Las más recientes encuestas de opinión pública que conozco –Consultores 21 y Meganálisis, entre otras- muestran que el promedio de intención del voto para la elecciones regionales del 21 de noviembre continúa siendo muy bajo entre los opositores y quienes cuestionan la actuación del gobierno, pero no se identifican con ninguna organización ni tendencia particular; esos a los que antes se les llamaba Ni-Ni. Esta capa anda alrededor de 35%. El porcentaje aumenta de manera significativa entre los maduristas firmes, cerca de 18%, y quienes sienten algún tipo de simpatía por el régimen otro 12% o 13%. En este segmento la intención de ir a las urnas sube a 65%. Los maduristas, aunque son minoría, duplican en intención de voto a los opositores, la gran mayoría del país.
Esas cifras las conoce Nicolás Maduro. Por esa razón, su comportamiento frente a los comicios siempre será ambivalente. Se moverá entre el llamado para que la gente vaya a depositar la papeleta, y el desestimulo a través de la amenaza abierta o velada; las violaciones de la Constitución y de la Ley de Procesos Electorales; la ambigüedad ante la observación internacional y las trastadas: persecución a tal o cual aspirante a gobernador o alcalde, silencio ante las arremetidas del contralor general o la negativa a desterrar la odiosa figura del “protector” en aquellos estados donde los aspirantes opositores ganen. El gobierno se moverá por los intersticios. Les enviará un mensaje a la Unión Europea, al canciller Josep Borrell y al presidente Joe Biden, para que crean que él ahora es un autócrata arrepentido, firme creyente de la descentralización, de las elecciones equilibradas, universales y secretas, respetuoso de la oposición y de la voluntad popular. Mientras, por la otra banda, desincentivará el sufragio opositor con una variada gama de artimañas. Ese es el estilo que define al régimen.
Admitida esta realidad, ¿qué debe a hacer la oposición? Exigirle a Maduro que se comporte como un caballero ceñido a los valores democráticos es una ingenuidad. Lo más lógico es que los líderes opositores traten de contrarrestar esa estrategia de disuasión y desestimulo del voto opositor, a través de una campaña que la desenmascare, contrarreste y derrote, hasta donde sea posible someter a una casta que posee el control de todos los poderes del Estado.
El primer paso tendría que consistir en definir una postura unitaria –si no de consenso porque no es posible la unanimidad en medio de tantas y hondas diferencias– que incluya a todos los partidos y organizaciones que comparten la misma decisión: acudir al proceso de noviembre. El retraso solo favorece al gobierno, que además de haber convocado las elecciones, acordó que realizará las primarias internas para seleccionar sus candidatos en agosto. En menos de dos meses.
La oposición tendría que moverse en el mismo terreno y a la misma velocidad para que el escenario político nacional no sea copado totalmente por el PSUV y sus aspirantes durante este período. Toda la maquinaria del Estado madurista será puesta al servicio de ese evento. No conviene que la oposición quede opacada por sus dudas hamletianas.
Además de la unidad posible, otro factor que estimularía la participación opositora en la cita de noviembre es la realización de primarias para seleccionar sus representantes. Este es otro dato importante arrojado por las encuestas, que con seguridad el régimen conoce. La fórmula vale para el oficialismo y para la oposición. Los ciudadanos quieren que se les consulte. Desean participar en la escogencia de los aspirantes a gobernadores y alcaldes. No quieren que los candidatos salgan de cenáculos o de acuerdos burocráticos adoptados por las pequeñas agrupaciones que existen en el país.
En la organización de esa consulta tendrían que montarse los partidos. La decisión, lo sé, no es fácil. Realizar primarias implica un costo elevado. Hay que llevar a cabo una campaña, desplazar militantes por el territorio del estado o el municipio, pagar la propaganda, las giras y los actos proselitistas. Se requiere de toda una logística costosa. Sin embargo, salvo en aquellos casos en que la decisión sea obvia porque un aspirante reúne el apoyo de todos los demás y le queda claro al electorado que esa es la figura indicada para aspirar a la gobernación o alcaldía, el método de las primarias resulta conveniente.
Para el PSUV los costos económicos de unas primarias no significan una limitación. Ya se sabe de dónde salen los recursos para financiar sus campañas. Aquí surge un enorme reto para el CNE: ponerle coto a los abusos y el ventajismo del partido rojo. La confrontación luce inevitable. Son muchos años cometiendo excesos sin contrapesos.
La unidad, las primarias, un comando nacional unificado y un discurso coherente, serán factores que animarán a los opositores a acudir a los centros de votación. Maduro no debe quedarse con la mayoría de los gobiernos regionales siendo una pequeña fracción de Venezuela.
@trinomarquezc