AFP
El Estado no se detiene en la violación de los derechos humanos ante el silencio cómplice de los funcionarios destacados en el país por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El Estado sigue sin parar en la ejecución de las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas. Asimismo, con la imposición de abogados del Estado violan el derecho a la defensa de los detenidos al no permitirles su abogado de confianza. Vulneran el debido proceso, como lo establece nuestra carta magna en su artículo 49. Los presos políticos recluidos en el Sebin, la Dgcim, en Ramo Verde y en algunos otros centros penitenciarios siguen siendo víctimas de la violación de los derechos procesales por la denegación de justicia que profundiza el retardo procesal y lo más grave es la situación de salud, la falta de un plan de vacunación contra el covid-19, lo que viola el artículo 19 de la Constitución que obliga al Estado a garantizar y hacer respetar los derechos humanos de todas las personas.
Exijo nuevamente a la alta comisionada, Michelle Bachelet, asumir con verdadera gallardía y disposición la defensa del Informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, nombrada por el Consejo General de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que responsabiliza al Estado venezolano de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Debería darle vergüenza que nuevamente los expertos en materia de los derechos humanos de la OEA tengan que exigirle a la CPI proceder a la firma del informe preliminar, para que se inicie la investigación, cuando lo debería hacerlo ella.
La posición de la alta comisionada constituye una burla al dolor lleno de lágrimas y sentimientos de familiares y víctimas que siguen clamando por justicia internacional porque en nuestro país siempre se las han negado. Ha sido testigo de ello cuando procede a la actualización del informe sobre Venezuela en el que destaca el mismo patrón que usa el Estado para seguir ejecutando atrocidades, detenciones arbitrarias con torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Aún tiene tiempo de reivindicar la imagen bastante politizada del Consejo para los Derechos Humanos de la ONU.