan Karadcik, bosnio-croata que fue presidente de la efímera República Sprska, o Radko Mladic, responsables de la masacre de Srebrenica en 1995 o el bosnio-croata Slobodan Prajlak, quien al ser notificado de su sentencia condenatoria ingirió una pastilla de cianuro en pleno tribunal falleciendo casi que de inmediato.
Otro caso es el del sanguinario dictador de Sudán, Omar-al-Bashir, quien tras treinta años de sanguinaria gestión fue derrocado en 2018 y el nuevo gobierno que lo tiene en prisión ha prometido entregarlo, o el caso del dictador libio Kadaffi, sujeto también con orden de arresto, la cual no se pudo efectivizar por haber sido él asesinado en medio de los sangrientos episodios que sacudieron a su país en 2011.
De conformidad con el Estatuto de Roma (que crea la CPI) los 123 Estados miembros de ese tratado adquieren el compromiso de ejecutar las órdenes de arresto cuando el indiciado llegue a su territorio, aun cuando revista la calidad de jefe de Estado en ejercicio. Es difícil suponer que alguno se atreva a hacerlo en la persona de Putin por obvias razones. Ya mismo un país de la Unión Europea, Hungría, alineada con Rusia en el actual conflicto, ha anunciado que no ejecutaría la orden de arresto. Suponemos que en nuestro continente Cuba, Nicaragua y Venezuela tampoco, pero a la luz de las recientes votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, al menos una veintena de naciones de África, Bolivia y otros seguirían el mismo camino. China no es parte del tratado de Roma y Estados Unidos tampoco.
Pero una cosa es Putin, que milita en Grandes Ligas, y otra Nicolás o Padrino López, etc., que si acaso se desempeñan en la liga de Criollitos. Como consecuencia, es de suponer que los jerarcas de la cadena de mando venezolana, pese a sus desafiantes descalificaciones de la CPI, prefieran posponer sus viajes internacionales o limitarlos a “destinos seguros por si las moscas”.
Tampoco se puede descartar, como pasó en Sudán, que los que resultaban salpicados por el encendido del ventilador prefiriesen derrocar a Al-Bashir y ponerse “del lado bueno” antes de ser ellos mismos objeto de medidas de arresto.
En resumen: ¿a Putin lo arrestarán? Casi seguro que no a menos que sea destituido y entregado. ¿A Nicolás le pudiera esperar una sorpresa?: seguramente sí, más aún teniendo en cuenta que su cabeza, además, tiene precio oficial de 15 millones de dólares que la hacen muy atractiva para los cazadores de recompensas.