De entrada, los problemas fundamentales del país están fuera del consabido memorándum de entendimiento suscrito en México. No hay siquiera una tregua para el proceso de demolición de las universidades, porque las negociaciones secretas versan en torno a la definitiva póliza de supervivencia de los clanes políticos que las concurren.
Para defenderla, es necesario ir más allá más allá de la universidad y, nuevamente, lo prueba la IV convención colectiva impuesta por el régimen a la cofradía sindical que creó para tal fin. El país lo creerá un asunto mera y fastidiosamente laboral que solo concierne a las partes, por escasamente representativas que fueren, económicamente irrealizable para los entendidos, confundido por la nada inocente estridencia generada por las citadas negociaciones, la devastación que significa la llegada al poder de los talibanes, o cualesquiera otras que le facilitan al oficialismo sus maniobras más decisivas, cuyas consecuencias nefastas se sentirán cuando ya sea tarde para identificarlas y responderlas.
Simplemente, no esperan la aprobación de una anunciada ley que expone todo el repertorio de la universidad comunal, implementándola anticipadamente a través del convenio colectivo que se ocupa menos de las casas de estudios y más del régimen que deben sostener, incluso, por las armas, motivo de un reciente foro digital (https://www.youtube.com/watch?v=J6IrggUuXCY). Valga acotar, el caso fue advertido con suficiente antelación, principiando 2020, en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional (https://www.youtube.com/watch?v=4FF9YCiDJMg [1:21’ 00’’ / 2:29’ 48’’]), por lo que el liderazgo del sector universitario no puede jurarse sorprendido ante la militarización, pedevalización y conatelización en marcha.
Podemos hablar de una cierta ontología de la destrucción a la que todavía no acceden los actores de la universidad venezolana que aspiran a una normalización imposible, diligenciándola para incurrir (in) voluntariamente en el colaboracionismo con el Estado depredador que interés alguno tiene en alcanzarla. El sistema Patria gozó de una inmediata aceptación y, por forzada que fuese, no levantó tampoco el polvo de una reflexión académica sobre las instituciones fundamentales del derecho laboral y administrativo que se ha llevado por delante; la Fapuv invoca las tablas de una convención, pretendiendo el discurso economicista que evade el desastre prometido por las medidas de reconversión monetaria; o las autoridades universitarias callan, mal administrando un silencio que no diluye sus responsabilidades en el drama, tal como lo radiografió hace poco Mirla Pérez en un texto de palpable sobriedad.
Demora la noticia en llegar a las ilusas aulas, intentando traspasar los artificios del largo y tupido itinerario de las estridencias. La convención colectiva universitaria constituye toda una experiencia de la irracionalidad al apostar por un batiburrillo de cosas y materias ajenas al específico ámbito en la que se impone, al igual que ofrece una cuota inicial de lo que le espera al resto del país golpeadas mortalmente las clases medias ilustradas que, se suponía, mejor lo interpretaban.
@LuisBarraganJ