Odebrecht, que confesó en 2016 haber encarrilado una red de corrupción global, trata ahora de tumbar sus cuentas pendientes con el Perú. Este último miércoles 2 de noviembre, el Ministerio Público de Brasil suspendió temporalmente la cooperación jurídica entre ambas naciones, lo cual había sido una petición de la misma constructora, ahora llamada Novonor. La excusa: una supuesta violación al acuerdo por parte del Equipo Especial Lava Jato. Esta decisión se ejecutó previo al descargo de los exdirectivos Marcelo Odebrecht y Jorge Barata respecto a los aportes ilícitos que le dieron al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. Y, como para consolidar las sospechas, se dio días después de la asunción presidencial de Lula da Silva, otro personaje involucrado que incluso tuvo que purgar varios años en prisión.
El pasado viernes 28 de octubre, Odebrecht había denunciado ante el Ministerio Público de Brasil que en Perú nuestras autoridades habían infringido el acuerdo de cooperación jurídica. Según señalaron, hubo una “violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la ‘no utilización de pruebas producidas en Brasil’ contra la empresa en aquella jurisdicción”.
Esta es la tercera vez que se aplican este tipo de medidas. De hecho, el mismo fiscal Rafael Vela, quien está a cargo con su colega José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, las justificaciones son «razones son bastante antiguas». En líneas cortas, es porque se incorporó a la empresa como tercero civilmente responsable en el caso Rutas de Lima —en la que está implicada la exalcaldesa Susana Villarán— con los arbitrajes que tiene con el Estado peruano por el Gasoducto Sur y por la propia Rutas de Lima. La compañía sugirió que el equipo fiscal venía practicando “diligencias a espaldas de la cooperación internacional brasileña”. Vela lo catalogó como un “acto de mala fe procesal”.
Sin embargo, lo más corrosivo de esta suspensión es los frentes que aplaza. Uno de estos son los juicios orales que se le iban a hacer a los exdirectivos de la empresa: Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Ambos tenían que dar más detalles sobre el aporte de la empresa de 3 millones de dólares —confesión del mismo Barata— para la campaña presidencial del 2011 de Ollanta Humala, caso en el que también está involucrada su esposa Nadine Heredia. Además, la decisión de la Fiscalía brasileña se da después de la victoria de Lula en Brasil para la presidencia. El político izquierdista llegó a estar 580 días en la cárcel, aunque debieron ser 12 años de prisión, sentencia inicial.
Mientras tanto el Equipo Lava Jato ya se encuentra en Sao Paulo, Brasil, y ya elevó su pedido a la Procuraduría de ese país de restablecer la cooperación jurídica entre Perú y el país vecino. “Con la respuesta oficial [del equipo especial Lava Jato] se espera que la Procuraduría General de Brasil reevalúe la suspensión temporal y se retome la cooperación jurídica”, se lee en el comunicado del Ministerio Público peruano. Vela dijo al respecto: «Lo que hay es un informe que tenemos que elaborar con base en lo que dice Odebrecht y la justicia brasileña analizará nuestras argumentaciones, nuestra versión y tomará la decisión respecto a la suspensión».
La compañía Odebrecht es cabeza de uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años. No solo en Perú, sino en toda la región latinoamericana. Incluso en diciembre de 2016 se tomó la atribución de confesar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagaron en sobornos por lo menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. La justicia no debe dejar superponerse por el gigante brasileño.
Artículo publicado en El Reporte de Perú