Familiares de detenidos en las protestas opositoras aguardan noticias afuera de la sede de la Policía Bolivariana / Foto AFP
El estupor ante los anuncios del Consejo Nacional Electoral venezolano sobre los resultados de los comicios presidenciales de julio último, dando como ganador a Nicolás Maduro, desató un centenar de protestas ciudadanas. El ímpetu del reclamo popular fue respondido por el gobierno con 25 muertos y cientos de heridos y detenidos, en lo que constituye una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país.
La mayoría de las manifestaciones partieron de los barrios carenciados, antiguos bastiones del chavismo, donde viven los más golpeados por la larga crisis económica. Muchas casas de opositores en barriadas pobres fueron marcadas con X, de manera de identificar dónde había personas para reprimir y detener.
Maduro y otros funcionarios promocionaron la Operación Tun Tun, como un medio para capturar a los que dicen que están detrás de la violencia en las protestas, a quienes describen como “criminales fascistas”, generando un clima de terror. Tun Tun hace referencia al sonido de la puerta al ser tocada por la autoridad, generando pánico en los moradores.
Si bien las persecuciones, amenazas y detenciones arbitrarias han sido algunos de los métodos que el chavismo utilizó durante décadas para sofocar la disidencia en Venezuela, con picos durante las protestas masivas de 2014, 2017 y 2019, organizaciones como el Centro de Justicia y Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos coinciden en el crecimiento de la violencia oficial en estos últimos tiempos.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre violaciones de derechos humanos indicó en su informe que las autoridades venezolanas llevaron de manera consciente y planificada acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas y para impedir las protestas pacíficas.