EFE/ Miguel Gutiérrez
Raíz traduce el substantivo latino radix, del cual se deriva el adjetivo radical, que significa entonces “lo que va a la raíz, al fondo, de algo”. Es lo implicado por el término afín de refundación, evocador de “fundamento” y planteado por el Episcopado venezolano en sus últimos documentos, como compromiso necesario y urgente que requiere el país, sumergido en gravísima crisis.
En sectores importantes de la sociedad civil se había venido considerando la necesidad de un proceso constituyente, según lo previsto por los artículos 347-349 de nuestra Constitución. La refundación de nuestro país postulada actualmente por los obispos asume de algún modo ese proyecto y lo anima, aunque, como es de suponer, lo enriquece y trasciende en cuanto a las exigencias éticas y espirituales, tanto personales como sociales, que han de acompañar dicho proceso político tendiente a cambios estructurales, máxime tras la experiencia del régimen actual que nació al amparo constitucional de tal consigna.
Para noviembre se tienen previstas elecciones (o, mejor, votaciones) para gobernadores y alcaldes, en condiciones que, muy previsiblemente si no hay un “giro copernicano” en las mismas, ofrecen flancos débiles en cuanto a legitimidad, libertad y transparencia. En todo caso, en lo que toca a lo central de las presentes reflexiones sobre refundación nacional, esas votaciones no van a lo nuclear de la crisis, a la substancia del drama de Venezuela. Por cierto que la agudización en marcha de la represión y la desinhibida exhibición del fantasma comunal, adelantan que el venidero proceso de votación será solo epidérmico, cosmético, cuyo interés primordial es un disfraz democrático para el mercado exterior. No enfrenta lo medular doloroso del desastre ni abre caminos efectivos para superarlo.
En efecto, la intención totalitaria del socialismo del siglo XXI con su Plan de la Patria se mantiene. La preocupación básica oficial confesa es conservar y acrecentar el poder. La suerte de la gente poco o nada importa. De allí que el deterioro de las condiciones de vida, el desastre de los servicios públicos, el despoblamiento del país, la asistemática y “politizada” atención a la pandemia, la militarización del tejido ciudadano junto a la inseguridad y maltrato del pueblo, la hegemonía comunicacional y el desmantelamiento educativo continúan. El valor del bolívar va parejo a la devaluación de la calidad de vida.
En cuanto a dimensiones y campos institucionales de la necesaria refundación se debe tomar en serio lo que el Episcopado subraya en cuanto a actitudes y comportamiento de nosotros los venezolanos. Es ilusorio, en efecto, pensar en cambio estructural sin implicación personal, como condición necesaria pero no suficiente. La corrupción exige control de los corruptos; la corresponsabilidad y la solidaridad no se importan; la libertad y la paz se fraguan en las conciencias; la convivencia se teje con buenos y mejores “prójimos”. Sin familias sólidas y educación humanizante, una reconstrucción se quedará en simples intenciones o flacas realizaciones.
La refundación exige, obviamente, renovar y cambiar estructuras. El soberano (CRBV 5) puede y debe actuar novedades indispensables para la reconstrucción de la República democrática y una reorientación humanista del Estado, comenzando por designar los conductores claves del poder público nacional, para salir de la presente esquizofrenia-maraña institucional. Sin pretender jerarquizar o totalizar elementos, valgan algunos ejemplos: desconcentración estatal, reforzando lo no oficial (empresas, servicios…) y acrecentando lo federal; equilibrio de poderes, superando el gigantismo ejecutivo y la instrumentación del Poder Judicial; volver al bicameralismo, acentuar el parlamentarismo y acercar el poder municipal a la gente a través de una racional multiplicación; control parlamentario del sector militar; reformulación de lo minero y petrolero, en línea de ecología integral y diversificación económica; asegurar a través de medios oficiales y privados un efectivo servicio nacional de salud; en resumen, una institucionalidad política, jurídica y administrativa coherente y eficaz. Priorizar la educación, subrayando la formación en valores, el desarrollo de la inteligencia y la actualización tecnológica. Como perspectiva general, justicia social y atención privilegiada a los más necesitados en el marco de una sociedad libre, solidaria, democrática, pacífica.
Objetivo radical frente a la gravísima realidad global: que el soberano, con decisión constituyente, defina el destino de este país. Refunde la nación.
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