Con 80% de los habitantes de Latinoamérica viviendo en ciudades, es entendible que la perturbación actual se esté desarrollando en las calles y que un objetivo prioritario de las organizaciones revoltosas de la izquierda regional, sea sacar a la Policía de allí. Cuando los gobiernos ceden a esta pretensión, apoyada por burocracias internacionales de marcado tinte mamerto, la transformación o la destrucción del aparato policial del Estado, conlleva graves consecuencias para la seguridad del ciudadano. Que lo digan la severa violencia y la alta inseguridad de Caracas, especialmente en aquellas zonas que engañosamente se llamaron zonas de paz, de las cuales se sustrajo la policía, con el argumento de que, sin el respaldo de la fuerza, la bondad natural humana permitiría la convivencia y el cumplimiento de la ley. Otra de las falacias del comunismo: la eterna felicidad.
Capeando el temporal
En Colombia, la reforma a la Policía anunciada por el presidente Duque, no obedece a un proyecto programático del gobierno sino a la coyuntura de perturbación social que después de cinco semanas deja una veintena de muertos, cerca de 2.000 heridos, ciudades vandalizadas, pérdidas por más de 15 billones de pesos, medio millón de desempleados y el mayor descrédito político de los jefes gremiales de 3 sindicatos que no suman ni 2% de la población colombiana.
La presentación al congreso del proyecto de ley con la reforma propuesta a una institución crítica para la supervivencia del país, justo en momentos de zozobra, garantiza una discusión polarizada, poco racional, con resultados que pasarán cuenta de cobro más adelante. Es precario intentar la reforma de una institución al calor de incendios, denuestos y una virtualidad de redes sociales que han logrado estigmatizarla con opiniones engañosas que tienen como objetivo, finalmente, la desestabilización del país.
En medio de esta desastrosa pandemia picando en 600 muerto diarios, y nuevos carros bombas por cuenta del ELN en la frontera, la reforma policial luce inadecuada y a su inoportunidad se abonarán la lentitud proverbial del Estado, las severas limitaciones presupuestales y las urgencias del orden público que no cederán a corto plazo. Todos estos factores pueden hacer que la reforma se transforme en un maquillaje que no podrá, en ningún caso, cambiar la esencia institucional que ha permitido que la Policía Nacional se adecúe a las cambiantes pero repetitivos contextos de seguridad ciudadana del país.
Horizonte poco agradable
Las jerarquías, la disciplina y la subordinación, son pilares sobre los cuales no hay nada que discutir. Ellos garantizan la supervivencia de una institución armada de seguridad como la Policía y son las condiciones mínimas, sin las cuales, se puede terminar en un desastre de consecuencias irreparables. La creación de un viceministerio parece señalar la mitad del camino hacia un Ministerio de la Seguridad Pública, una aspiración de vieja data de la izquierda política, que establece un mayor control político de la Policía para convertirla, como a los militares, en una guardia pretoriana contra los inefables “ataques del imperialismo y la burguesía criolla”, manido coro de los fanáticos de esta tendencia ideológica. Tal dependencia luce inconveniente.
Un viceministro a cargo de estructurar la política de seguridad ciudadana y guiar la policía por ese camino, ofrece el grave riesgo de una politización institucional, de lo cual ya Colombia tiene amargas experiencias en su pasado histórico, como en la llamada «violencia» de los años cincuenta. En 1993, durante el gobierno de César Gaviria, cuando se dio otra reforma circunstancial, la Ley 62 de agosto de ese año creó el cargo de comisionado nacional para la Policía, oficina que concentró un zaperoco de influencias políticas clientelistas que terminaron por opacar y desaparecer tal figura.
Reformas policiales, más políticas que técnicas, a cargo de gobiernos socialistas como Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos dramáticos. En este último país, durante las protestas estudiantiles del 2018, fueron asesinados mas de 300 estudiantes por la policía orteguista. Y no mencionamos aquí al FAES. Si definitivamente Colombia decide crear ese viceministerio, se deberá ubicar allí a un conocedor en la materia y no a un político en ascenso o a un burócrata “de toda la vida” o a un miembro de la corte de lambones que siempre acompaña al poder. Como fuere, el camino hacia una institución policial inscrita en el Ministerio del Interior parece haberse iniciado.
Por otra parte, cambiarles el uniforme a los policías no es significativo y sí es costoso; la asignación de un código QR a cada uniformado plantea serios riesgos a la seguridad de los policías, mas aun en esta época de ingeniería cibernética disruptiva y la profesionalización es un empeño de vieja data que ha permitido a la policía colombiana sobrevivir con un prestigio reconocido internacionalmente.
Hace poco, algunos legisladores de la bancada de izquierda echaron de manera humillante a policías encargados de la vigilancia de los recintos parlamentarios y dentro de unos días con seguridad que el Informe de la CIDH no será nada benigno con la Policía de Colombia, varios de cuyos miembros fueron asesinados durante los pasados disturbios. Ojalá y en el estudio del proyecto de ley se entienda el papel vital que tienejohn la institución policial en la estabilidad del país y que el gobierno, a pesar de los apuros por los que está pasando, tome decisiones bien pensadas con perspectiva de nación y no le haga el juego a la estrategia de desestabilización en desarrollo.