Ley del silencio u omertá es el código de honor de la mafia siciliana que prohíbe informar sobre las actividades delictivas de sus miembros, implicados en delitos de cualquier índole. Esta definición encuadra, perfectamente, en lo que está ocurriendo en el seno del PSUV, partido político que gobierna Venezuela.
Es inaudito que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, haya anunciado el descubrimiento de una red de corrupción en empresas del Estado y la detención de decenas de funcionarios y empresarios ꟷhasta el jueves 61 privados de libertad, 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y 172 allanamientosꟷ y el principal indiciado, Tareck el Aissami, no solo no aparece entre los detenidos expuestos a los medios de comunicación en bragas anaranjadas, sino que está desaparecido y nadie informa de manera fehaciente cuál es su destino.
En el seno del partido de gobierno esta desaparición ha hecho cundir el pánico, porque la militancia y la dirigencia se pregunta: si han desaparecido a un alto personaje que ha ocupado los más altos cargos de la nación, todos menos el de presidente de la República, ¿qué quedará para quienes nunca han ostentado cargos tan relevantes?
El Aissami fue jefe de la Misión Identidad en 2003. Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Mérida desde el 10 de enero de 2006 hasta el 16 de enero de 2007; viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana entre el 16 de enero de 2007 hasta el 8 de octubre de 2008; ministro de Relaciones Interiores desde el 8 de octubre de 2008 hasta el 13 de octubre de 2012; gobernador del estado Aragua desde el 27 de diciembre de 2012 hasta el 4 de enero de 2017; vicepresidente ejecutivo de Venezuela desde el 4 de enero de 2017 hasta el 14 de junio de 2018; vicepresidente del PSUV para la región de los Andes desde el 15 de enero de 2011 hasta el 28 de enero de 2013; vicepresidente del PSUV para la Región Centrooccidental desde el 28 de enero de 2013 hasta el 9 de enero de 2017; ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela (entre el 14 de junio de 2018 hasta el 19 de agosto de 2021; vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, entre el 14 de junio de 2017 hasta el 20 de marzo de 2023 y, a su vez, era ministro de Petróleo (27 de abril de 2020 hasta el 20 de marzo de 2023).
Este método policial de desaparición de funcionarios tiene una vieja precedencia en los procesos estalinistas del siglo pasado, contra líderes que se salían de la línea de la dirección, como los sonados casos de Artur London o de Heberto Padilla. En su libro El proceso, que fue best seller en su época, Artur London narra su secreta detención, en 1951, acusado de conspirar contra el Estado, junto con otros miembros del gobierno de Gottwald en Checoslovaquia al que pertenecía y las torturas que padecieron durante los interrogatorios, que los llevó a confesar “crímenes” contra el Estado no cometidos. Heberto Padilla, por su parte, fue también una autoinculpación, teñida de pasajes paródicos que recordaban a los juicios de los años treinta en Moscú, con arrepentimiento y delaciones incluidas, todo lo cual provocó una nueva protesta de un nutrido grupo de intelectuales en todo el mundo. Juan Goytisolo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Margarite Duras, Mario Vargas Llosa, Susan Sontag y Carlos Fuentes, entre otros, le hicieron llegar una carta a Fidel Castro pidiendo la liberación del poeta.
La diferencia es obvia, en estos casos de London y Padilla se trataba de honestísimos ciudadanos que se oponían a la represión y el totalitarismo, enemigos acérrimos de la corrupción. Nos referimos a ellos, solo para ver la semejanza en el procedimiento que vulnera los más elementales principios de la legalidad y el debido proceso de cualquier ciudadano, no importa su jerarquía ni el delito cometido. La desaparición no está incluida en ningún proceso judicial de ningún país civilizado de la Tierra.
Además, El Aissami había sido de los funcionarios más apreciados en la cúpula del PSUV y del gobierno. Estas consideraciones llegaban al extremo de protegerlo de tal manera que se hiciera nugatoria, hasta ahora, la exigencia de la Corte Federal de Manhattan, donde enfrenta cargos de narcotráfico desde el 8 de marzo de 2019, encontrándose entre los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
La otra pregunta, entonces, que todo el mundo se hace en el PSUV y en Venezuela es: ¿esta desaparición traerá aparejada su entrega a las autoridades judiciales norteamericanas, como paso previo a la búsqueda desesperada del levantamiento de sanciones a Venezuela? Amanecerá y veremos.